Italia, que una vez perdió población neta por la emigración, se convirtió en pocas décadas en polo de atracción de inmigrantes que buscan una vida mejor en Europa. A tal punto, que los derechos de las minorías extranjeras son uno de los asuntos calientes de los comicios de este domingo.
La última encuesta de intención de voto divulgada el 24 de marzo, justo antes de las dos semanas de veda a los sondeos electorales, daba a la derechista coalición gobernante del primer ministro Silvio Berlusconi cinco puntos menos que a la centro-izquierdista de su rival Romano Prodi, mientras 10 por ciento de los consultados permanecían indecisos.
El gobierno de Berlusconi adoptó una postura dura contra los inmigrantes. Con la restrictiva ley migratoria Bossi-Fini aprobada en 2002, se inició una política que sólo autoriza la residencia legal a trabajadores extranjeros que obtengan antes contratos laborales.
La ley impuso una cuota anual de trabajadores extranjeros y autorizó la deportación de personas indocumentadas. Según la norma, los empleadores deben contratar trabajadores directamente en sus países de origen. Pero muchos de ellos ya están en Italia y no tienen medios para regresar a casa y obtener allí visas de ingreso.
Este año, el gobierno ofreció 170.000 permisos de trabajo para inmigrantes. En marzo, se presentaron para esos permisos casi 500.000 de los 2,4 millones de trabajadores indocumentados que se estima residen en este país del sur de Europa.
La mayoría de estos inmigrantes proceden de África del Norte y del este europeo, y constituyen cuatro por ciento de la población de un país que tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Europa occidental: 1,3 hijos por mujer.
Los especialistas en migraciones señalan que la ley no refleja la realidad de miles de inmigrantes que ya trabajan ilegalmente en Italia, y los partidos de oposición subrayan este aspecto como evidencia de que la ley Bossi-Fini fue un fracaso.
El gobierno de Berlusconi se ha negado además a considerar el ingreso de trabajadores extranjeros como solución a la declinación demográfica. La situación es más complicada por el gran desempleo existente. Sólo 57 por ciento de la población entre 15 y 64 años tiene trabajo, una de las proporciones más bajas de Europa occidental.
Mientras Prodi dijo el mes pasado en un discurso que Italia no saldría adelante sin los extranjeros, Berlusconi habló personalmente contra la inmigración. "No quiero que Italia se convierta en un país multiétnico y multicultural", sostuvo.
El coordinador del informe estadístico anual sobre inmigración encargado por la organización benéfica católica Caritas/Migrantes, Franco Pittau, dijo a IPS que "el actual gobierno ha reconocido que este país necesita a los trabajadores extranjeros. Pero las estrategias adoptadas son deficientes. De hecho, la única forma en que un inmigrante puede obtener una visa es consiguiendo antes un empleo".
Del medio millón de inmigrantes que se presentaron para legalizar su situación en marzo, todos ya vivían en Italia, y muchos estaban desempleados. Según Pittau, "la ley debería garantizar permisos especiales para buscar un empleo, una solución que también ha propuesto la Comisión Europea", órgano ejecutivo de la Unión Europea.
"Pero lo más importante es la integración, la capacidad de vivir juntos. Es un interés común, si pensamos en nuestro país en los próximos 10 o 20 años. Y debe reflejarse en las estrategias políticas", concluyó Pittau.
Algunos funcionarios del actual gobierno no han hecho esfuerzos por ocultar su hostilidad hacia los trabajadores indocumentados.
"Si el gobierno italiano no hubiera actuado con determinación, nuestro país estaría desbordado de inmigrantes ilegales", dijo hace poco en el parlamento el ministro del Interior, Raffaele Pisanau.
"La gente desesperada que piensa que puede venir ilegalmente a Italia debe saber que será devuelta de donde vino tan pronto como reciba asistencia humanitaria", añadió.
"Nuestras políticas pueden parecer crueles, pero convencerán a muchos de no emprender un peligroso viaje a suelo europeo", concluyó.
La oposición de centro-izquierda ha puesto en lugares destacados a varios candidatos nacidos en el exterior para los comicios de este domingo.
Su propuesta programática en materia de inmigración es "empezar de cero": derogar la ley Bossi-Fini, aprobar una regulación coherente y orgánica sobre el derecho de asilo y leyes de defensa de la libertad de culto, y otorgar el derecho al voto a los extranjeros en comicios locales como primeros pasos hacia una verdadera integración.
Los partidos de la coalición gobernante no confirmaron la presencia de ningún candidato de origen extranjero en sus listas. Y sus políticas migratorias descansan exclusivamente en una aplicación más efectiva de la ley Bossi-Fini.
Uno de los asuntos más debatidos es la cuestión del derecho al voto para los inmigrantes. Actualmente, no pueden votar en las elecciones generales, pero en una señal de la creciente importancia de sus voces, cuentan con representantes en los concejos comunales, que participan activamente en las decisiones políticas pero no pueden votar.
Irma Tobías Pérez es una de los cuatro concejales extranjeros elegidos en 2003 por la numerosa comunidad inmigrante de Roma.
"No deseamos imponer nuestras identidades religiosas y culturales a nuestro nuevo país, pero reclamamos claras reformas a las políticas migratorias, y el derecho al voto para los extranjeros residentes en los comicios locales", dijo Pérez a IPS.
Los inmigrantes también piden que el Estado les subsidie el aprendizaje de la lengua italiana, una mejor cobertura de salud, leyes que faciliten la adquisición de viviendas y la ciudadanía y una amplia legislación sobre el asilo político.
"Nosotros somos sus voces. Exponemos sus necesidades en la agenda política de las ciudades, trabajando estrechamente con los concejales de los gobiernos italianos locales, cuya ayuda e interés son realmente preciosos", añadió Pérez.
En su opinión, en los últimos cinco años, el gobierno de Berlusconi no ha estado abierto al diálogo con la comunidad inmigrante sobre herramientas legislativas para lograr una integración genuina. "No tienen voluntad política de integrar a los extranjeros", sostuvo.
El gobierno parece más preocupado por la gran cantidad de personas que llegan a las costas italianas. Durante la campaña electoral, Berlusconi señaló con frecuencia que mientras fue primer ministro "la inmigración ilegal declinó en 51 por ciento".
Según el presidente del Senado, Marcello Pera, del gobernante partido Forza Italia, dar voz a los extranjeros en las elecciones locales "es un atajo a la verdadera integración".
"Primero debemos integrar, y asegurar derechos electorales a aquellos que ya se han adaptado aprendiendo la lengua y respetando nuestros principios. El derecho al voto inmediato es un atajo que en lugar de ayudar al proceso de integración, probablemente sólo sirva al interés político de quienes lo proponen", dijo Pera el jueves, en una conferencia de prensa en la ciudad de Turín.
La campaña finalizó el viernes, y las urnas se abrirán a las ocho de la mañana de este domingo para 47 millones de votantes. Los resultados oficiales comenzarán a publicarse en la noche del lunes.
