La entrada en vigencia en Chile de la Corte Penal Internacional (CPI) está pendiente de resolución por «reservas encubiertas» planteadas en el parlamento, pero también por el destino que tenga en Estados Unidos la ley de protección a sus soldados y funcionarios en «misiones de paz».
El canciller Alejandro Foxley se reunió este miércoles con la Comisión de Constitución del Senado, que lo invitó a explicar los motivos por los cuales el gobierno de Michelle Bachelet le retiró el carácter de urgencia a un proyecto de reforma de la Constitución, paso previo para la ratificación del llamado Tratado de Roma que pone en jurisdicción de la CPI a Chile.
El senador Hernán Larraín, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), dijo que "(la reforma constitucional) se estancó, no por temas de política interna, sino por la forma en que el gobierno ha recibido mensajes de Estados Unidos respecto de lo que significa la aprobación de este tratado".
El legislador aludió a la ley del Acta de Protección de Funcionarios Estadounidenses (ASPA, por sus siglas en inglés), propuesta al Congreso de ese país por el presidente George W. Bush, que incluye, entre otras disposiciones, el cese de la cooperación militar con países que ratifiquen el Tratado de Roma.
La propuesta, criticada por numerosos legisladores y organizaciones sociales en Estados Unidos, busca excluir de la jurisdicción de la CPI a efectivos militares y funcionarios civiles que se involucren en crímenes contra la humanidad y otros delitos de ese tenor en el marco de operaciones y campañas en el exterior dentro de la "guerra contra el terrorismo" que propicia Bush.
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El tratado que crea la CPI fue aprobado en la reunión de plenipotenciarios de estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas realizada el 17 de julio de 1998 en Roma. El gobierno de Chile, presidido entonces por Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), lo firmó el 11 de septiembre del mismo año, fecha simbólica por el aniversario del golpe de Estado de 1973.
Sin embargo, la ratificación se ha ido postergando y hoy Chile es el único país de América del Sur donde la CPI no tiene vigencia. Colombia acordó dejar fuera de jurisdicción a ciudadanos estadounidenses.
Cuba, El Salvador, Nicaragua, Haití, Rusia, China y Estados Unidos figuran entre los 38 estados que tampoco han ratificado el Tratado de Roma, que creó el tribunal instalado en La Haya desde el 1 de junio de 2002 y que juzga delitos contra la humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
La CPI, al contrario de otros tribunales internacionales, no juzga a Estados sino a individuos, y ejerce jurisdicción sólo sobre delitos cometidos luego de su entrada en vigencia y que no sean tratados por tribunales nacionales.
La abogada Camila Maturana, de la Asociación de ONG (organizaciones no gubernamentales) por la CPI, dijo a IPS que, si bien la expectativa sobre el ASPA influye en la demora del gobierno de Bachelet, también se busca despejar disposiciones de la reforma constitucional que significan "reservas encubiertas" sobre este tribunal.
La organización Amnistía Internacional hizo pública el martes una carta que su director de Programas de Organizaciones Internacionales, Martin Macpherson, envió desde Londres a Frei Ruiz-Tagle, presidente del Senado chileno desde que el pasado 11 de marzo se instalaran el gobierno de Bachelet y la nueva legislatura.
En la misiva, Macpherson advierte que la reforma constitucional plantea la preeminencia de la ley chilena en casos de juzgamiento de autores de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, lo cual constituye una "reserva encubierta" sobre el Tratado de Roma, que por sus características no puede ser objeto de ningún tipo de reservas o limitación.
La necesidad de una reforma a la ley fundamental fue planteada por el Tribunal Constitucional cuando el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) propuso la ratificación de la CPI, bajo el argumento de que la adhesión a este instrumento internacional implicaba ceder soberanía en materias jurisdiccionales.
"Las ONG nos oponemos a estas 'reservas encubiertas' no permitidas por el Tratado de Roma", señaló Maturana, quien agregó que el gobierno de Bachelet está efectivamente comprometido con la ratificación de la CPI, pero tampoco puede exponerse a una derrota en la votación en el Senado.
Por tratarse de una reforma constitucional, su aprobación requiere de 25 votos sobre el total de 38 senadores. La gobernante coalición de centroizquierda cuenta con 21 votos y los 17 restantes pertenecen a los dos partidos de la oposición derechista, la UDI y Renovación Nacional.
La detención en Londres del ex dictador Augusto Pinochet, el 16 de octubre de 1998, fue esgrimida entonces por la derecha como una muestra de la "pérdida de soberanía" a que se exponía Chile si ratificaba el Tratado de Roma.
En esa época, las posiciones conservadoras predominaban en el Senado chileno en virtud de la existencia de nueve senadores designados, cuatro de los cuales representaban a las Fuerzas Armadas, y un senador vitalicio, que era el propio Pinochet, quien renunció a esa condición en julio de 2001, cuando pasó a ser protegido por un estatuto especial.
Lo paradojal es que es ahora la derecha la que busca hacer aparecer al gobierno de Bachelet como permeable a las presiones de Estados Unidos para no ratificar la CPI, como lo muestra el virtual emplazamiento del senador Larraín al canciller Foxley, comentó la abogada Maturana, quien justificó la cautela actual de las autoridades.
El gobierno chileno está a la espera del efecto que tendrá la oposición interna en Estados Unidos al ASPA, mayor de lo esperado por el gobierno de Bush, según admitió su secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice, quien comentó que con esta propuesta de ley "nos hemos disparado en nuestras piernas", afirmó la abogada chilena.
En las reuniones de representantes de la Coalición de ONG y de otros dirigentes humanitarios con autoridades del gobierno, éstas han reiterado el compromiso "a fondo y definitivo" de la presidenta Bachelet con la CPI, aunque admiten que Washington podría presionar también por un tratado bilateral de inmunidad para sus militares.
La incorporación a la Fuerza Aérea de Chile en 2005 de 10 modernos aviones cazas F-16 de fabricación estadounidense es el factor que más parece preocupar a las autoridades de la cancillería desde el punto de vista de su permeabilidad a una ley como el ASPA.
Santiago Escobar, experto en Derecho Internacional y en Defensa, comentó a IPS que el proceso de renovación de armamentos iniciado por Chile en los últimos años tiene como componente esencial la capacitación en el uso de sofisticados medios modernos, incluso por sobre la mera adquisición de costosos aparatos.
Este aspecto es esencial en el caso de los F-16, cuya compra está asociada a los mecanismos de compensación que los fabricantes de armas han incluido últimamente en los contratos de venta, en términos de adiestrar a los efectivos militares del país comprador y también de transferir algunas tecnologías.
Escobar advirtió, sin embargo, que el asunto va más allá, porque la cooperación en aspectos militares y de seguridad transcurre también por los carriles de becas y otras ofertas de especialización académica de cuadros militares y civiles de terceros países en los Estados Unidos.
Al gobierno de Bush no le interesa sólo la venta de armamentos, sino también expandir su influencia en el entrenamiento de policías y en otras esferas vinculadas a la seguridad, mediante programas que no pasan por controles parlamentarios, advirtió el experto.
