El tema es excluyente en casas, esquinas, cafés, oficinas y escuelas de Venezuela. Se trata del caso de tres adolescentes, hijos de inmigrantes libaneses, asesinados a sangre fría junto a un empleado de la familia por quienes les mantuvieron secuestrados por 40 días.
John, de 17 años, Kevin, de 13, y Jason Faddoul, de 12 años, fueron secuestrados en Caracas por personas vestidas con el uniforme de la Policía Metropolitana, que montaron un falso control de tránsito a las puertas de la barriada donde vivían, cuando iban a la escuela el 23 de febrero.
Los captores pidieron 4,5 millones de dólares por la liberación de los jóvenes y del chofer de los vehículos de la familia, Miguel Rivas. Varios de quienes se comunicaron para hacer la negociación tenían acento colombiano, dijo el jefe de la Policía Judicial, Marcos Chávez.
Cuando se cumplió un mes del secuestro, vecinos y compañeros de estudios de los Faddoul hicieron demostraciones en la calle y ordenaron oficios religiosos en reclamo de la liberación de los cuatro cautivos.
La madre de los adolescentes, Gladys Diab, pidió ayuda al papa Benedicto XVI el 22 de marzo y conmovió al país al perdonar por anticipado a los secuestradores de sus hijos: "Si Dios los escogió para finalizar con la misión de esas criaturas, no puedo hacer nada para evitarlo", escribió en parte de la misiva hecha pública.
El nuevo cardenal venezolano Jorge Urosa, apenas regresó de ser investido el 30 de marzo en Roma, también pidió en una misa la liberación de los hermanos Faddoul.
Pero todo fue en vano. El pasado fin de semana, según las primeras investigaciones, los cuatro secuestrados fueron muertos con disparos a quemarropa y rematados con tiros de gracia. Sus cuerpos fueron encontrados en un paraje ubicado 35 kilómetros al este de Caracas.
Los muchachos aún vestían las camisas de su uniforme escolar. Dos de los cuerpos presentaron signos de tortura. Uno de los niños era discapacitado.
Al divulgarse el hallazgo el miércoles, vecinos de las víctimas y estudiantes cortaron tramos de la principal autopista de Caracas y protestaron frente a la sede del Ministerio de Interior y Justicia, así como en céntricas avenidas de algunas ciudades del interior.
Entre lágrimas, frente al Ministerio, Isabel Díaz, una vendedora de 37 años que se declaró no ser militante política "pero también tengo tres hijos", recordó a IPS un verso del poeta venezolano más popular del siglo XX, Andrés Eloy Blanco: "Cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo".
Para agregar conmoción, Jorge Aguirre, de 59 años y reportero gráfico del vespertino caraqueño El Mundo, fue asesinado cuando captaba escenas de una de las protestas en la autopista, por un individuo que se trasladaba en una motocicleta.
Aguirre se apeó para indagar sobre el motorista que conminaba al conductor del auto del periódico que los transportaba a detener la marcha. Mientras caía baleado, tomó su última fotografía y fue la del asesino cuando éste daba la espalda y escapaba.
En un calidoscópico encuentro con el crimen, los venezolanos conocieron el trágico fin de los Faddoul y de Rivas cuando todavía no se reponían del también secuestro y asesinato, hace una semana en la céntrica ciudad de Maracay, del empresario de origen italiano Filippo Sindoni.
Al informar de las últimas cuatro muertes, el ministro del Interior, Jesse Chacón, presentó condolencias a los familiares de las víctimas en nombre del gobierno. También pidió no politizar el caso y 24 horas después lamentó las demostraciones que cerraron calles y provocaron, según dijo, la muerte del fotógrafo "en extrañas circunstancias", que se investigará.
Jefe de las principales fuerzas policiales del país, Chacón se comprometió a "remover cielo y tierra hasta hallar a los culpables" de la muerte de los jóvenes Faddoul y de su empleado, "caiga quien caiga, así sean policías".
Aseguró que en el caso de Sindoni, un mando medio de la policía del estado de Aragua, cercano a Caracas, facilitó uniformes y equipos a los criminales.
Según la organización humanitaria Amnistía Internacional, casi siete por ciento de los 7.348 asesinatos que se contabilizaron en 2004 en Venezuela fueron obra de agentes de las casi 200 policías nacionales, regionales y municipales que existen en este país.
Marino Alvarado, de la organización defensora de los derechos humanos Provea, comentó a IPS que entre octubre de 2004 y septiembre de 2005 se registraron en Venezuela 17 casos de desapariciones forzadas de personas y 162 denuncias de violaciones del derecho a la vida, principalmente a manos de las policías regionales.
La policía de Aragua fue intervenida el pasado fin de semana y se estudian medidas similares en otros estados. El alcalde mayor de Caracas, Juan Barreto, también anunció cambios en la jefatura de la Policía Metropolitana.
El psicólogo Roberto Briceño observó en conversación con IPS que "la sociedad venezolana ha cambiado y se han abierto tasas de criminalidad que no conocíamos hace dos décadas". "Entre 1994 y 1998 tuvimos una media de 4.000 homicidios por año, pero en los últimos dos años hemos rozado y quizá estemos pasando los 13.000 por año", afirmó.
En cuanto al secuestro, "hace una década teníamos unos 50 casos anuales, sobre todo en la frontera con Colombia". "Ahora tenemos cerca de 200 por año y abundan en zonas céntricas del país", dijo Briceño. Venezuela tiene 26,5 millones de habitantes, según el gubernamental Instituto de Estadísticas..
Luis León, de la encuestadora Datanálisis, sostuvo que desde hace meses la inseguridad personal desplazó al desempleo del primer lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos, y 81 por ciento de sus encuestados reprueba al gobierno en esa materia.
Fernando Pereira, de Cecodap, una organización no gubernamental que trabaja en asuntos de la infancia, reclamó que la Fiscalía General impida la impunidad en el caso Faddoul.
El activista puntualizó ante IPS que "el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, especialmente de los sectores más vulnerables de la población, como son los niños, niñas y adolescentes".
Algunos políticos opositores plantearon que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, deje de comprar aviones y helicópteros para defender el país de una hipotética invasión militar y destine esos recursos a la lucha contra el delito.
Ante ello, el titular de la Asamblea Nacional (parlamento), Nicolás Maduro, advirtió contra la politización del problema. "Algunos políticos están tratando de actuar como zamuros (aves de rapiña) sobre la muerte, y aprovechar estos hechos dolorosos y abominables para calentar nuevamente la calle.", dijo, en alusión a las grandes marchas opositoras de 2002 y 2003.
Pero "no lo lograrán", sentenció.
Por su parte, el psiquiatra Carlos Rasquin advirtió que el asesinato de los Faddoul "es nuestro caso Lindbergh", en alusión al secuestro y muerte en 1932 del hijo del famoso aviador Charles Lindbergh "y de cuyo estrés postraumático colectivo nunca se recuperó del todo la sociedad estadounidense", aseveró. (
