Pese al revuelo informativo a raíz de disposiciones del gobierno boliviano que afectan a corporaciones españolas, las relaciones entre ambos países se mantienen cordiales y apuntando hacia una creciente cooperación.
El clima optimista fue puesto de relieve por funcionarios de ambos países y por ejecutivos de algunas empresas, desde el jefe del gobierno español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el secretario de Estado de Economía, David Vegara, el consejero delegado (gerente) de la firma Abertis, Salvador Alemany, que participa en la gestión de aeropuertos bolivianos, y el titular de Hacienda de Bolivia, Luis Arce.
Cuando aún no se acallaron los ecos de dos de las más atrevidas medidas del mandatario boliviano Evo Morales que afectan a corporaciones extranjeras —la nacionalización de los hidrocarburos y la revisión de las licencias para la gestión de terminales aéreas— el nuevo portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), el paquistaní Masood Ahmed, volvió a tensar las cuerdas al señalar el jueves que Bolivia debería compensar a las empresas.
En su primera comparencia ante los medios, Ahmed subrayó "que la decisión del gobierno de Bolivia de nacionalizar el sector de hidrocarburos tiene potencialmente consecuencias de largo alcance", e instó a Morales a negociar una compensación "como mínimo por los bienes nacionalizados y el carácter de los nuevos contratos de operación".
Ahmed también hizo público el apoyo del FMI a la intención boliviana de elevar de los precios del gas natural que vende a Brasil y Argentina.
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Pero del resultado de las negociaciones entre La Paz y las corporaciones petroleras podría depender "la disponibilidad de capital privado nacional y extranjero para invertir en el sector de hidrocarburos en el país", advirtió.
El gobierno de Bolivia impactó esta semana al conminar a dos firmas, entre ellas el español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), a entregar al Estado acciones de las empresas petroleras nacionalizadas que eran administradas a través de fondos de pensiones, y al anunciar la revisión de los contratos que cedieron el control de tres terminales aéreas bolivianas a la firma Albertis y a la estatal Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
La mayoría de los medios de comunicación internacionales destacaron la advertencia de entregar las acciones en tres días y "a título gratuito". Pero no explicaron que esas acciones de 10 empresas petroleras mixtas creadas en 1996 tras la privatización de los hidrocarburos, pertenecen al Estado boliviano y habían pasado a las administradoras de fondos de pensiones de los bancos, que pagan pensiones con parte de sus dividendos.
El País, el diario de mayor venta en España, tituló la información así: "El gobierno boliviano obliga al BBVA a entregar las acciones de petroleras". Y su lid fue: "El gobierno boliviano dio ayer tres días de plazo a las dos administradoras de pensiones (el grupo español BBVA y el suizo Zurich) para que entreguen "a título gratuito" las acciones que gestiona, en un fondo colectivo, de las empresas petroleras nacionalizadas el pasado 1 de mayo".
Las acciones de referencia tienen un valor nominal de 786 millones de dólares. La suma del llamado Bonosol que se paga a cada ciudadano boliviano mayor de 65 años equivale a 223 dólares anuales.
En ese clima de confusión, el vicepresidente segundo del gobierno español, Pedro Solbes, aseguró el martes que sería "inaceptable" que Bolivia confiscara las acciones de BBVA sin una compensación. Con mayor dureza, el derechista y opositor Partido Popular (PP) criticó a la administración de Zapatero, por no oponerse tajantemente a la medida.
Ese mismo día, Morales subrayó que "no hay nada que indemnizar", pues "no estamos expropiando a nadie, sólo estamos recuperando lo que corresponde al pueblo de Bolivia".
El presidente boliviano vivió dos contradictorias situaciones al visitar en Bruselas el Parlamento Europeo. Mientras los eurodiputados de la derecha, encabezados por el PP, abandonaban el recinto cuando él se disponía a hablar, el socialista Joseph Borrell, presidente del cuerpo, pronunciaba un discurso de bienvenida y decía estar feliz de recibir con aplausos al "primer presidente de la etnia aymara".
Morales aprovechó la oportunidad para explicar que la nacionalización del gas y el petróleo es clave en su política contra la pobreza. "Para distribuir la riqueza, tenemos la obligación de nacionalizarla", afirmó, a la vez que reivindicó la política del diálogo y aseguró que no se expulsaba ni se expropiaba a nadie.
Y enfatizó que "cualquier empresa que invirtió en mi país tiene todo el derecho a recuperar su inversión y a las utilidades, pero no al control. Serán socios, no dueños de nuestros recursos naturales".
El buen tono quedó demostrado en la misiva que Morales entregó a la delegación española en Viena, en la que expresaba "el sincero reconocimiento" de Bolivia "por el respeto que el gobierno de España otorga a aquellas decisiones políticas adoptadas por gobiernos soberanos y democráticamente elegidos"
El miércoles 17, el secretario de Estado Vegara dijo a la Comisión de Exteriores del Congreso de Diputados que el gobierno esperaba que ambos países llegaran a un entendimiento satisfactorio.
En la misma línea se pronunció Zapatero, quien después de admitir que la nacionalización de los hidrocarburos plantea un problema a su gobierno, en una conversación informal con un grupo de periodistas rechazó que la misma pudiera afectar la ayuda al desarrollo que España destina a Bolivia.
Esa nacionalización es "un problema puntual" que para su solución requiere "esfuerzos políticos y diplomáticos", pero siempre sobre la base de mantener las buenas relaciones, añadió.
Este parece el camino adoptado, según confirmó en rueda de prensa el canciller español Miguel Ángel Moratinos, quien anunció que el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, Bernardino León, sería el representante oficial en las negociaciones sobre hidrocarburos que iniciarán a corto plazo La Paz y las empresas españolas afectadas.
En una tónica parecida, el gerente de Albertis, Alemany, confirmó a periodistas que su empresa tenía interés en mantenerse en Bolivia y las autoridades bolivianas le habían hecho saber que se mantendrían los términos del contrato.
El diálogo también parece encauzado con BBVA, que ha dicho estar dispuesta a entregar las acciones del fondo de pensiones a cambio de que se lo exonere de posibles responsabilidades en el futuro. Fuentes de Repsol YPS quitaron asimismo dramatismo a la situación pues hay espacio para una salida negociada, dijeron.
