Tres miembros de la etnia mapuche y una simpatizante de la causa indígena se encuentran en riesgo vital tras casi dos meses de huelga de hambre en una prisión del sur de Chile, cumpliendo una condena de 10 años bajo cargos de terrorismo.
Los indígenas, que aseguran estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, manifiestan ayunando su rechazo a la sentencia judicial que los condenó a 10 años y un día de reclusión y al pago de más de 800.000 dólares, por el delito de incendio terrorista.
"El médico que nos asesora nos explicó que después de 50 días sin ingerir alimento la vida de estas cuatro personas empezaba a peligrar y ya vamos en el día 59", dijo a IPS Alejandra Arriaza, abogada de Juan Huenulao, Patricia Troncoso y los hermanos Patricio y Jaime Marileo, recluidos desde 2001 en la cárcel de Temuco, capital de la austral región de la Araucanía, 670 kilómetros al sur de Santiago.
El domingo, los cuatro prisioneros fueron llevados esposados y engrillados al hospital de Temuco para estabilizar sus funciones vitales, luego de que la Corte de Apelaciones de esa ciudad acogió el recurso de protección presentado por el gobierno de Michelle Bachelet a través de Alfredo Bañados, director regional de Gendarmería (cuerpo de vigilancia carcelaria).
No obstante, Arriaza denunció que en el centro asistencial no les hicieron los exámenes necesarios para conocer su real estado de salud, entre ellos de sangre y orina, sino que se remitieron a tomarles la presión y pesarlos. "Hasta ahora todos presentan decaimiento, calambres, problemas renales y pérdida de memoria", apuntó.
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La abogada también criticó las pésimas condiciones higiénicas de la prisión de Temuco, a donde fueron derivados nuevamente los reclusos. "Están en la enfermería, junto a otros dos enfermos que comen a su lado y con quienes deben compartir el mismo baño", indicó.
Los condenados, que iniciaron la huelga de hambre el 13 de marzo, siempre negaron su participación en el incendio que destruyó 100 hectáreas de una plantación de pinos en el predio Poluco Pidenco, de propiedad de la empresa Forestal Mininco, en la comuna de Ercilla, cercana a Temuco.
Por eso exigen que se declare nulo el juicio y que se les conceda la libertad inmediata.
Además de denunciar irregularidades en el proceso seguido en su contra, los indígenas rechazan la aplicación de la ley antiterrorista dictada por la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) y modificada bajo la transición democrática.
Esa ley, que permitió que un centenar de testigos declararan con el rostro cubierto, ha sido objeto de severas críticas de organizaciones nacionales e internacionales, como Amnistía Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la disuelta Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), a través del relator para Asuntos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen.
"Las empresas forestales realizan auto-atentados para cobrar seguros y echarle la culpa a los mapuches", aseguró a IPS José Cariqueo, portavoz de los presos políticos, quien fue absuelto en el mismo proceso judicial que hoy afecta a los miembros de su etnia.
Otros nueve mapuches están presos por delitos terroristas en este país.
En abril, Arriaza y Cariqueo se reunieron con el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, quien accedió a trasladar temporalmente a tres de los cuatro comuneros al Centro Agrícola de Angol, donde podrían producir alimentos para su subsistencia, y se comprometió a no invocar la ley antiterrorista en casos similares.
Pero los indígenas se negaron a deponer su protesta, ya que la reubicación no contemplaba a los cuatro presos ni era una medida definitiva: irían a trabajar durante el día y en la noche volverían a la prisión de Temuco.
La alternativa que se baraja en estos momentos es que el gobierno asigne suma urgencia a un proyecto presentado por el senador socialista Alejandro Navarro, que propone liberar a los presos mapuches condenados por ley antiterrorista mediante la modificación del decreto sobre libertad condicional.
En la tarde del lunes, algunos parlamentarios de la gobernante coalición de centroizquierda y dirigentes de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) se reunieron paralelamente con Zaldívar y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Paulina Veloso, para analizar la viabilidad de ésta y otras alternativas.
Si se optara por esta solución, la última palabra quedaría en manos del Congreso legislativo, en el que tampoco es seguro que se apruebe la ley, considerando el rechazo que provocan en los sectores conservadores allí representados los conflictos protagonizados por el pueblo mapuche contra las empresas forestales trasnacionales.
El viernes, la Corte Suprema había rechazado un recurso de revisión del juicio contra los tres mapuches y la activista, presentado por Arriaza, limitando las posibilidades de una solución en breve plazo que evitara un desenlace fatal.
El reclamo de los cuatro prisioneros cobró mayor notoriedad pública cuando el 1 de Mayo un grupo de manifestantes de origen mapuche intervino violentamente en el acto de conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, realizado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en la capital chilena.
En los últimos días se han registrado numerosas marchas a favor de los indígenas en Temuco y en otras ciudades del sur, integradas por mapuches, estudiantes y organizaciones de derechos humanos, algunas de las cuales han terminado con decenas de detenidos, violentos incidentes y daños a propiedades.
En tanto, el juez retirado Juan Guzmán, primer magistrado en encausar a Pinochet en Chile, presentó la semana pasada una carta del dirigente mapuche Aucán Huilcamán a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Louise Arbour, en Ginebra, donde enumera las agresiones de que es víctima ese pueblo indígena y pide la intervención y protección de la comunidad internacional.
"El movimiento mapuche, que trata por todos los medios pacíficos de recuperar sus tierras, de las que fueron expoliados en la región sur de Chile, es una vez más el blanco de una represión policial feroz", aseguró el jurista.
Sergio Laurenti, director del capítulo chileno de Amnistía Internacional, comentó a IPS que la organización inició una campaña internacional para pedir a las autoridades chilenas que aseguraran las condiciones mínimas de salud de los tres mapuches y la activista en huelga de hambre.
Por medio de "peticiones de acción urgente" enviadas desde todo el mundo, y canalizadas a través del sitio de Internet de Amnistía, esa organización pretende presionar al gobierno de Chile para que se preocupe de "estabilizar a los presos, proporcionarles comodidad y abrigo en el recinto de reclusión y monitorear su estado de salud".
Esto no incluye la alimentación forzada ni la conexión a suero, ya que consideran que no se debe intervenir en la decisión que ellos han tomado libremente.
En este marco, el viernes Amnistía envió una carta a la presidenta Bachelet, al alcalde de la novena región, Eduardo Klein, y a los ministros Isidro Solís, de Justicia, y de Relaciones Exteriores, Alejandro Foxley, sin haber recibido respuesta hasta el momento.
A pesar de que la filial chilena de Amnistía ha decidido no pronunciarse sobre este caso judicial en particular, Laurenti advirtió que había evidencia de manipulación de los hechos en procesos anteriores, al tiempo que rechazó tajantemente la invocación de la ley antiterrorista.
Según el censo de 2002, casi 700.000 personas, 4,6 por ciento de la población chilena, pertenecen a diversas etnias, entre las que se destaca la mapuche, que constituye 87,3 por ciento de esas minorías.
El pueblo mapuche tuvo sus territorios ancestrales en parte de la región austral que hoy corresponde a Argentina y a Chile. En este país, la etnia reclama un estatuto de autonomía territorial y mayores derechos políticos, culturales y lingüísticos.
