Diez años después de la primera contienda electoral entre el centroizquierdista Romano Prodi y el derechista Silvio Berlusconi en 1996, la gobernabilidad en Italia continúa siendo un enorme desafío.
El escrutinio divulgado en la noche de este martes, tras el cierre de los circuitos de votación, muestra que dos mitades casi iguales de la ciudadanía están separadas por una profunda grieta ideológica y política.
Finalmente, los votos de 1,1 millones de italianos en el exterior fueron decisivos para conformar el parlamento, al determinar seis de los 315 escaños del Senado y 12 de los 360 de la Cámara de Diputados.
La mayor participación de ciudadanos italianos en el extranjero se registró en América Latina, donde residen 51,8 por ciento de los 2,6 millones de personas con derecho a voto. A la región le correspondieron tres diputados y dos senadores.
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La coalición centroizquierdista de Prodi ganó las elecciones, pero el margen tan estrecho de su victoria en términos de relación de fuerzas parlamentarias traza un escenario político verdaderamente preocupante.
De acuerdo con el escrutinio conocido el martes de noche, La Unión había obtenido la mayoría de los escaños de la Cámara de Diputados, gracias a un exiguo margen de 25.000 votos.
La contabilización de los votos en el extranjero reforzó esa tendencia y revirtió la que hasta entonces regía para el Senado —inicialmente en favor de Berlusconi—, al asignar 158 escaños a La Unión y 156 a la coalición centroderechista Casa de las Libertades.
De hecho, cuatro de los seis senadores elegidos en el extranjero pertenecen a La Unión, y uno al partido de Berlusconi, Fuerza Italia. El restante es Luigi Pallaro, elegido en Argentina, quien encabeza la lista independiente Associazione Italiani in Sudamerica y anunció su apoyo a Prodi.
Los ciudadanos en el extranjero, retratados por los medios de comunicación italianos como una especie de nostálgicos por la "pizza y la mandolina", demostraron pragmatismo y capacidad de aceptar el desafío del cambio.
De todos modos, los 158 senadores de La Unión no alcanzan la mayoría de 162, necesaria para constituir gobierno.
Para lograrla, necesitarán el apoyo de cuatro de los siete senadores vitalicios. Uno de ellos, el ex presidente Francesco Cossiga, adelantó que al ser un representante institucional y no elegido en las urnas se mantendrá al margen de la decisión. ¿Los otros seguirán el mismo criterio?
Pero unos pocos escaños en el Senado o en la Cámara de Diputados no cambian el juego. Lo que realmente importa es la sensación creciente entre los votantes de La Unión de que Italia perdió la oportunidad de cambiar y que el gobierno del país estará sujeto a un equilibrio frágil.
Para el nuevo gobierno será un gran desafío afrontar las prioridades de la ciudadanía, en la que predomina una sensación de impostergabilidad de medidas económicas y sociales, al mismo tiempo que lidia con una fortísima oposición.
En primer lugar, la incertidumbre política configura el peor escenario para la economía. La bolsa de comercio de Milán reflejó, con una caída de uno por ciento de su principal indicador, la desconfianza de los operadores financieros.
La firma consultora Standard & Poors advirtió que se apresta a reducir la calificación de largo plazo de Italia si el gobierno no reduce con rapidez su deuda pública.
Pero los italianos, al parecer, no tienen la misma sensación de urgencia en materia de reformas económicas, a pesar de la seriedad de los problemas cuya solución se ha postergado demasiado.
El crecimiento del producto interno bruto alcanzó un magro promedio de uno por ciento en el último lustro, al tiempo que se estancó la competitividad industrial desde la adopción del euro, la moneda común de 12 países europeos. También cayó la productividad.
Para colmo, las finanzas públicas son un caos. El déficit fiscal supera el cuatro por ciento y la deuda pública equivale a 106 por ciento del producto interno bruto. Ambos indicadores siguen una tendencia creciente.
La misma urgencia tiene la inseguridad laboral. Legiones de italianos jóvenes muestran una creciente frustración con los contratos temporales previstos en la reforma laboral promovida por el gobierno de Berlusconi.
Por otra parte, la restrictiva ley de inmigración aprobada en 2002, que La Unión se propone cambiar de inmediato, sólo reconoce la residencia de trabajadores extranjeros con contratos de trabajo vigentes, al tiempo que acelera el proceso de expulsión de los indocumentados.
Algunos analistas muestran preocupación por la conformación de la coalición centroizquierdista, en especial por la fuerte votación de los comunistas de cuyo apoyo dependerá la estabilidad del gobierno de Prodi.
Pero "traeremos un sentido de unidad a la política", dijo Prodi poco antes de la confirmación de las cifras finales.
De cualquier manera, insumirá varias semanas la conformación del nuevo gobierno. Primero deberá procesarse la elección del presidente que sustituirá a Carlo Azeglio Ciampi, cuyo periodo concluirá en mayo.
Su sucesor será el encargado de poner en marcha la constitución del gabinete. Para entonces, la posición financiera y económica de Italia podría deteriorarse aun más.
Además, la Casa de las Libertades cuestionó los resultados electorales, en particular a la luz de la anulación de medio millón de sufragios en el primer escrutinio, y solicitó a la Corte Constitucional un recuento de los votos a mano. El triunfo de La Unión no ha despertado mayor entusiasmo en la población, pero es legítimo y Prodi no muestra dudas sobre el éxito y perdurabilidad del próximo gobierno. (FIN/IPS/traen-mj/sz/ip/06)
