Desde el domingo se registra una estampida de indígenas wounaan en el departamento del Chocó, noroccidente de Colombia. El pánico de las comunidades de esa región selvática estalló tras los asesinatos de dos maestros aborígenes a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en armas desde 1964.
"Las FARC anunciaron que van a matar a seis o siete maestros más. Imagínese, qué quita o qué pone un maestro indígena en la guerra", dijo a IPS Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Indígena de Colombia (ONIC).
Se espera que en la cabecera municipal de Istmina, de 12.000 habitantes en el sur del Chocó, los desplazados lleguen a 1.750, mientras el pueblo wounaan, una de las 90 etnias ancestrales de Colombia, tiene menos de 8.000 miembros.
Según un comunicado de la ONIC, 120 desplazados provienen de la comunidad Unión Wanaan del vecino municipio Medio San Juan, a la que pertenecían los dos maestros asesinados el jueves y viernes de la semana pasada, y el resto de tres comunidades de Istmina.
"Vimos muchas mujeres, muchos niños pequeños. Cuando llegamos no había alimentación para estas personas y solamente (el miércoles) por la tarde empezaron a recibir el primer apoyo de parte de la alcaldía del Medio San Juan", dijo en rueda de prensa en Bogotá Philippe Lavanchy, director para América del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Hasta ese momento "estos indígenas estaban sin nada", agregó.
Lavanchy alteró la agenda de una visita programada con antelación a Colombia e inició su gira por el Chocó. "Tuve oportunidad de ver a los primeros indígenas que llegaron a Istmina, (en número) de 83. Estaban muy afectados por la muerte de los dos maestros", relató el diplomático.
Además "tenían problemas para sacar a la gente de donde está. Tenían algunos barquitos con la gasolina que lograron obtener, y ayer llegaron 700 personas. La preocupación es que los últimos que salgan van a estar también en peligro".
Los desplazados están en ese poblado de una cultura "totalmente distinta y en un medio que no es el de esa etnia", advirtió.
"Estamos preocupados porque cuando salimos de allá no había una solución todavía para albergar a todas estas personas", señaló.
La ONIC urgió "a la comunidad nacional e internacional pronunciarse sobre la actuación de las FARC, para garantizar la vida y honra de los otros docentes amenazados como también evitar que sucedan más desplazamientos forzados".
La organización reclamó a la guerrilla izquierdista "respeto por nuestros pueblos indígenas, por nuestros territorios ancestrales y claridad sobre sus apuestas", y ratificó la voluntad indígena "de que no nos involucren en el conflicto armado que vive Colombia, porque somos y seguiremos siendo constructores de paz en nuestros territorios".
En el longevo conflicto colombiano ambos bandos, Estado e insurgencia, exigen a la población civil que se involucre. La amenaza sobre los maestros podría estar relacionada con la percepción que las FARC puedan tener de los wounaan, cuyos líderes han ratificado que se mantienen fuera de la guerra.
"Uno de los grandes retos de Colombia es que la población civil es abusada de esta manera como lo han hecho con estos dos líderes indígenas. Estos dos profesores fueron asesinados quizás justamente por tener conocimiento, por ser líderes de su comunidad, entonces tienen que pagar un precio", dijo a IPS Roberto Meier, director de Acnur en Colombia.
El Acnur es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas con mayor presencia fuera de la capital colombiana, "cerca de las poblaciones desplazadas, cerca de los problemas", dijo Lavanchy.
Colombia es el tercer país en el mundo con mayor desplazamiento forzado, después de Sudán y la República Democrática del Congo y, según Acnur, se trata de "la crisis humanitaria más importante en el hemisferio occidental", mayor inclusive que la de Haití.
Aunque el Estado tiene un mecanismo de registro que retrasa en un año las cifras reales, fuentes oficiales reconocen que la cantidad de desplazados ronda actualmente los dos millones de personas. La no gubernamental Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento contabiliza más de tres millones. Lavanchy piensa que lo importante no son las cifras "sino cómo vamos a tratar concretamente las soluciones de estas personas en el terreno", sin importar si se trata de cien mil o de cuatro millones.
"Hay una diferencia entre lo que uno ve en Bogotá y lo que otro ve en Chocó. Aquí hay una sofisticación en el debate jurídico y político, y cuando uno encuentra una situación como la del Chocó, las alcaldías no están respondiendo como uno espera", dijo Lavanchy, aunque elogió la labor de los funcionarios de Medio San Juan, así como la de la Iglesia Católica, que lleva a cabo una reconocida tarea humanitaria en la zona.
Si bien dos sucesivos gobiernos colombianos han destinado partidas notables para la atención de desplazados, "para mí fue un buen ejemplo para ver la diferencia entre la teoría y la práctica", agregó el funcionario de la ONU.
"Me parece fundamental que cuando hablamos de cuestiones humanitarias hablemos muchísimo más de la práctica. No podemos dejar a las víctimas así. Tenemos que actuar inmediatamente La respuesta tiene que ser inmediata", advirtió.
Aunque calificó de "importantes" los esfuerzos de las autoridades nacionales y los organismos de control, estimó que "no es suficiente".
"Un ser humano es un ser humano. No interesa el resto", subrayó Lavanchy.
