Los gobiernos de Argentina y de Bolivia se sumaron a organizaciones de la sociedad civil, en la capital austriaca, para acusar a empresas europeas de operar en América Latina y el Caribe sin respetar las normas ambientales ni los derechos sociales y laborales.
La treintena de corporaciones puestas en el banquillo de los activistas se desempeñan en sectores tan variados como la gestión del agua potable, energía e hidrocarburos, minería, producción de celulosa y papel, la pesca, finanzas y telecomunicaciones.
Las asociaciones no gubernamentales emitieron una severa condena contra las corporaciones de Europa "por sus injusticias legales y morales", según el comunicado divulgado este viernes, último día de sesiones del llamado Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), convocado esta semana en Viena como alternativa a la IV Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea.
"Las audiencias del tribunal nos han convencido que numerosos consorcios empresariales basados en Europa y operando en América Latina cometen injusticias legales y morales de manera cotidiana", explicó a IPS Elmar Altvater, profesor de economía política de la Universidad Libre de Berlín, quien fungió como presidente del TPP.
Altvater aseguró que "han sido presentadas al TPP evidencias de masiva violaciones contra los derechos humanos, sociales, culturales, y de los trabajadores latinoamericanos".
[related_articles]
Estas pruebas convencieron a los 10 miembros del jurado del TPP respecto de que las corporaciones europeas abusan de los recursos naturales latinoamericanos y caribeños, y cometen destrucción ecológica, y violan derechos civiles.
En su veredicto, publicado este viernes, el jurado declaró también que "las grandes corporaciones europeas no son las únicas responsables de estas violaciones".
"La responsabilidad es compartida por los gobiernos de los países sede de las corporaciones y por la Unión Europea (UE), que les permiten violar en América Latina las normas en vigencia en Europa", indica el texto.
En el jurado participaron, entre otros, el activista colombiano en favor de los derechos humanos Alirio Uribe, la politóloga francesa Susan George, el abogado austriaco René Kuppe y la ambientalista estadounidense Lilian Manzella.
George comentó a IPS que "los gobiernos europeos deben asumir la responsabilidad que les corresponde por los abusos cometidos por las corporaciones con sede en sus países, y que coadyuvan a que las desigualdades entre el mundo industrializado y el subdesarrollado aumenten".
"La soberanía alimentaria de los países del Sur es inalcanzable hoy día, la polución es un lugar común en todo el mundo en desarrollo, los pueblos indígenas son diezmados y sus culturas destruidas por la acción de las corporaciones", añadió.
Previo a esta cumbre alternativa, la condena pública contra las corporaciones aparecía como una quimérica propuesta de los activistas.
Empero, esa percepción cambió frente a las criticas contra algunas de las empresas transnacionales expresadas por los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, y Evo Morales, de Bolivia, en la cita de gobernantes de los 25 países miembros de la Unión Europea (UE) y los 33 latinoamericanos y caribeños.
En su discurso de apertura de una de las sesiones de trabajo de la Cumbre de Viena, Kirchner reprochó que "en la instalación en nuestra región de plantas de celulosa de gran envergadura han evitado el cumplimiento de normas que ustedes les habrían aplicado en Europa".
El mandatario argentino demandó a la UE que aplique una "solución global (…) en la protección del ambiente, pues se debe cuidar en los países industrializados así como en los que todavía no han logrado su desarrollo, en los países ricos y en los pobres, en los del Norte y en los del Sur, en los centrales y en los periféricos".
"Lo que de ninguna manera podemos admitir es que países que han logrado mayor desarrollo quieran trasladarnos la parte más contaminante de sus procesos industriales," sostuvo, para luego instar a los gobiernos europeos a "abandonar el doble estándar".
De ese modo Kirchner puso sobre la mesa de trabajo de esta Cumbre la disputa de su país con Uruguay por la instalación en las costas de un río limítrofe de dos productoras de pasta para fabricar papel de las firmas ENCE, de España, y Botnia, de Finlandia, que en conjunto elaborarán 1,5 millones de toneladas al año.
La controversia uruguayo-argentina también tuvo su fuerza mediática en Viena este viernes, cuando la reina del carnaval de Gualeguaychú logró pasearse frente a los gobernantes con sus ropas de desfile, un diminuto bikini y botas, y portando un cartel contrario a las plantas de celulosas flanqueado por sendas banderas de los dos países.
La organización ambientalista Greenpeace consiguió acreditar como periodista a Evangelina Carrozo, ganadora del trofeo de belleza de la última edición del carnaval de la oriental ciudad argentina de Gualeguaychú, ubicada a unos 25 kilómetros de la zona donde se construyen las fábricas, río Uruguay de por medio, cuyo impacto ambiental es temido.
La activista fue detenida inmediatamente, obligada a salir de la sala donde se reunían los mandatarios y posteriormente dejada en libertad por efectivos de seguridad de la cita, a la que también asiste el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez.
Carrozo defendió su particular protesta, argumentando que "era el motivo justo para llevar esta causa a un nivel mundial". "Nosotros, los argentinos, no queremos la contaminación", provocada por las plantas, agregó.
El conflicto ha provocado fuertes protestas en Argentina, por los supuestos daños ambientales que producirían ambos proyectos.
Mientras Kirchner atacó a los empresarios y gobiernos europeos por cuestiones ambientales, el presidente boliviano hizo lo propio con las empresas de hidrocarburos de capitales externos que operan en su país.
Tras defender la nacionalización de las reservas de petróleo, gas y derivados, concretada el 1 de este mes, Morales criticó el cumplimiento de las corporaciones de las normas legales de Bolivia.
Hay empresas "que no pagan impuestos y que incluso son contrabandistas", dijo Morales. "¿De qué seguridad jurídica nos pueden hablar estas empresas o sus países?", se preguntó.
Como en las protestas argentinas, las compañías señaladas por Morales aparecen en la lista de consorcios empresariales condenadas por el TPP por sus "injusticias legales y morales."
