Existen serias dificultades para concretar, pese al consenso político existente, la condonación de la deuda de Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua con el BID, según lo analizado por los gobernadores del ente multilateral reunidos hasta este miércoles en Brasil.
La propuesta liderada por Estados Unidos obtuvo el acuerdo político hace cuatro meses, pero las condiciones técnicas exigen un debate que no ha sido fácil, dijo Luis Alberto Moreno, presidente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), al hacer un balance de la 47 Reunión Anual de tres días en la oriental ciudad de Belo Horizonte.
Para ello se creó un comité dirigido por el ministro de Planificación de Brasil, Paulo Bernardo, que tendrá como misión estudiar alternativas para la cancelación de la deuda de estos países, que suma 3.500 millones de dólares.
Una referencia a evaluar, según Bernardo, puede ser la decisión del Grupo de los Ocho (G-8) países más poderosos del mundo, adoptada el año pasado en Gleneagles, Escocia, de condonar la deuda de 18 naciones pobres con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional. Los adeudos alcanzaban en total a 55.000 millones de dólares.
Bolivia y Honduras propusieron usar el Fondo de Operaciones Especiales del BID para cancelar las deudas en cuestión, una salida que Bernardo ya desechó.
Ese fondo "necesita mantener su volumen de recursos, y perdería 40 por ciento" si se hace la operación propuesta, explicó el ministro brasileño.
Los representantes de Brasil y México afirmaron que no aceptarían el costo de aumentar sus cuotas para financiamientos, en caso de utilizar el Fondo de Operaciones Especiales.
Bernardo prometió, empero, "trabajar con toda buena voluntad", reconociendo la condonación como pertinente.
El tema ganó fuerza en el encuentro de gobernadores del BID por la presencia en Belo Horizonte del nuevo presidente de Bolivia, Evo Morales, quien reiteró el pedido de condonación de la deuda de 1.600 millones de su país con el ente regional, recordando que la pobreza afecta a 70 por ciento de sus 9,2 millones de habitantes.
Las organizaciones no gubernamentales presentes en la reunión consideran un avance el "consenso ideológico" y el compromiso del BID, al crear el comité, pero esperan una decisión final lo más rápido posible y, preferentemente, que los recursos para cancelar las deudas sean aportados por el G-8.
La deuda externa de los países pobres es ilegítima, ya que fue pagada varias veces en intereses cobrados por los organismos internacionales, dijo a IPS María José Romero, del Instituto del Tercer Mundo, de Uruguay.
La condonación terminará por generar más pérdidas para las finanzas y los intereses de los principales accionistas del BID, como Argentina, Brasil, México y Venezuela, según Romero.
Una investigación de la organización belga Eurodad, socia de las organizaciones no gubernamentales latinoamericanas en este tema, revela que el ingreso neto del BID por concepto de intereses ronda los 1.000 millones de dólares al año, pero sus reservas de capital ordinario aumentaron de 8.000 millones de dólares en 2000 a más de 14.000 millones en 2004.
La participación de la sociedad civil en las decisiones del BID es otro reclamo que las organizaciones no gubernamentales presentaron a los gobernadores del BID reunidos en Belo Horizonte.
"El banco necesita asegurar la soberanía de las comunidades afectadas por proyectos financiados por la entidad", comentó a IPS Lily Torre López, representante de la asociación peruana Racimos de Ungurahui.
Uno de los proyectos polémicos, financiado por el BID, es el gasoducto peruano de Camisea, con un costo total de 1.600 millones de dólares y que en sólo un año y medio funcionamiento ya se registraron cinco escapes de gas.
Camisea está ubicado cerca de Cusco, en los bosques del sur de Perú y desemboca en el océano Pacífico. Esa obra recibió inversiones de 135 millones de dólares del BID, 100 millones del estatal brasileño Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y 50 millones de la Corporación Andina de Fomento.
Además de los problemas operacionales, 70 por ciento del área ocupada por el gasoducto es protegida, por tratarse de territorio indígena, destacó López, quien aseguró que ya murieron 22 personas en la región a causa de la contaminación de los ríos, donde la pesca es base de la alimentación de los nativos.
Las organizaciones de la sociedad civil piden una auditoria independiente para evaluar el proyecto, antes que su ampliación sea decidida por los dueños de la obra.
Moreno prometió estudiar los reclamos, dijo López, pero ninguna decisión concreta se adoptó. El funcionario aseguró no haber recibido propuestas de los movimientos sociales interesados en la cuestión.
La reunión del BID también flexibilizó las reglas para la toma de préstamos por el sector privado. En el encuentro de gobernadores se aprobó un aumento del límite de crédito para cada proyecto, de 75 a 400 millones de dólares, una mayor atención a las micro y pequeñas empresas y la reducción del plazo para liberación de recursos.
En la actualidad, sólo tres por ciento del presupuesto del banco esta disponible para proyectos privados. La meta es llegar al 10 por ciento permitido por las normas de la entidad multilateral de América. (
