Los secuestros de ciudadanos japoneses y surcoreanos por agentes de Corea del Norte durante la guerra fría pasaron a ser el principal argumento para promover un «cambio de régimen» en Pyongyang, y no ya su polémico programa de desarrollo nuclear.
Al menos dos docenas de japoneses fueron raptados en los años 70 y 80 y trasladados a Corea del Norte para involucrarlos en actividades de espionaje. Pyongyang reconoció oficialmente ese plan en 2002, y permitió a algunas de las víctimas regresar a su país. Otras fueron declaradas muertas.
Sin embargo, los secuestros son aún hoy asunto de interés nacional en Japón, donde hay una creciente empatía con las familias de las víctimas. Tokio insiste en que se trata de una muy grave violación a los derechos humanos que debe ser tenida en cuenta para presionar un cambio en Corea del Norte, idea que apoya Estados Unidos y sus aliados en Occidente.
Por su parte, Corea del Sur, que tiene una más larga lista de ciudadanos raptados por agentes norcoreanos, promueve una política más conciliatoria con Pyongyang.
Existe gran interés por las actuales discusiones en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para elaborar un nuevo tratado de derechos humanos que haga responsables a los estados por la desaparición de extranjeros en su jurisdicción.
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Los afectados por los secuestros quieren que el nuevo acuerdo se concentre en las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen totalitario de Corea del Norte, incluyendo las cometidas contra su propio pueblo.
"El hecho de que la ONU haya criticado públicamente a Corea del Norte por haber raptado ciudadanos japoneses es muy importante para nosotros. El tratado en preparación contra los secuestros de extranjeros debe ser destinado a impedir que el régimen de Corea del Norte cometa más crímenes", señaló el portavoz de la Asociación Nacional para el Rescate de Japoneses Secuestrados por Corea del Norte, Ryutaro Hirata.
La semana pasada, Sakie Yokota, madre de Megumi, una mujer japonesa secuestrada cuando tenía 12 años, viajó a Washington para testificar ante la Cámara de Representantes del Congreso legislativo estadounidense sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por Corea del Norte. También se reunió con el presidente George W. Bush, un acontecimiento difundido por todos los medios de comunicación japoneses.
"El presidente de Estados Unidos claramente ha dado el mensaje de que las violaciones a los derechos humanos en Corea del Norte no se han de olvidar", dijo Yokota a periodistas el 1 de mayo.
Pyongyang asegura que Megumi —quien se casó con un surcoreano también raptado— se suicidó, pero sus familiares creen que aún está viva.
Las familias de las víctimas piden a la comunidad internacional que adopte sanciones contra Corea del Norte.
"Esa visita a Washington tuvo el objetivo indirecto de presionar al gobierno japonés para que siga exigiendo sanciones económicas contra Pyongyang y se castigue así al régimen por sus delitos. No sabemos qué es lo que detiene al gobierno (de Japón) para que haga eso", dijo Hirata a IPS.
La visita de Yokota a Bush tuvo como marco las discusiones de un plan por 30.000 millones de dólares —26.000 millones de los cuales serán aportados por Tokio— para aumentar la presencia militar estadounidense en Japón para 2014.
El director del no gubernamental Grupo de Investigación para los Secuestrados Japoneses, Kazuhiro Araki, señaló que Tokio ahora busca una solución en dos frentes: un bilateral con Pyongyang y otro multilateral como un asunto de derechos humanos.
"La batalla inicial (por los secuestrados) fue librada entre Japón y Corea del Norte, mientras la comunidad internacional se concentraba en el programa de desarrollo nuclear de Pyongyang. Pero ahora, como ha crecido el número de las víctimas y surge información sobre las horribles condiciones en las que vive la población norcoreana, el frente de los derechos humanos se convirtió en el más importante de nuestra campaña por justicia", explicó.
Araki señaló que, en ese contexto, la resolución de la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2005 que expresaba "profunda preocupación" sobre la situación de derechos humanos en Corea del Norte fue bien recibida en Tokio.
"El hecho de que la ONU haya considerado el tema de los secuestros es un gran paso para atraer la atención sobre las atrocidades cometidas por Corea del Norte, y en última instancia impulsar un cambio de régimen que lleve democracia a ese país", afirmó.
Expertos sostienen que el tema de los derechos humanos adquirirá mayor notoriedad a fines de este mes, cuando se espera que el parlamento japonés apruebe una resolución contra Corea del Norte, preparando el camino para la adopción de sanciones económicas contra Pyongyang.
Pero esta medida podría entorpecer una iniciativa de China, impulsada desde agosto de 2003, para propiciar una solución a las ambiciones nucleares de Corea del Norte a través de las llamadas "negociaciones de las seis partes", en las que participan además Corea del Sur, Estados Unidos, Japón y Rusia.
En un histórico acuerdo alcanzado en septiembre pasado, Corea del Norte se comprometió a desmantelar "todas las armas atómicas y programas nucleares existentes", volver al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), y permitir inspecciones internacionales a sus instalaciones a cambio de recibir un reactor hidroeléctrico para poder afrontar su crisis energética.
El TNP está construido sobre tres pilares: prohíbe a los estados que no poseen armas atómicas adquirir o fabricar ese tipo de material bélico, compromete a cinco estados con armamento nuclear (China, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia, que integran el Consejo de Seguridad de la ONU) a adoptar una política de desarme, y permite a todas las naciones acceder a tecnología nuclear sólo con objetivos pacíficos.
India, Israel y Pakistán también son potencias atómicas, pero no firmaron el TNP. Corea del Norte asegura tener armas nucleares, aunque eso no ha sido verificado por organismos independientes.
El acuerdo impulsado por China hizo que Washington cambiara su discurso contra Pyongyang, reemplazando la expresión "cambio de régimen" por la de "transformación de régimen".
Desde entonces, Japón ha insistido en el historial de derechos humanos norcoreano, a pesar de que Tokio a su vez ha sido criticado por no haber presentado una disculpa oficial por los delitos cometidos por sus soldados durante las invasiones colonialistas lanzadas en la región en las primeras décadas del siglo XX.
"Un tratado sobre derechos humanos en la ONU le dará el impulso definitivo a nuestra larga lucha para traer a casa el gran número de japoneses raptados por Corea del Norte. Al mismo tiempo, creo que el tratado contribuirá a mejorar el propio historial de Japón en derechos humanos a largo plazo", dijo Hiroshi Kawahito, uno de los abogados de las familias de los secuestrados.
