Un proyecto de ley que el gobierno español presentará el viernes al parlamento impondrá la negociación obligatoria de planes de igualdad de género en las empresas y en las Fuerzas Armadas, pese a fuertes diferencias con los empresarios y, en menor medida, con los sindicatos.
La proyectada ley de igualdad de género establecerá obligaciones para las empresas, tanto en la contratación como en los derechos laborales y sociales de las trabajadoras, así como en el sistema público de seguridad social. El gobierno cuenta con apoyo suficiente en el parlamento para anticipar su aprobación.
Almudena Fontecha, secretaria de igualdad de la Unión General de Trabajadores (UGT, socialista) y Carmen Bravo, secretaria de la mujer de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO, de tendencia comunista), coincidieron ante IPS en que la norma constituirá un avance en la lucha por mejorar la situación de la población femenina.
Pero aún falta mucho para que sean legislados y respetados todos los derechos de igualdad, añadieron.
Fontecha y Bravo hablaron poco después de que dirigentes de las dos mayores centrales sindicales se reunieron con el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, para informarse de las modificaciones realizadas al proyecto, en el que se recogen varias propuestas de UGT y CCOO.
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Asimismo, Fontecha subrayó que valoraba la posición ministerial porque "es un paso más hacia la igualdad real", no solo en el reconocimiento de los derechos sino también en medidas para que se respeten.
Lo más importante, añadió, es que la nueva ley obligará a todas las empresas a negociar en los convenios colectivos medidas de igualdad y no solamente a aquellas que tengan más de 250 puestos de trabajo, como se establecía en el primer borrador del proyecto.
Otros beneficios contemplados por el proyecto son la negociación obligatoria de planes sobre el acceso de hombres y mujeres al empleo, así como la promoción y la formación para detectar y evitar problemas de discriminación de género.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) manifestó su rechazo frontal a la iniciativa, pues la aplicación de las medidas previstas crearía incertidumbre e inseguridad jurídica en las relaciones laborales.
El primer texto del proyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo y discutido con representantes de la sociedad civil incluía una serie de derechos, pero sin establecer normas para asegurar su goce.
Una cosa es reconocer derechos, "lo que no está mal", y otra muy distinta legislar para ponerlos en práctica "y en eso hemos logrado avanzar", subrayó Fontecha.
Al finalizar la reunión, Caldera se mostró muy satisfecho por el "acuerdo", mientras explicó que las diferencias con la CEOE obedecían a que "el grado de aproximación" con la patronal "es un poco menor" que el registrado con los sindicatos.
Pero las sindicalistas subrayaron a IPS que no hubo "acuerdo", sino la aceptación del ministro de buena parte de las propuestas de las centrales sindicales y un intercambio de informaciones.
Entre las medidas incorporadas, se amplía el permiso de paternidad (licencia para que los padres atiendan a sus hijos recién nacidos) de dos a ocho días y se estipula que pueda gozarse en el transcurso de las 16 semanas de la baja de maternidad o inmediatamente después de ésta.
Las sindicalistas observaron que continuarían luchando para que dicho permiso fuera extendido cuatro semanas más.
La nueva ley incluirá la ampliación del permiso de maternidad en dos semanas si el recién nacido fuese discapacitado, y permitirá ejercerlo tanto a la madre como al padre. Además, la prevista jornada reducida se extiende para padres o madres con hijos de hasta ocho años de edad.
Caldera consideró un avance la modificación del plazo de aportes de las trabajadoras para beneficiarse de la protección social por maternidad.
En la actualidad se requiere haber cotizado al menos 180 días en los últimos cinco años para tener derecho a ese beneficio, mientras el proyecto amplía el plazo a siete años. Además, la ley también permitirá acogerse a las mujeres que sólo hayan cotizado un año en toda su vida laboral, añadió el ministro.
Otras modificaciones aceptadas por el Ministerio y presentadas por CCOO y UGT contemplan el reconocimiento del permiso de paternidad a los trabajadores autónomos, y su extensión a los casos de adopción o acogimiento de menores.
Caldera anticipó que en el nuevo texto se han incluido capítulos que equipararán la situación de hombres y mujeres en las Fuerzas Armadas.
El ministro de Defensa, José Bono, declaró el martes que en las Fuerzas Armadas debería haber tantas "generalas" como generales porque así "irán mejor los ejércitos".
España es el país de la Unión Europea con mayor proporción de mujeres en las Fuerzas Armadas, 16.311, equivalentes a 13,5 por ciento del total. Francia tiene 12,8 por ciento y Holanda y Gran Bretaña, nueve por ciento.
Otro punto pactado es que la nueva ley impulsará la equiparación de los salarios que perciben hombres y mujeres, hoy distanciados en 30 por ciento a favor de los primeros.
Fuentes del gobernante Partido Socialista Obrero Español señalaron que se continuaría impulsando la igualdad en el parlamento.
En España, 36 por ciento de los escaños de diputados y senadores están ocupados por mujeres, muy cerca del primer puesto ocupado por Noruega, 37,9, y Dinamarca, 36,9. En Gran Bretaña el porcentaje es de 19,6, en Francia de 12,2, y en Italia de 11,5.
