La brecha entre el Norte rico y el Sur en desarrollo se reproduce en la capital argentina. Lejos de la zona norteña, donde vive la población de mayores ingresos, los habitantes sureños de la ciudad de Buenos Aires sobreviven «al borde del colapso sanitario».
Así lo señaló la Defensoría del Pueblo de la Ciudad tras una investigación iniciada a partir de denuncias de vecinos de barrios del sur capitalino. Se trata de unas 150.000 personas, muchas de ellas residentes de asentamientos precarios en los que hay redes cloacales unidas con alambres y gomas al sistema de saneamiento y en contacto con cañerías de agua potable.
El estudio señala que las obras realizadas por el Estado comunal para garantizar la conexión de las viviendas a la red troncal de cloacas son "incompletas y deficientes", por lo cual se detectan "situaciones de riesgo sanitario" por el vertido de aguas servidas "a cielo abierto".
Carlos Tcholakián, coordinador del Foro Social Nacional de Salud y Medio Ambiente, aseguró a IPS que esta situación "calamitosa" difundida en el informe que presentó la defensoría el lunes por la tarde, es denunciada desde hace dos años por esa organización no gubernamental. "En 2004 pedimos que se declarara la emergencia nutricional y ambiental en la ciudad", dijo.
Según el Foro, en el que están representadas una treintena de organizaciones sociales, en toda la capital argentina hay 180.000 niñas y niños de hasta cinco años viviendo en la pobreza. De ese total, 77 por ciento habitan en la zona sur de la ciudad, 12 por ciento en el este y solo siete por ciento en la porción más rica, el norte.
La capital federal tiene casi tres millones de habitantes, según el sitio web del gobierno "porteño", como se conoce a los residentes capitalinos.
"Los niños viven en un ambiente contaminado, en condiciones de vivienda precarias, y están mal alimentados, por eso venimos alertando que en Buenos Aires puede haber un Chernobyl en cualquier momento", declaró Tcholakián en referencia al desastre ambiental causado por la explosión de la central nuclear ucraniana en 1986.
Esta realidad había sido advertida también por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que en 2005 denunció a los tribunales las diferencias de calidad de los servicios públicos ofrecidos por el Estado y empresas privadas a los habitantes de la capital, según el lugar de residencia.
De acuerdo con la asociación, que denunció al Estado porteño por "discriminación", los vecinos del sur tienen un pobre servicio de limpieza y recolección de basura, menor cantidad de escuelas y hospitales que los exigidos por su matrícula, y servicios de agua, gas, transporte y electricidad que acumulan múltiples quejas de los usuarios.
El alerta de la Defensoría sostiene que el suministro de agua contaminada por vertidos de las cloacas podría afectar sobre todo a los niños con enfermedades como hepatitis, gastroenteritis, cólera, meningitis, fiebre tifoidea y poliomielitis. "Las madres aseguran que sus hijos están permanentemente enfermos", afirma el informe.
De hecho, a raíz de la mayor cantidad de casos de niños afectados por agentes patógenos hallados en el agua en centros de salud de la zona, la defensoría exigió al gobierno de la ciudad un registro pormenorizado de personas enfermas para contar con estadísticas y diseñar la política sanitaria más adecuada.
La oficina del ombudsman (defensor del pueblo) detectó que hay también conexiones ilegales de luz y basurales a cielo abierto por donde deambulan ratas y hasta víboras.
Algunas viviendas precarias fueron erigidas sobre una zona en la que había un "canal aliviador" de un arroyo cercano, destinado a absorber el exceso de agua de lluvia y morigerar las inundaciones en el área.
La ombudsman Alicia Pierini advirtió que "la red cloacal, pluvial y de suministro de agua potable está colapsada" en esa zona de la capital, que incluye Villa Soldati, Lugano, Mataderos y Bajo Flores. Y acusó del déficit a "la falta de mantenimiento, de planificación y de inversión" del Estado.
El área tiene servicios de agua potable y de saneamiento y sistema de alcantarillado pluvial, pero que no han sido conservados ni ampliados. Pierini dijo haber visto en Villa Soldati "cosas increíbles" como caños de agua corriente rotos atados con alambre en zonas anegadas y con olor nauseabundo.
"Aquí existe una gravísima contaminación ambiental, y debemos pensar qué hacer", dijo. Hay que "velar por la plena vigencia de los derechos humanos que están siendo vulnerados", como el derecho a la salud, a vivir en un ambiente sano y a habitar una vivienda digna, recomendó.
El defensor adjunto de la ciudad, Atilio Alimena, explicó que las redes troncales de agua corriente y cloacas llegan hasta los barrios sureños de la capital argentina, pero "las derivaciones que se hicieron no cumplen con las especificaciones técnicas establecidas para preservar la salud", pues muchas de esas conexiones fueron hechas por vecinos.
"La ley establece que el Estado es el responsable de las obras, y no la gente que, a falta de obra pública, hace las instalaciones que necesita", justificó el funcionario.
El ministro de Medio Ambiente de la ciudad, Marcelo Vensentini, reconoció que "hay una crisis" y la atribuyó a "la falta de inversiones" de la empresa de agua potable y saneamiento Aguas Argentinas, un consorcio cuyo principal accionista es la corporación francesa Suez, a la cual el gobierno nacional le rescindió el contrato el mes pasado por diversos incumplimientos.
Una nueva empresa estatal, Aguas y Saneamientos Argentinos, apenas está asumiendo esa función.
Tcholakián coincidió en parte con este diagnóstico. "Falta inversión, asistencia, control, y no es por falta de dinero, porque recursos hay y las obras no son costosas. Pero lo que no hay es voluntad política", acusó el activista social.
Ante este panorama, Oscar Feito, portavoz del jefe de gobierno porteño Jorge Telerman, anunció que éste se reuniría con sus ministros y "no descarta declarar el alerta sanitario en las zonas afectadas del sur de la ciudad".
