En decisión que dejó atónitas a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la infancia, al propio Colegio de Abogados y a los principales analistas de Portugal, el Supremo Tribunal de Justicia falló a favor de la pedagogía del castigo físico a niños minusválidos.
El primero en alzar la voz fue el presidente de la Asociación Portuguesa de Discapacitados (APD), Humberto Santos, al declarar este miércoles que considera "preocupante e indignante" que el máximo tribunal del país defienda el maltrato corporal a niños y niñas con problemas de desarrollo mental.
Esta línea de conducta "es ya una agresión incalificable de parte de quien la practica, pero es mucho más preocupante y profundamente repugnante cuando es defendida por un tribunal", apuntó Santos.
El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) consideró "lícitos" y "aceptables" castigos físicos tales como palmadas y bofetadas, según consta en el fallo sobre el recurso presentado por una responsable de un hogar infantil de Setúbal, 40 kilómetros al sur de Lisboa, imputada y condenada en primera instancia por maltrato de niños, incluyendo agresiones físicas y clausura en cuartos oscuros.
Las agresiones se sucedieron entre 1990 y 2000, pero el caso fue juzgado a fines del año pasado, cuando el Tribunal de Setúbal consideró probado que la acusada encerró con frecuencia en la despensa y a oscuras a un menor de siete años que sufría de psicosis infantil muy grave, mientras otro niño era habitualmente amarrado a su cama.
El Tribunal de Setúbal condenó a la acusada a 18 meses de prisión, creyendo cerrar así un caso que conmovió a la opinión pública debido a la crueldad contra niños con atraso mental. Pero en su dictamen emitido en la víspera y difundido este miércoles por el matutino lisboeta Publico, el STJ sostuvo lo contrario y la dejó en libertad.
Encerrar niños en habitaciones oscuras es un castigo normal de "un buen padre de familia". En tanto que las bofetadas y las palmadas, si no fuesen dadas, inclusive podrían configurar "negligencia educacional", publicó el periódico citando el texto del fallo judicial.
Según Santos, la decisión del máximo tribunal se inscribe en "un cuadro descriptivo de la Edad Media", lo que coloca a la justicia portuguesa "en una grotesca violación de los derechos humanos", creando un precedente para que "otros que actúan de manera semejante continúen con las agresiones".
El presidente de la APD añadió que este caso, por su gravedad, debería ser presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Ana Filgueiras, presidenta de la Asociación Cidadãos do Mundo (Ciudadanos del Mundo), dedicada a la defensa de la infancia vulnerable, dijo a IPS que "este indignante fallo tiene como efecto el que un ciudadano simplemente no puede creer en una justicia que no reconoce a un niño, con el agravante de ser minusválido". "Ni siquiera el derecho de no ser golpeado", agregó.
Durante su residencia en Brasil entre 1975 y 1990, Filgueiras fue una destacada dirigente del Centro de Defensa de los Derechos del Niño y de los Adolescentes, donde ganó varias batallas contra las autoridades civiles, judiciales y militares empeñadas en la "limpieza" de niños de las calles de Río de Janeiro.
"Una experiencia muy difícil de repetir en Portugal, donde la sociedad civil es instrumentalizada por el Estado", explica Filgueiras con desánimo.
La activista concluye con un desahogo: "En cualquier país civilizado, ante un fallo indecente como éste, se crearía una ola de indignación tal que el STJ se vería en serios aprietos para justificar lo injustificable"
Opiniones similares fueron vertidas este miércoles por el Colegio de Abogados (CA), al calificar de "peligroso" el dictamen del Supremo Tribunal de Justicia.
Carlos Antunes, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del CA, expresó que al considerar "lícitos" los castigos corporales a niños minusválidos, el fallo del STJ es "impropio" y "muy grave", porque "abre un pésimo precedente y trasmite un mensaje muy peligroso, que no viene de cualquier tribunal, sino del tribunal superior".
El experto reveló que la Comisión está esperando conocer la totalidad del fallo para "tomar una posición formal y perentoria" sobre el caso que mereció un dictamen "muy preocupante", ya que permite "un crimen de malos tratos".
Consultado sobre si el fallo podrá crear jurisprudencia, Antunes dijo no tener "ninguna duda que en el futuro esta decisión podrá ser invocada en otros casos para atenuar la culpa de quien haya incurrido en malos tratos a niños". El dictamen "raya en lo incomprensible y es completamente absurdo", afirmó.
En términos similares, se expresó el abogado Pedro Biscaia, miembro de la misma Comisión. "Esto es abrir una puerta a la impunidad para una serie de comportamientos que son absolutamente evitables en nuestra sociedad, donde en nuestros días se viven problemas de agresiones a menores en instituciones y en situaciones de pobreza y de miseria", indicó.
Por su parte, Frederico Marques, de la Asociación Portuguesa de Apoyo a las Víctimas (APAV), calificó de "insensata" la decisión del STJ de considerar "lícitos" y "aceptables" los castigos físicos a niños minusválidos.
Marques no quiso comentar el fallo en términos concreto, al no conocer todo el proceso, pero aun así, recordó respecto de la acusada, que por principio la APAV "repudia este tipo de comportamientos". Además, consideró que "la decisión parece bastante insensata, debido al clima de inquietud que se vive en relación a los derechos de la infancia".
Más cautos, los responsables gubernamentales no han emitido juicios hasta ahora sobre la insólita decisión de los más altos magistrados de la nación.
Acosado por los periodistas, el ministro de Bienestar Social, José Vieira da Silva, se limitó a señalar que en los hogares infantiles que dependen de su cartera "esta estrictamente prohibido el recurso al castigo físico a niños, sin ningún tipo de excepción".
Manuel Coutinho, del estatal Instituto de Apoyo a la Infancia, se excusó de comentar la decisión judicial, explicando que no ha tenido acceso todavía al proceso. Se limitó a recordar que "todos los adultos que infrinjan malos tratos a niños pueden incurrir en una pena que se traduce en prisión efectiva de uno a cinco años"
El fallo del STJ desafía también las obligaciones jurídicas internacionales de Portugal, que el 21 de septiembre de 1990 ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada unánimemente por la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989.
La Convención crea un vínculo jurídico que obliga a los países signatarios a cumplir con un amplio conjunto de derechos aplicados a la infancia.
