Gobiernos y políticos latinoamericanos abogan por sus compatriotas que se movilizan como nunca antes en favor de sus derechos en Estados Unidos, donde conforman la colectividad de inmigrantes más numerosa.
El presidente de México, Vicente Fox, declaró este martes que las multitudinarias manifestaciones registradas en el vecino país del norte, en reclamo de leyes migratorias en beneficio de millones de indocumentados, representan "una expresión democrática para un tema que debe ser resuelto" a la brevedad.
Cientos de miles de personas realizan desde fines de marzo marchas callejeras en varias ciudades estadounidenses para exigir a legisladores y al gobierno una reforma migratoria integral. Sólo entre el domingo y el lunes, esas manifestaciones reunieron a más de dos millones de personas.
El Senado de Estados Unidos suspendió la semana pasada y por 15 días sus debates sobre un proyecto de reforma migratoria, luego que no logró alcanzar un acuerdo sobre propuestas concertadas previamente entre líderes del gobernante Partido Republicano y del opositor Partido Demócrata.
Ese proyecto establece, entre otras cosas, otorgar residencia y derecho a tramitar la ciudadanía a los extranjeros que viven en el país desde hace más de cinco años, mientras que los que llevan entre dos y cinco años pueden aspirar a una visa de trabajo temporal, aunque deberán volver a sus lugares de origen y seguir igual procedimiento que cualquiera que busque un ingreso autorizado.
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La iniciativa contiene también medidas de refuerzo de la seguridad fronteriza y un nuevo programa de trabajadores invitados (una visa de trabajo temporal sin derecho a tramitar la residencia).
El mandatario de El Salvador, Antonio Saca, pidió a sus compatriotas paciencia sobre el debate en curso en Estados Unidos. Pero se declaró optimista y dijo que "es bueno tener amigos congresistas (en ese país) para lograr que se resuelvan los problemas de nuestra gente".
En Ecuador, el presidente del Congreso legislativo, Wilfrido Lucero, remitió una misiva al líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Bill Frist, demandando respaldo a normas que regularicen la condición migratoria de las personas indocumentadas.
También familiares de inmigrantes en Estados Unidos se cosieron los labios y encadenaron sus pies en una sede religiosa de Quito para solidarizarse con las marchas en curso. Mientras, varios niños se apostaron frente a la embajada de Washington en esa capital con pancartas que rezaban: "queremos ver a nuestros padres" y "no somos delincuentes".
La última leyenda hacía referencia a otro proyecto de reforma migratoria, impulsado por los republicanos y aprobado en enero por la Cámara de Representantes, en el cual se estipula que serán consideradas delincuentes las personas sin documentos de residencia en el país y quienes las empleen o las ayuden. Además se ordena ampliar el muro en la frontera con México, entre otras medidas.
En Colombia, la senadora liberal Piedad Córdoba, jefa del movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, exhortó a trabajar para que los inmigrantes indocumentados "no sean vistos como criminales".
"Si quieren (Estados Unidos) tratados de libre comercio para inundarnos con sus productos subsidiados a costa de la producción nacional, también deberían liberar la circulación de mano de obra y empezar a fortalecer una ciudadanía global", expresó. Bogotá y Washington están en plena negociación de un acuerdo comercial de ese tipo.
En América Latina se sigue con atención el debate de las reformas migratorias. Alrededor de 40 millones de personas que viven en Estados Unidos son latinoamericanas por nacimiento o ascendencia, lo cual hace que sea la mayor colectividad de inmigrantes en ese país.
Los latinoamericanos en Estados Unidos son responsables del envío a sus lugares de origen de unos 45.000 millones de dólares en remesas en 2004, el doble de lo transferido una década atrás.
Se trata de recursos que insuflan grandes bocanadas de aire a la economía regional y rescatan de la pobreza a más de 2,5 millones de personas, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
La oficina de censos de Estados Unidos pronostica que la población "latina" (por su origen latinoamericano) aumentará en 200 por ciento para 2050, mientras que la población general lo hará sólo en 50 por ciento.
Entre enero y marzo, delegados de los gobiernos de cinco países de América Central, más Colombia, República Dominicana y México, se reunieron en tres ocasiones para analizar el tema migratorio y concertar esfuerzos para empujar una reforma que beneficie a sus compatriotas en Estados Unidos.
El presidente de Guatemala, Oscar Berger, indicó que esos encuentros buscan "unir esfuerzos" para defender los intereses de los inmigrantes, que "con su trabajo colaboran con la economía estadounidense (…) y con el desarrollo de nuestros países".
Entre 10 y 12 millones de los extranjeros que residen en Estados Unidos no tienen los documentos requeridos para legalizar su situación. La mayoría de ellos son latinoamericanos que trabajan en empleos mal remunerados y en muchos casos sin derechos laborales.
Además, alrededor de 400.000 más burlan cada año toda suerte de estrictos controles de ingreso al país y se suman a la población estadounidense.
Para el 1 de mayo, los inmigrantes, que se autodenominan "el gigante dormido", prometen salir otra vez a las calles y realizar un paro total de actividades.
"Las marchas de los inmigrantes es un fenómeno histórico que posiblemente derive en una reforma migratoria. Lo que no sabemos aún es cuál será su alcance", dijo a IPS el analista Sergio Peláez, de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Pero el camino es aún largo para cualquier iniciativa. La presentada en el Senado quedó frenada al menos por dos semanas y, de prosperar, deberá conciliarse con la resuelta en la Cámara de Representantes.
La última reforma migratoria significativa en Estados Unidos, que favoreció con una amnistía a los extranjeros indocumentados, gran parte de ellos mexicanos, fue promulgada en 1986 por el entonces presidente Ronald Reagan (1981-1989), tras cinco años de discusión en el Congreso.
