Los tres militares uruguayos requeridos por Chile debido a sus vínculos con el secuestro del bioquímico chileno Eugenio Berríos fueron arrestados para ser enviados a ese país. Será la primera extradición de uniformados desde la recuperación democrática en Uruguay en 1985. Un camino similar podrían seguir varios acusados en el exterior de crímenes dictatoriales.
Los coroneles Tomás Casella y Wellington Sarli y el teniente coronel Eduardo Radaelli, los dos últimos en actividad, arrestados el viernes, serán extraditados según el fallo en última instancia emitido el 22 de marzo por la Corte Suprema de Justicia, accediendo al pedido de la justicia de Chile, que los procesó en ausencia por "asociación ilícita" y "secuestro" del ex agente de inteligencia de ese país Berríos.
Aunque el presidente Tabaré Vázquez tiene potestad para trabar el envío a Santiago de los oficiales, colaboradores del mandatario aseguraron a IPS que se cumpliría con la "promesa de acatar rigurosamente lo dispuesto por la justicia" en este y otros casos de pedidos de comparecencia de militares ante tribunales en el exterior.
Se espera que este año se sucedan esos pedidos, en especial de Argentina, de militares y policías represores en el marco del Plan Cóndor, la coordinación dictatorial del Cono Sur americano de los años 70 y 80, que se extendió en tiempos de democracia, como lo prueba el caso Berríos, en el que aparecen involucrados uruguayos, chilenos y posiblemente argentinos.
Otras solicitudes de uniformados habían chocado hasta ahora con la negativa de los sucesivos gobiernos de Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), que adujeron "cuestiones de orden público" y de estabilidad institucional o de leyes nacionales de impunidad.
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El máximo tribunal uruguayo acogió como válida la sentencia original del juez Gustavo Mirabal, quien había aceptado la solicitud de la justicia chilena, que acusa a estos oficiales del ejército de estar implicados en el secuestro a fines de 1992 de Berríos, un bioquímico al servicio de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) que fue asesinado meses después.
La extradición está condicionada a que el proceso en Santiago contra estos oficiales comience de cero, para que de ese modo tengan todas las garantías del debido proceso.
Un cuarto implicado en el caso, un jefe policial de la jurisdicción en que se cometió el crimen, no fue requerido por haber sido imputado de complicidad, delito no contemplado en el tratado bilateral de extradición de 1897, vigente al momento de perpetrarse los delitos, explicó a IPS el fiscal de la causa, Luis Bayac.
Casella, retirado hace cuatro años, y Sarli y Radaelli, quienes cumplían hasta ahora tareas en el comando general del ejército, fueron alojados en la noche del viernes en una unidad militar, según confirmó a IPS su abogado defensor Amadeo Ottati.
El juez Mirabal dispuso en su dictamen que los tres oficiales fueran arrestados al momento de confirmarse la sentencia, aunque tenían "fianza de arraigo" del entonces comandante en jefe del ejército, Santiago Pomoli, quien juró por su honor y el de la fuerza que sus subordinados acatarían lo dispuesto por la justicia, indicó Bayac.
El trámite de extradición comenzó en 2004 cuando el entonces presidente Jorge Batlle (2000-2005), del centroderechista Partido Colorado, le dio carta blanca y no hizo lugar a la potestad de negarlo en "atención a la nacionalidad", contemplada en el tratado.
Esa decisión de su antecesor es la que debería rever Vázquez, del izquierdista Frente Amplio, si pretende evitar el envío de los requeridos, como piden clubes sociales de militares activos y en retiro, líderes de oposición y hasta legisladores del oficialista Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros (ex guerrilleros), aunque por razones diferentes..
De cualquier manera, miembros del gabinete de Vázquez han reiterado que el gobierno mantendrá su promesa de cumplir estrictamente con lo que disponga la justicia en todos los pedidos de extradición, "afecte a quien afecte".
Las críticas a la decisión de la justicia incluyeron a Eleuterio Fernández Huidobro, un ex líder guerrillero y principal senador del sector más votado del primer gobierno de izquierda de Uruguay.
Fernández Huidobro entiende que es la justicia uruguaya la encargada de investigar porque el secuestro y asesinato se perpetraron en este país.
Berríos fue sacado de Chile a fines de 1991 en un operativo militar ilegal para evitar que declarara en la causa por el asesinato en 1976 en Washington de Orlando Letelier, canciller del derrocado presidente socialista Salvador Allende (1970-1973) a manos de la policía secreta pinochetista con ayuda de un agente de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense.
Ese experto en armas químicas letales, involucrado en otros asesinatos de opositores a la dictadura, fue mantenido unas semanas ilegalmente en Argentina y luego ingresado del mismo modo a Uruguay, donde fue alojado en hoteles y apartamentos de Montevideo, cuyo garante fue Casella, y "custodiado" por oficiales de inteligencia chilenos y uruguayos.
Pero en noviembre de 1992, Berríos escapó de sus "protectores" y denunció su situación en una comisaría de un balneario cercano a Montevideo. Militares de los dos países lo secuestraron allí mismo, en un escándalo no esclarecido por la justicia y que puso en jaque al gobierno de entonces, del derechista Lacalle.
El cadáver del bioquímico fue hallado en 1995 en el balneario El Pinar, también próximo a Montevideo, con dos orificios de bala en la cabeza.
"No puede ser que los responsables de todo esto sean sólo estos oficialitos", sostuvo Fernández Huidobro, en referencia a los mandos de los tres imputados, que cumplían funciones de inteligencia, y del propio gobierno. Los jefes militares se declararon responsables de lo ocurrido, desafiando expresamente a Lacalle.
En el parlamento se aseguró que el desafío constituyó un "golpe de Estado técnico" contra Lacalle, pero "las autoridades, todos, taparon todo", afirmó.
Los oficiales no fueron juzgados por los mismos cargos en Uruguay, al contrario de lo que adujo el ex presidente Sanguinetti, abogado, pues el caso abierto en un tribunal de Canelones, en cuya jurisdicción ocurrieron los hechos, fue por el homicidio de quien luego se comprobó era Berríos.
Esa causa fue archivada en su etapa de presumario, sin perjuicio de que continúen en el futuro las investigaciones, a pedido de la fiscal Nancy Hagopián, quien alegó que no pudo obtener pruebas para imputar delito a ninguna persona.
Bayac recordó a IPS que el frondoso expediente enviado por la justicia chilena con motivo del pedido de extradición fue trasladado a su vez a la sede judicial de Canelones, por lo cual es posible que la causa se reabra. En base a esos documentos y otros elementos, el juez Pedro Salazar discrepó con la fiscal aunque quedó con las manos atadas ante la falta de acusación.
A pesar de la discrepancia, Fernández Huidobro aclaró que, "así como respeto la decisión de la Corte y la acato aunque me parezca contraproducente e injusta, no voy a presionar al presidente Vázquez" para que deniegue la extradición.
Sanguinetti y dirigentes del también opositor Partido Nacional cuestionaron la extradición, coincidiendo entre otras cosas con asociaciones de militares en el argumento de que es violatorio de la soberanía nacional.
El fallo de la Corte indica que está "probado que los episodios de autos están insertos en un delito, que tuvo su comienzo consumativo en Chile y continuó en Argentina y Uruguay, y que de la demanda de extradición se desprende que los requeridos, aun antes de verificarse la comisión del ilícito penal, estaban dispuestos a colaborar con los militares chilenos en la custodia del secuestrado para eludir la acción de la justicia".
