La reunión de este miércoles entre los presidentes Néstor Kirchner, de Argentina, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, fue suspendida este martes por diferencias sobre el documento que debían firmar, relativo a las plantas de celulosa en construcción en la costa uruguaya de un río compartido.
El encuentro en la residencia campestre presidencial de Anchorena, en el sur de Uruguay, concertada para hacer públicos los términos de un acuerdo discutido hace meses, podría realizarse la semana próxima.
La Presidencia uruguaya hizo saber en un comunicado que la reunión "fue pospuesta hasta nuevo aviso, ya que las partes necesitan más tiempo para ajustar detalles del documento conjunto que está en elaboración".
La suspensión es un traspié para la diplomacia silenciosa que intenta abrirse paso desde hace muchos meses hacia la solución del conflicto entre Montevideo y Buenos Aires por la autorización uruguaya a la construcción de dos plantas de celulosa sobre la margen oriental del limítrofe río Uruguay, de administración compartida.
Según pudo saber IPS, algunas premisas de ese acuerdo implicaban la no relocalización de las plantas y el mantenimiento de la tecnología de blanqueo de celulosa con dióxido de cloro anunciada por las dos corporaciones que construyen las fábricas —la finlandesa Botnia y la española ENCE—, y conocida como libre de cloro elemental.
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Otros aspectos incluían la designación de una comisión muy reducida de expertos de los dos países para analizar los posibles impactos ambientales de las fábricas y efectuar recomendaciones, en un plazo no menor a 10 días y no mayor a 90.
Además, los gobiernos iban a establecer un organismo común para el control de las industrias cuando estuvieran en funcionamiento.
El cambio de planes de este martes lleva implícita la disconformidad de una de las partes con la forma y condiciones que este entendimiento iba a tener en el papel.
Buenos Aires viene cuestionando las autorizaciones otorgadas entre 2003 e inicios de 2005 a las dos plantas y a un puerto privado vinculado a una de ellas, pues Montevideo no notificó a la binacional Comisión Administradora del Río Uruguay, como corresponde en el caso de proyectos que puedan afectar el entorno fluvial.
Las preocupaciones ambientales son el motivo de protestas de residentes de la ciudad argentina de Gualeguaychú, emplazada a 25 kilómetros del lugar donde se construyen las plantas. Estos activistas bloquearon durante 45 días uno de los tres puentes internacionales con Uruguay.
Los cortes dañaron el turismo y el comercio uruguayos, y dieron motivo a que Montevideo reclamara a su vez el respeto a la libertad de tránsito de bienes y personas, consagrada por el derecho internacional y tratados regionales.
Durante el pasado verano austral, el conflicto marcado por los bloqueos de las carreteras y una retórica nacionalista alimentada por los dos gobiernos llegó a su máxima tensión.
Sin embargo, los gobiernos de Vázquez y Kirchner no dejaron de mantener conversaciones regulares de forma reservada, que fueron marcando el camino hacia un entendimiento.
De hecho, los términos generales estaban más o menos delineados desde hacía tiempo. El 1 de marzo, IPS anticipó que una "solución técnica" había sido alcanzada y consistía en establecer estándares de calidad para las dos plantas superiores a los aplicados en la región y la supervisión conjunta de su funcionamiento.
Pero materializar el acuerdo requería concesiones básicas: para Kirchner era la suspensión de la construcción de las plantas por 90 días. Para Vázquez, el fin incondicional de los cortes de carreteras.
Ambos mandatarios llegaron a fines de febrero reconociendo la legitimidad del reclamo del otro, una tarea que les llevó tiempo lograr a sus emisarios, el secretario de la Presidencia de Uruguay, Gonzalo Fernández, y el jefe de Gabinete de Argentina, Alberto Fernández.
Muchos en Uruguay se sorprendieron cuando Vázquez y Kirchner se juntaron el 11 de marzo en Chile y, sin aviso previo, plantearon a los otros actores del conflicto sus condiciones para comenzar una negociación pública: el cese del bloqueo carretero y la suspensión temporal por un máximo de 90 días de la construcción de las plantas.
La semana pasada, los activistas de Gualeguaychú y de la también argentina ciudad de Colón, aguas arriba del Uruguay, levantaron la medida de protesta.
Hubo que esperar hasta el domingo y el martes para que Botnia y ENCE anunciaran respectivamente la suspensión de las obras por un plazo máximo de 90 días, luego de considerable presión sobre ellas y de varias reuniones con autoridades uruguayas.
Este martes por la noche, los vecinos de Gualeguaychú realizaron una "caceroleada" y un apagón con el fin de recordar a los dos gobiernos que "los entrerrianos no quieren la instalación de las papeleras", dijo al diario argentino Página 12 Ana Angelini, asesora legal de la Asamblea Ambiental de esa ciudad.
Este reclamo es el que a todas luces ha perdido terreno en la solución vislumbrada, y por ahora postergada, por los dos gobiernos.
