Transparencia Internacional urgió a la Comisión Europea a cumplir rigurosamente la disposición de publicar las listas negras de empresas condenadas por actos de corrupción, pues este delito continúa «a gran escala».
Las compañías halladas culpables deben ser inhabilitadas para acceder a contratos financiados por fondos de la Unión Europea (UE), reclamó Transparencia Internacional, una red de organizaciones de la sociedad civil dedicada a combatir la corrupción, con sede en Berlín.
Transparencia presentó una serie de recomendaciones detalladas en una carta dirigida a Siim Kallas, vicepresidente de la oficina para Asuntos Administrativos, Auditoría y Lucha contra el Fraude de la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE.
"Mediante un fuerte sistema de no admisión más transparente y armonizado, la Comisión podrá asegurarse que las compañías corruptas y los funcionarios públicos codiciosos no minen los recursos de la UE", sostuvo el jueves un comunicado de Transparencia.
Para que ese sistema de exclusión sea coherente y transparente en todas las dependencias de la UE, Transparencia consideró vital que "los (25) Estados miembros unifiquen sus propios mecanismos e impongan un criterio único".
El régimen de exclusión es crucial "para prevenir que las compañías corruptas se aprovechen de los beneficios de los contratos públicos en cualquier parte de la UE y a todo nivel", señaló la presidenta de Transparencia, Huguette Labelle, en su carta a Kallas.
"Nuestro objetivo último es cambiar la forma de proceder y, sobre todo, incrementar el poder de un sistema que evite los excesos en el futuro", dijo la canadiense Labelle, elegida presidenta de Transparencia en noviembre.
La UE tiene disposiciones para impedir que las compañías se presenten a las licitaciones públicas si se las ha condenado por pagar sobornos. Pero los métodos para cumplir esa norma no son adecuados. Además, los mecanismos permanecen cubiertos por un manto de oscuridad.
Transparencia afirma que el sistema de exclusión no se aplica en 80 por ciento del presupuesto de la UE ejecutado por sus miembros en "planes de administración compartidos".
Labelle señaló en su carta a Kallas que casos como el del escándalo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su programa de Petróleo por Alimentos en Iraq indica cuán importante es la adecuada prevención de la corrupción.
Una investigación concluida el año pasado encontró que una enorme cantidad de empresas petroleras internacionales se beneficiaron por la corrupción de ese programa administrado por la ONU para proveer a la población iraquí de productos de primera necesidad a cambio de la venta de su petróleo, mientras estaban en vigor sanciones internacionales contra ese país.
"La Unión Europea debe hacer más por proteger sus intereses financieros y para salvaguardar los fondos de sus contribuyentes", afirma la carta.
Transparencia efectuó varias recomendaciones a Kallas, entre ellas publicar las listas y detalles del sistema de exclusión para maximizar su potencial preventivo, y seguir el debido proceso para ingresar o retirar a las empresas de dichas listas negras.
La exclusión debe ser automática una vez que un tribunal ha emitido condena, y en aquellos casos en que no haya condena, pero se hayan verificado actos de corrupción, el proceso de no admisión deber guiarse por un criterio transparente, recomendó la organización.
Se deben exploran opciones en la Comisión Europea para centralizar el proceso de exclusión y así darle consistencia y responsabilidad al sistema.
Las recomendaciones surgieron de una mesa redonda organizada en enero por Transparencia Internacional con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, con sede en Bruselas. En la reunión participaron funcionarios de la UE, empresarios y expertos.
El objetivo de la mesa redonda fue explorar caminos para reforzar y expandir el sistema de exclusión teniendo en cuenta la experiencia de organizaciones como el Banco Mundial, estados europeos y la propia Transparencia.
Estas medidas son necesarias porque "aún existe corrupción a gran escala", señala Transparencia.
Alrededor de 60 por ciento de los consultados para un sondeo mundial sobre ambiente de negocios realizado por el Instituto del Banco Mundial afirmaron que era común un soborno superior a cinco por ciento del valor del contrato cuando se hacían negocios con un gobierno.
La encuesta abarcó a más de 10.000 empresas en 80 países y se realizó mediante entrevistas cara a cara con gerentes y propietarios de compañías, entre fines de 1999 y principios de 2000.
Si bien las listas de exclusión no limpiarán por sí solas los mercados, Transparencia considera que pueden ser "una medida muy efectiva y complementaria de otras acciones preventivas y represivas que los gobiernos y las compañías deben poner en funcionamiento".
