El acuerdo alcanzado por los líderes del Senado de Estados Unidos este jueves para aprobar una reforma migratoria que daría residencia a siete millones de extranjeros indocumentados, además de crear un plan de trabajo temporal, arrancó aplausos y también expresiones de escepticismo en México.
Aunque no apunta a la reforma integral esperada por el gobierno de México, de donde son por nacimiento o descendencia 28 millones de personas que viven en Estados Unidos, se acerca a sus expectativas.
El texto acordado, que aún deberá conciliarse con la reforma aprobada en diciembre en la Cámara de Representantes y que apunta a criminalizar a los inmigrantes, dejó fuera de cualquier posibilidad de legalización a casi cuatro millones de indocumentados, que son los últimos llegados a Estados Unidos en el plazo establecido en la norma proyectada.
Según informaron los líderes de los senadores del gobernante Partido Republicano y del opositor Partido Demócrata, la reforma pactada estipula que sólo quienes tienen más de cinco años en Estados Unidos podrán acceder a la ciudadanía, mientras que aquellos llegados de dos a cinco años atrás deberán salir del país para tramitar su regularización.
Empero, los extranjeros con menos de dos años de estadía en el país serán repatriados a sus lugares de origen.
Los inmigrantes sin documentos suman entre 10 millones y 11 millones de personas, según la mayoría de las estimaciones, y pertenecen a múltiples nacionalidades, aunque la mayor cantidad de ellos son mexicanos.
"Lo que se acordó en el Senado puede no representar nada, pues aún debe llegar a la otra Cámara (de Representantes), donde quizá naufrague", dijo a IPS, vía telefónica desde el meridional estado estadounidense de Arizona, Katarina Rodríguez, coordinadora de la no gubernamental Coalición de Derechos Humanos-Alianza Indígena, que trabaja en defensa de inmigrantes.
Pero Karina Arias, coordinadora de vinculación y promoción de la organización no gubernamental mexicana Sin Fronteras, piensa diferente. El acuerdo sí es un avance y es posible que llegué a buen puerto, aunque no representa una solución integral al problema migratorio, acotó.
"Lo que esperamos es que el gobierno de México insista en alcanzar un acuerdo integral con Estados Unidos, que no sólo incluya la legalización de indocumentados, sino también el tema de los derechos laborales, los problemas fronterizos y el desarrollo de las zonas expulsoras de inmigrantes", señaló Arias a IPS.
El pacto logrado este jueves por los jefes de las bancadas de senadores estadounidenses es un avance a medias, declaró por su parte el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, quien bautizó a la reforma integral que desde 2001 propone el gobierno de Vicente Fox a Estados Unidos como la "enchilada completa", en referencia a una comida local hecha en base a tortilla de maíz y salsas picantes.
Sin embargo, aún con sus limitaciones representa la más importante reforma en los últimos años, sostuvo Castañeda, quien fue canciller mexicano entre fines de 2000 y enero de 2003.
La última reforma migratoria importante en Estados Unidos, que favoreció con una amnistía a los extranjeros indocumentados, gran parte de ellos mexicanos, fue firmada en 1986 por el entonces presidente Ronald Reagan (1981-1989), tras cinco años de discusión en el Congreso.
Por su parte, el gobierno de México consideró como un paso importante el acuerdo aprobado esta jornada en el Senado de Estados Unidos.
A través de un comunicado, la cancillería mexicana dijo que esta iniciativa avanza hacia nuevos mecanismos que permiten una migración legal, segura, ordenada y respetuosa de los derechos humanos entre México y Estados Unidos.
La Secretaría (ministerio) de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de Fox se mantendrá atento al desarrollo del proceso legislativo que aún no concluye.
Es que el camino para que la nueva iniciativa llegue a concretarse aún es largo. Debe conciliarse con la propuesta de reforma migratoria en sentido opuesto votada en la Cámara de Representantes y ser sancionada por el presidente George W. Bush.
Algunos observadores consideran que al existir ya un convenio entre los demócratas y los republicanos, al menos a nivel del Senado, hay altas posibilidades de una aprobación final.
"Pero también puede quedar todo como está, sin que exista un acuerdo migratorio, lo que sería decepcionante", manifestó la coordinadora de Coalición de Derechos Humanos-Alianza Indígena.
El debate en curso sobre la reforma migratoria se produce en medio de multitudinarias movilizaciones de inmigrantes, jamás antes vistas, en varias ciudades de Estados Unidos.
Portando carteles y banderas, los manifestantes han salido a las calles a demandar una reforma que los favorezca y reconozca sus derechos fundamentales. Gran parte de los participantes de las protestas son de origen mexicano.
Según los últimos estudios del estatal Consejo Nacional de Población de México, residen en Estados Unidos 11 de millones de mexicanos por nacimiento, grupo que junto a los que descienden de este país, suman 28 millones.
En 2005, unos 400.000 inmigrantes de origen latinoamericano y caribeño ingresan sin permiso a Estados Unidos a pesar de los controles existentes, pero cerca de un millón fue detenido y deportado en el intento.
