Mató 14 personas impulsado por una «fuerza maligna» y por «la voluntad de Dios». Esa contradictoria declaración y otras que probarían la demencia del inmigrante mexicano Ángel Maturino no contaron cuando un tribunal de Estados Unidos lo condenó a la pena capital en 2000. Pero ahora podrían salvarlo.
Cuando el caso parecía definido, al punto que se había programado la ejecución para el 10 de mayo, un juez decidió suspenderla hasta el 27 de junio. El objetivo de la medida es permitir que se realicen nuevos exámenes psiquiátricos al sentenciado.
"Fue una decisión positiva y en gran parte hay que atribuirle el éxito a la insistencia de los abogados contratados por el gobierno de México, porque es claro que Maturino no está en sus facultades mentales y que, por tanto, no se le puede aplicar la pena de muerte", dijo este martes a IPS Alfonso García, de la oficina de Amnistía Internacional en este país.
Este inmigrante espera la resolución de su caso en el meridional estado estadounidense de Texas, donde se entregó a la policía en 1999. Allí fue procesado y un año después encontrado culpable por un tribunal integrado por 11 personas de raza blanca, dos afroamericanas y ninguna de origen latinoamericano.
Los abogados habían insistido en la demencia de Maturino sin conseguir que se anulara su ejecución. Pero el viernes el juez William Harmond, de la Corte Criminal de Distrito 178 en Houston, Texas, decidió posponerla.
Ese magistrado solicitó a los fiscales y a los abogados defensores que propongan los nombres de especialistas en salud mental para examinar a Maturino y reportar a la Corte los diagnósticos.
De encontrársele "mentalmente incompetente", el inmigrante no podrá ser ejecutado, según indica la jurisprudencia registrada por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
"Estamos muy optimistas con este caso. Creemos que finalmente será declarado enfermo y su pena será conmutada por la de cadena perpetua", declaró el portavoz de Amnistía Internacional en México.
Maturino, quien llegó a estar en la lista de los 10 delincuentes más buscados de Estados Unidos, pidió directamente al tribunal durante el juicio que lo castiguen con la pena de muerte y no con prisión perpetua.
Este inmigrante, nacido en una pequeña localidad de Puebla, estado vecino a la capital de México, es conocido como "El asesino del ferrocarril".
Está vinculado a 14 homicidios cometidos entre 1997 y 1999 en los estados estadounidenses de Texas, California, Florida, Georgia, Kentucky e Illinois, todos cometidos cerca de las vías del tren.
Sin embargo, fue condenado por un solo caso, el asesinato y violación en 1998 en Texas de la médica Claudia Benton.
Con fundamento en los severos trastornos mentales que se entiende sufre el sentenciado, los abogados del programa (de apoyo a mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos) elaboraron un recurso extraordinario con el fin de hacer valer la incapacidad mental del señor" Maturino, señaló la cancillería mexicana en un escrito entregado a IPS.
"El gobierno de México reitera su indeclinable oposición a la pena de muerte y continuará ejercitando todas las acciones legales y diplomáticas a su alcance, para evitar la ejecución de cualquier mexicano condenado a esta pena en el extranjero", añade el documento.
El gobierno mexicano de Vicente Fox paga a abogados para que defiendan a todos sus compatriotas condenados a muerte en Estados Unidos.
Maturino tenía 14 años cuando llegó por primera vez a Estados Unidos sin los documentos de ingreso y radicación requeridos. Fue arrestado unas 16 veces por robos menores e infracciones, y deportado en ocho ocasiones. Sin embargo, regresaba periódicamente al vecino país del norte.
IPS contactó a uno de sus familiares en la comunidad de Rodeo, en el norteño estado de Durango, donde Maturino tenía una pequeña propiedad agrícola cuando se entregó a la policía de Texas.
"Aquí era conocido como un tipo tranquilo. Era un poco solitario y serio. Por eso no creemos que haya hecho todas esas cosas horribles que dicen", señaló el pariente de Maturino a condición de que no se mencione su nombre, pues "por él, aquí todos nos ven mal".
"Venía a vigilar su tierra de vez en cuando, pero siempre andaba de viaje y decía que era por algunos negocios que tenía en Estados Unidos", indicó.
"Ahora ya nadie ve por Ángel, sólo sabemos que tuvo abogados del gobierno mexicano. Ojalá Dios le ayude, porque ya no tiene más esperanza", añadió el entrevistado, quien indicó que su pariente había estudiado hasta el nivel secundario y "con buenas calificaciones".
En el juicio en Texas, los abogados pagados por México argumentaron que Maturino sufría de demencia y que no era responsable de sus actos, pero los fiscales, usando diversos testigos, sostuvieron que era un hombre inteligente y que sabía perfectamente lo que hacía, lo que finalmente convenció al jurado.
El fiscal del Condado de Harris, en Texas, John B. Holmes Junior, declaró que el inmigrante mexicano era "un auténtico asesino, que no sólo utilizó la violencia física contra sus víctimas, sino que no tuvo ningún tipo de consideración para llegar desde el maltrato corporal, hasta la violación y el asesinato".
Agregó que quedó demostrado que, tras matar a sus víctimas, tomaba sus pertenencias y luego las vendía, lo que a consideración del jurado confirmó que era consciente de sus actos.
Pero sus declaraciones ante el tribunal parecieron indicar lo contrario. Maturino dijo que era guiado por una "fuerza maligna" y por "la voluntad de Dios". Esas frases, al parecer contradictorias, indican que se trata de una persona con trastornos esquizofrénicos, sostuvo el médico Larry Pollock al declarar por la defensa.
Jack Zimmerman, abogado defensor de Maturino, espera que los nuevos estudios que le harán a su cliente demuestren con claridad que está enfermo, lo que evitará la ejecución.
Según relató, el inmigrante está convencido de que no va a morir aunque le apliquen la inyección letal, tal como indica el procedimiento de ejecución en Texas. Sostiene "que ese día va a dormir para despertar convertido en un ángel en el pueblo de Israel".
El juez Harmond ordenó que los resultados de los exámenes le fueran presentados en la Corte antes del 1 de mayo para poder considerarlos. Pero, la imposibilidad de cumplir con el plazo, motivó que la fecha de ejecución original, el 10 de mayo, quede suspendida y se fijó el 27 de junio.
A diferencia de los casos de inmigrantes mexicanos en los que la ausencia de notificación consular al momento de su detención fue pieza clave en la estrategia jurídica de los defensores, este requisito fue cumplido después del arresto de Maturino.
La Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, dictaminó a fines de marzo de 2004 que Estados Unidos violó los derechos de 51 mexicanos, en los respectivos casos que los llevaron a ser sentenciados a muerte, por no garantizarles la posibilidad de asistencia consular al momento de ser detenidos y procesados.
Con ese fallo, logrado tras una demanda mexicana, el gobierno de Fox consiguió detener hasta el momento la ejecución de sus compatriotas que esperan en el pabellón de la muerte en cárceles de Estados Unidos.
En enero, los jueces de Texas ordenaron que la sentencia de Maturino fuera cumplida el 10 de mayo, con lo que se había transformado en el primer mexicano en tener una fecha precisa de ejecución desde marzo de 2004. Pero ahora eso podría cambiar gracias a la última resolución judicial.
Para marzo de 2004 estaba programada la ejecución en el estado de Oklahoma, vecino a Texas, del también inmigrante mexicano Osvaldo Torres, pero a último momento se le conmutó la pena por cadena perpetua.
El último mexicano ejecutado en Estados Unidos fue Javier Suárez, en agosto de 2002 en Texas. Antes, otros cuatro connacionales murieron de igual manera.
En la actualidad hay más de 20.000 personas condenadas a muerte en todo el mundo, entre ellas los mexicanos detenidos en Estados Unidos, aseguró el 20 de abril en un informe Amnistía Internacional.
La organización humanitaria con sede en Londres indicó que al menos 2.148 personas fueron ejecutadas en 2005 en 22 países, 94 por ciento de ellos en Arabia Saudita, China, Estados Unidos e Irán. También ese mismo año fueron condenadas a la pena capital 5.186 personas en 53 países.
"La cantidad de países que llevan a cabo ejecuciones judiciales se ha reducido en 50 por ciento en los últimos 20 años y ha disminuido esta práctica por cuarto año consecutivo", agrega el documento.
También indica que "más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica" y recuerda que México y Liberia fueron los últimos en hacerlo, al retirar esa sentencia de sus respectivas legislaciones en 2005.
