De un lado, cientos de manifestantes, la mayoría en edad universitaria, con camisetas, algunos con banderas partidarias, otros alzando sus puños. «¡Abajo el rey!», gritaban, en alusión a Gyanendra, el monarca de Nepal.
Frente a ellos, varias filas de policías armados y de uniforme camuflado azul. La mayoría llevaban bastones de un metro de largo y lucen casco. Algunos se cubría con escudos de acrílico transparente y llevaban rifles o pistolas de gases lacrimógenos.
De repente, alguien dio la orden. Los policías avanzaron blandiendo sus bastones. Los manifestantes se dispersaron.
Un joven cayó y, mientras intentaba cubrirse con los brazos, un policía lo golpeó salvajemente con su bastón una, dos, tres veces antes de que otro agente lo contuviera. Entonces, lo llevaron a un camión repleto de manifestantes doloridos.
La batalla concluía, pero la guerra por el control político de Nepal continúa en las calles.
También en los medios de comunicación —donde la diferencia de la cobertura informativa entre privados y gubernamentales es como del día a la noche—, en oficinas estatales, cuyos empleados son amenazados con el despido si participan en protestas, y en centros de salud que asisten a los heridos.
La semana pasada, las autoridades ordenaron la deportación de dos médicos extranjeros que habían brindado primeros auxilios a heridos en una manifestación.
Este lunes, los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia protestaron con una sentada en el edificio del tribunal para solidarizarse con las protestas, luego de 12 días de huelga general convocada por los siete principales partidos políticos.
Apenas una pequeña fracción de la inmensa masa de automóviles y motocicletas habitual en Katmandú circularon por las calles. La mayoría de los comercios mantuvieron sus puertas cerradas, pues sus propietarios temían represalias de miembros de los partidos.
Las alacenas se llenaron de azúcar y sal a la espera de una escasez y del estado de sitio, previsto incluso en las portadas de la prensa. El domingo, el gobierno prohibió las protestas en los alrededores de Katmandú, cuando ya lo estaban en el centro de la ciudad.
Medios locales informaron el lunes que seis personas resultaron heridos con balas de goma el domingo en la capital.
En el meridional distrito de Rupandehi, otros nueve sufrieron heridas graves por la misma razón. Otros noventa terminaron lesionados por balas y golpes de bastón o sofocados por gases lacrimógenos.
Miles de personas han sido arrestadas, entre ellos 20 periodistas que permanecerán tres meses entre rejas a partir de este lunes por manifestarse en zonas donde eso está prohibido, informó la prensa.
"Protestas en Katmandú son una bola de nieve", indica la portada del diario opositor The Kathmandu Post. La principal noticia en la edición digital del periódico estatal Rising Nepal fueron los saludos del rey Gyanendra al presidente Bashar el Assad por la fiesta nacional de Siria.
Las imágenes de protestas y represión aparecen en los noticieros de la televisión privada, pero no así en los de la estatal Nepal TV, que se concentra en mostrar a policías y soldados custodiando las calles y entrevistas a pequeños grupos de personas que critican a la oposición.
"Hoy la prensa dice que no hay libertad. Creo que el derecho a la vida es más importante", dijo el día 9 el ministro de Información, Shrish Shumsher Rana.
El jueves, Rana ordenó a los operadores de televisión por cable dejar de emitir la programación de la red opositora Kantipur TV. Pero una sola de las firmas cumplí la orden, y por apenas unas pocas horas.
Las víctimas de la violenta represión pueden obtener tratamiento. Para eso se estableció un fondo de 138.000 dólares. En el Hospital de Om, todos pueden recibir tratamiento gratuito, dijo su director, Harish Joshi. Los empleados del centro médico aportan al fondo un día de salario al mes.
Cuarenta personas, incluidos unos pocos policías, lo aprovecharon. En la mayoría de los casos, se trata de fracturas y heridas que requieren sutura, afirmó Joshi.
Hace más de un año, el 1 de febrero de 2005, el rey Gyanendra perpetró un golpe de Estado, alegando que el gobierno civil no mostraba señales de terminar con la rebelión maoísta.
El conflicto armado se ha cobrado más de 13.000 vidas en 10 años. Los rebeldes controlan 80 por ciento de las áreas rurales, pero desde enero se han lanzado sobre las ciudades, incluso atacando puestos de policía en el muy custodiado valle de Katmandú.
El monarca aún no ha dado muestras de acabar con la insurgencia, y su estrategia de mano dura originó quejas de Estados Unidos, Gran Bretaña e India, lo que le privó de la vital asistencia militar. (
