La líder pro-democrática birmana Aung San Suu Kyi, prisionera de la dictadura en su país, rechazó una oferta de los militares para recuperar su libertad pero sin derecho a retomar la actividad política.
Ante esta respuesta, la junta militar extendió una vez más su detención domiciliaria, echando por tierra las esperanzas de una apertura que había generado este mes en la comunidad internacional.
Las expectativas habían crecido en especial tras la visita a Rangún la semana pasada del subsecretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Asuntos Políticos, Ibrahim Gambari, a quien se le concedió una entrevista de una hora con la activista y premio Nobel de la Paz.
Fue el primer contacto que tuvo Suu Kyi con un visitante extranjero en los últimos dos años.
Según una fuente con conocimiento de los procedimientos de Rangún, los militares actuaron diferente esta vez al informarle el 26 de este mes a la líder pro-democrática que continuaría detenida.
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La reunión con Suu Kyi "fue más larga de lo usual", explicó la fuente, que pidió anonimato. "Normalmente, toma unos pocos minutos, pues los oficiales sólo leen la declaración. Pero esta vez se habló de algo más", añadió.
En los últimos días, otros birmanos con conexiones dentro de ese país de Asia sudoriental pudieron reconstruir el mensaje que le dio la junta a Suu Kyi, líder del principal partido opositor, la Liga Nacional por la Democracia (NLD).
El motivo de "la discusión el viernes pasado entre Aung San Suu Kyi y el Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo (como se llama oficialmente la junta militar) fue que le ofrecieron una libertad parcial", explicó Thaung Htun, representante ante la ONU del gobierno birmano democráticamente electo en el exilio.
"El Consejo quiere impedir que viaje por el país, que visite la oficina de la NLD y que regrese a la política activa. El Consejo no se siente seguro sobre la nueva ola política que se desataría con su liberación. Los militares no están listos para liberarla en forma incondicional", añadió.
Pero Suu Kyi no cedió. "No aceptó las condiciones porque eran irracionales dado su papel", dijo a IPS el presidente de la organización no gubernamental birmana en el exilio Red para la Democracia y el Desarrollo, Khin Omar.
La actual dictadura, que cambió el nombre oficial del país a Myanmar, es parte de una sucesión de regímenes militares que han gobernado al país desde un golpe de Estado en 1962.
En vísperas del sábado pasado, cuando concluyó el último período de detención de Suu Kyi, había esperanzas de que sería dejada en libertad.
En el marco de la visita de Gambari a Rangún, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, hizo un llamado al hombre fuerte de la dictadura birmana, el general Than Shwe. "Aprovecho esta oportunidad para pedirle al general Than Shwe y al gobierno que la libere. Dejo en sus manos la responsabilidad de hacer lo correcto", afirmó.
Sin embargo, el martes, Annan lamentó la decisión de Rangún de extender la detención domiciliaria de Suu Kyi.
"Estoy desilusionado porque el gobierno no decidió liberarla. Seguiré trabajando como mis socios en la región, como habrán notado, algunos de los cuales hicieron declaraciones pidiendo su liberación", dijo a periodistas el secretario general de la ONU.
El martes se cumplieron tres años desde que comenzó el actual período de arresto de Suu Kyi, detenida tras un ataque contra ella y contra otros miembros de la NLD el 30 de mayo de 2003 por hombres vinculados a la junta militar.
La activista permanece privada de libertad según una ley de "detención preventiva" de 1875, cuando Birmania era colonia británica.
Suu Kyi ha pasado más de 10 de los últimos 17 años bajo sucesivos períodos de detención, el último de los cuales ha sido el más severo, ya que la junta redujo todos los contactos que tenía con el exterior, incluyendo las visitas de su médico personal, a quien ahora sólo ve cada ocho semanas.
La extensión de su detención seguramente añadirá presión internacional contra el régimen militar, criticado por Estados Unidos y la Unión Europea. Washington lidera una campaña para imponer sanciones económicas contra Birmania y llevar su caso al seno del Consejo de Seguridad de la ONU.
El régimen militar, que desesperadamente intenta impedir una censura en la ONU, es acusado de bloquear una prometida reforma política para permanecer en el poder.
También es acusado de violaciones a los derechos humanos. Se han denunciado contra Rangún casos de trabajo forzado, reclutamiento de niños y niñas como soldados, sistemáticas violaciones a mujeres, ataques contra las minorías étnicas, detención de más de 1.100 activistas pro-democráticos y la imposición de una severa censura.
La NLD obtuvo un arrollador triunfo en las elecciones generales de 1990, ganando 392 de los 485 asientos parlamentarios, pero los militares se negaron a reconocer el resultado. El Partido de Unidad Nacional, que representó a la junta en los comicios, apenas obtuvo 10 bancas.
Esta semana quedó claro que los militares están decididos a mantener el control político del país. El canciller birmano dijo el lunes, en el marco de una reunión en Malasia del Movimiento de No Alineados, que la liberación de Suu Kyi "no era un tema internacional", sino de política interna.
Mientras, aumentan los temores de que la líder pro-democrática corra riesgo de vida si es liberada, sobre todo ante el creciente poder de la Asociación por la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo, considerada por opositores una milicia civil. De hecho, algunos de sus miembros estuvieron involucrados en el ataque contra Suu Kyi en 2003.
"Estamos preocupados por su seguridad. La junta tiene un plan para tomar medidas contra ella aun después de ser liberada", dijo el activista político Khin Omar.
