Los procesamientos dispuestos este martes contra 29 personas por el ataque terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, descartan cualquier participación de ETA, por lo que podrían favorecer las negociaciones entre el gobierno español y este grupo ilegal para su abandono definitivo de las armas.
Apenas cometido al ataque explosivo contra trenes madrileños repletos de pasajeros, el entonces gobierno del conservador Partido Popular (PP) culpó a la ETA. Poco a poco fueron apareciendo evidencias que apuntaron hacia el radicalismo islámico, pero las autoridades continuaron insistiendo en los días subsiguientes en la culpabilidad del grupo terrorista vasco.
Este martes, el juez Juan del Olmo dio por terminada la instrucción de un expediente que le llevó dos años de investigaciones y dictó el procesamiento de 29 personas, nueve de ellas españolas, acusadas por 191 asesinatos y 1.755 tentativas de asesinato, la misma cantidad de heridos por el estallido de bombas en trenes suburbanos de Madrid.
El juicio propiamente dicho se celebrará el año próximo, pero mientras tanto el magistrado puede seguir reuniendo evidencias y formular más procesamientos. La sentencia podrá ser recurrida tanto por los acusados como por el fiscal y los familiares de las víctimas..
Los principales procesados, los marroquíes Jamal Zougam y Abdelmajid Bouchar, están vinculados a movimientos extremistas islámicos, y ninguno de los otros 27 pertenecen o están relacionados con Euskadi ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad en euskera).
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Según Del Olmo, la investigación lo llevó a concluir que existen dos grandes redes ligadas al radicalismo islámico, una de las cuales participó directamente en el atentado y la otra intervino para ayudar a huir a algunos implicados.
"Ambas redes presentarían conexiones comunes, por diferentes individuos o puntos de contacto, todos ellos vinculados también al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), entendido como máximo referente del Movimiento Salafista Yihadista en nuestro país", afirma el magistrado en el auto.
El GICM está acusado de haber perpetrado en mayo de 2003 cuatro atentados simultáneos en la ciudad marroquí de Casablanca, ocasionando más de 40 muertos.
El juez cita varios informes de los servicios de inteligencia españoles, uno de los cuales analiza los atentados de Casablanca, y declaraciones de un líder de la red extremista Al Qaeda (acusada por Estados Unidos de concebir los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington), los que "no hacen sino confirmar la hipótesis de que España, al igual que cualquier otro miembro de la Comunidad Europea, es objetivo de este tipo de terrorismo".
Del Olmo también se manifiesta sobre los móviles del ataque, indicando que fue su intención "forzar al Gobierno español a la retirada de Iraq", puesto que el entonces gobernante PP apoyaba fervorosamente y con tropas la invasión estadounidense a ese país del Golfo.
Pero el auto de procesamiento no conformó a todas las partes, pues mientras las autoridades y el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se dan por satisfechos, el PP y la Asociación 11-M, que agrupa a sobrevivientes y familiares de las víctimas del ataque, consideran que no se ha investigado lo suficiente.
La presidenta de la Asociación, Pilar Manjón, cuyo hijo Daniel, de 20 años, fue uno de los asesinados, manifestó sus dudas sobre el proceso y dijo a IPS que sus abogados estudiarían el expediente y, si hallaban errores, podrían abrir causas paralelas contra otros sospechosos.
Jaime del Burgo —representante del PP en la Comisión del Congreso de los Diputados que investigó los hechos del 11-M y cuyo informe final no incluyó a ETA como posible autora del ataque—, sostuvo este martes que solamente se sentarán en el banquillo de los acusados "actores secundarios".
En su opinión, no se investigó a fondo. Del Burgo acusó al gobierno de no haber llevado la investigación hasta sus últimas consecuencias para reforzar la tesis de que el terrorismo islámico fue el único responsable, mientras su partido sostiene que hubo alguna participación de ETA.
Pero el escenario político ha cambiado.
El actual presidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, logró en junio de 2005 una aprobación expresa del parlamento para negociar con ETA, con la condición de que ese proceso se realizara mediante "los poderes competentes del Estado" y fuera precedido por la evidencia de "una clara voluntad" etarra de renunciar a la violencia.
Desde entonces, Zapatero, sus ministros, parlamentarios y dirigentes del PSOE insistieron en que sólo negociarían si se dejaba clara esa voluntad. Por ello, la posible implicación de ETA en los atentados del 11-M era un elemento que podía pesar en contra de una solución negociada.
Además, ETA dispuso desde el 24 de marzo "un alto el fuego permanente" en una fórmula ambigua, pues no responde al requerimiento de "abandono definitivo de la violencia", pero que ha sido recibida con beneplácito por las autoridades.
El objetivo de esa decisión, según ETA, "es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria (País Vasco) para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como Pueblo nos corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas".
Otro elemento que apunta a que la negociación de paz se formalice fue la modificación del gabinete de Zapatero la semana pasada, que incluyó el nombramiento como ministro del Interior del hasta entonces portavoz parlamentario Alfredo Pérez Rubalcaba.
El nuevo ministro es considerado un "hombre fuerte" dentro del PSOE y de toda la confianza de Zapatero, dos aspectos importantes para conducir negociaciones que corresponderían a su cartera.
El nombramiento sugiere que esas conversaciones formales están próximas, y no falta quien espera dentro del gobierno un nuevo comunicado de ETA anunciando el cese definitivo de la violencia, avalado por los tres años que lleva ese grupo sin causar muertos en sus acciones violentas.
Fuentes próximas a quienes deberían conducir esas negociaciones —que ya han dialogado informalmente con los etarras, pese al desmentido del gobierno—, manifestaron que ese nuevo comunicado se haría público en los próximos días.
