El chorro de dinero que el gobierno de Venezuela asignó a la construcción de un complejo azucarero tentó a un ministro, a un general y a otros funcionarios, oficiales y contratistas, que acaban de recibir sanciones del parlamento. Algunos de ellos deberán afrontar un juicio por corrupción.
El general Delfín Parra, ex comandante del regimiento de ingenieros 62, el mayor Orlando Herrera y el capitán Franklin Castillo, subordinados suyos, quedaron detenidos en un cuartel este martes, junto con tres civiles, uno de ellos hermano de Herrera, presos en instalaciones policiales.
Se trata del caso de corrupción más importante ventilado desde que Hugo Chávez llegó al poder, en 1999, y además de la cuantía —de seis millones de dólares asignados a la construcción del complejo azucarero desaparecieron 1,5 millones— se trata de un proyecto caro al mandatario, una agroindustria que se erige en cooperación con Cuba.
Según la comisión de contraloría de la unicameral Asamblea Nacional legislativa (totalmente oficialista), una veintena de personas, entre ellas el ex ministro de Agricultura, Antonio Albarrán, militares, funcionarios, familiares y personas vinculadas, tienen "responsabilidad política" por haber lesionado el patrimonio.
Los parlamentarios hallaron irregularidades cometidas por los principales funcionarios y contratistas, base para las acciones penales que ha emprendido la Fiscalía, aunque exculparon a un coronel de la cadena administrativa, Johnny de Ascencao.
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El periodista Eleazar Díaz Rangel, director del diario caraqueño Últimas Noticias y quien primero ventiló irregularidades en el caso, expresó extrañeza por la absolución de Ascencao, quien "pese a ser uno de los cuatro oficiales responsables del manejo, ni siquiera se lo interpeló".
Tampoco fueron tocados los responsables cubanos de la construcción del complejo azucarero, Floro Mariño, Segundo Reyes y otros 30 técnicos de la isla, quienes no estuvieron en la línea de mando administrativa y no fueron investigados, según Pedro Carreño, presidente de la comisión de contraloría del parlamento.
Chávez ha tejido una fuerte alianza política y económica con su par cubano Fidel Castro, y el petróleo que Venezuela vende al país caribeño es pagado en parte con asistencia técnica en medicina, a cargo de miles de médicos cubanos, educación de adultos, entrenadores deportivos y un puñado de técnicos azucareros.
La joya de los proyectos azucareros de Venezuela, que produce unos 10 millones de toneladas anuales de caña y medio millón de toneladas de refino, es precisamente el complejo víctima de la corrupción, bautizado Ezequiel Zamora.
Zamora fue un líder agrario del siglo XIX que durante la llamada Guerra Federal (1859-1863) ganó su principal batalla en las llanuras de Barinas, suroeste venezolano de donde es oriundo Chávez, gran admirador del guerrero de hace siglo y medio.
Superado el efímero golpe de Estado de abril de 2002 y la huelga petrolera y empresarial de diciembre de 2002 y enero de 2003, el gobierno de Chávez lanzó programas sociales en educación, salud y alimentación, así como una reforma agraria acompañada de financiamiento para empresas estatales, asociativas y cooperativas del campo.
Decenas de millones de dólares se previeron para el proyecto de Zamora, y se financió a centenares de agricultores para la siembra de caña en Barinas, en tanto se encargó al regimiento de ingenieros del Ejército la construcción de la planta física.
El informe parlamentario reconoció que hubiese sido menos oneroso para el Estado la contratación de una empresa privada que el uso del regimiento.
Pero la asignación de la obra al Ejército no extrañó a nadie, pues forma parte de la simbiosis cívico-militar impresa por Chávez (un oficial retirado) a diversos proyectos. Los uniformados han dirigido programas de obras, de asistencia social y de alimentación, despertando denuncias de corrupción que no han prosperado hasta ahora.
Sin embargo, el primer exonerado en el actual caso es un civil, porque el proyecto fue presidido por el ex ministro Albarrán, y la investigación parlamentaria develó que familiares suyos, así como de los militares involucrados, participaron del desvío de fondos.
Cuando se denunció el caso en enero, Chávez animó la investigación desde su programa dominical de radio y televisión Aló Presidente, y dijo que a los oficiales implicados "yo los fusilaría", la primera mención que hace a ese tipo de pena desde que asumió la Presidencia. En Venezuela no existe la pena de muerte desde 1863.
Pero cuando dos semanas atrás se efectuó un recambio en su equipo ministerial, Chávez elogió a quienes dejaban el gabinete, Albarrán incluido. El fiscal general Isaías Rodríguez dijo que el ex ministro "hasta ahora no aparece comprometido en hechos penales", por lo que no se ha ordenado su enjuiciamiento.
El almirante Orlando Maniglia, ministro de Defensa, sostuvo que se reunió con los oficiales inculpados y les recomendó encarar la situación, sin irse del país. "Hicimos en la Fuerza Armada un consejo de investigación, cumplimos con todo lo establecido", aseveró..
Oficialistas y opositores se quejan constantemente en Venezuela tanto de la corrupción como del despilfarro y la burocracia, pero casi siempre mediante consideraciones genéricas de portavoces de la oposición u oficialistas disidentes, invariablemente replicadas con exigencias de pruebas del lado gubernamental.
La semana pasada, el abogado Gerardo Blyde, del partido opositor Primero Justicia, denunció que nada menos que el contralor general de la República, Clodosvaldo Russián, miembro del Poder Moral (uno de los cinco poderes del Estado venezolano) cobraba doble sueldo, como funcionario activo y jubilado.
El parlamento inició una investigación de corruptelas por más de medio millón de dólares en otras explotaciones agropecuarias o agroindustriales financiadas por el Estado. Un general ha sido el presidente de una de ellas, dedicada a producir pasta de tomate.
El ex presidente del Banco Interamericano de Desarrollo y actual secretario del sistema de cumbres iberoamericanas, el uruguayo Enrique Iglesias, ha dicho que la corrupción en América Latina consume el equivalente a 10 por ciento de los presupuestos nacionales.
