La coyuntura política permite que Chile pueda contar pronto con una ley en favor de los derechos patrimoniales de las parejas heterosexuales y homosexuales, según activistas y abogados que preparan un proyecto al respecto.
La solución legal para las parejas de hecho fue discutida con amplitud en la última campaña electoral e incluida en el plan de gobierno de Michelle Bachelet, quien asumió la presidencia en marzo al frente de la coalición de centroizquierda conformada por los partidos Socialista, Por la Democracia, Demócrata Cristiano y Radical Social Demócrata.
También su frustrado competidor, el empresario derechista Sebastián Piñera, se mostró a favor de la iniciativa, pese a que su aliado en la segunda vuelta, Joaquín Lavín, de la conservadora Unión Demócrata Independiente, advirtió su total oposición a legalizar la unión civil de homosexuales.
Ante este escenario político favorable, representantes del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y del Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la privada Universidad Diego Portales redactan un proyecto de ley que beneficiaría tanto a heterosexuales como a gays y lesbianas que conviven en pareja.
"El Movilh está promoviendo la participación ciudadana para elaborar este proyecto, pues queremos que sea un proceso lo más transparente, democrático y participativo posible", dijo a IPS su presidente, Rolando Jiménez, quien también impulsó la ley antidiscriminación que cumple sus últimos trámites parlamentarios y se espera se promulgue en los próximos meses.
Detalles del nuevo proyecto fueron dados a conocer en el "Foro Uniones Civiles entre Personas del Mismo Sexo en Chile", realizado el 9 de este mes en la Universidad Diego Portales, con la presencia de Jiménez, Carlos Pizarro, abogado especialista en derecho civil de esa casa de estudios superiores, y Miguel Ángel Sánchez, el líder del movimiento homosexual español.
Sánchez es presidente de la no gubernamental Fundación Triángulo, dedicada a promover la igualdad de los derechos de las minorías sexuales en si país, que actualmente está abocada a establecer relaciones de cooperación con similares iberoamericanas.
"Veo a las organizaciones LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales) chilenas, y en especial al Movilh, tremendamente activas, haciendo propuestas muy serias", comentó a IPS Sánchez, quien aprecia muchas similitudes entre la sociedad española y la chilena en este tema.
"En principio hay rechazo por falta de conocimiento, porque pareciera que queremos derechos especiales, pero cuando la gente de bien, que es la mayoría, empieza a ver que nuestras familias son exactamente igual a las demás, cambia la percepción y aceptan que lo más importante es la felicidad de las personas", añadió.
En el marco de su visita, Sánchez narró sobre la lucha dada por la comunidad homosexual, lésbica, bisexual y transgénero española por más de 30 años, que tuvo su hito en junio de 2005 cuando el Congreso de ese país aprobó la modificación al Código Civil que consagra el matrimonio entre dos personas del mismo sexo.
Además de España, donde ya se han casado 15.000 parejas, sólo han aprobado leyes de este tipo Holanda, Bélgica y Canadá. La unión civil, en cambio, ha logrado mayor aceptación en el mundo.
El activista español, que contrajo matrimonio hace un mes, se reunió el día 10 con Francisco Estévez, director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cita que el movimiento homosexual chileno consideró una señal positiva de parte del gobierno de Bachelet.
"Yo no vengo a enseñar nada a nadie, vengo a compartir la experiencia española y aprender de los compañeros y compañeras de Chile que están haciendo una gran labor", planteó Sánchez.
"Creo que la presidenta Bachelet tiene claro que los políticos están para servir a los ciudadanos y en estos momentos hay una gran cantidad de ellos discriminados, a los que hay que buscarles soluciones para que avancemos en la igualdad", añadió.
Sánchez recalcó que la normativa que promueve el Movilh no sólo beneficiaría a la comunidad gay y lésbica sino que a también a las parejas heterosexuales no casadas, que están desprotegidas en cuanto a derechos patrimoniales y sociales.
Uno de los asistentes al foro, un homosexual chileno que vive hace 10 años con su pareja, señaló que recurrió a una serie de maniobras legales para asegurar que su compañero no quede desamparado en caso de que él tenga un accidente o fallezca.
El director del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Felipe González, comentó a IPS que después de discutir el proyecto con las organizaciones sociales, sostendrán reuniones con autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo para afinar el documento.
Si se cumple la planificación, dentro de unos meses el gobierno debería enviar el proyecto con suma urgencia al Congreso legislativo, ya que de lo contrario "quedará postergado en la agenda parlamentaria", apuntó el abogado. Se espera que la propia Bachelet promulgue la normativa antes de que termine su mandato en 2010.
En 2001, el Movilh elaboró un proyecto de unión civil que fue ingresado al Congreso por 19 legisladores, el cual no llegó a buen puerto porque tenía deficiencias técnicas.
"Pero logró colocar la demanda homosexual en la opinión pública", sostuvo Jiménez, quien asegura, con base en encuestas, que entre 60 y 70 por ciento de la población chilena aprueba esta iniciativa.
Durante el encuentro, los asistentes manifestaron sus dudas respecto del futuro de las demandas del movimiento homosexual chileno, una vez que se logre dar un paso tan trascendental como la unión civil.
Jiménez advirtió que todavía no ve las condiciones políticas y sociales para plantear en Chile temas como el matrimonio, la adopción y la fertilización asistida en parejas del mismo sexo, pero aseguró que se seguirá trabajando con el mismo énfasis por conseguir la total igualdad de derechos para las minorías sexuales.
El abogado Pizarro enumeró los principales puntos del proyecto de ley de unión civil, entre los que destacó la regulación del régimen patrimonial, de herencias y de seguros sociales, además de los términos de celebración y finalización del contrato.
"La ciudad de Buenos Aires ya tiene una norma de unión civil y la comunidad homosexual argentina ha presentado un proyecto para que se apruebe una ley igual a nivel nacional, que tiene buenas perspectivas de salir", destacó Sánchez.
"También hay proyectos similares en Brasil y Colombia", realidad que alienta al experto para señalar que se trata de un proceso que se va a extender a todos los países de la región.
