Las reformas económicas de los años 90 y el aumento del gasto público en el último lustro no mejoraron la protección social en los países latinoamericanos, donde 60 por ciento de la población aún carece de un seguro, indicó este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
"La región tiene un nivel de protección bajo. Sólo cuatro de cada 10 latinoamericanos y caribeños se benefician de algún sistema de protección social", señaló el secretario general de la Cepal, José Luis Machinea, en el comienzo del trigésimo primer período de sesiones de esta comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolla en la capital uruguaya hasta este viernes.
Machinea, acompañado de la vicecanciller de Uruguay, Belela Herrera, adelantó en conferencia de prensa el contenido de un documento que se presentará este miércoles y que incluye un diagnóstico sobre la protección social en la región y propone rediseñar los planes de salud y de previsión social, así como los programas de lucha contra la pobreza.
La Cepal calcula que el número de pobres en América Latina y el Caribe ascendió en 2005 a 213 millones, de los que 88 millones estarían en pobreza extrema o indigencia. Estas cifras equivalen respectivamente a 40,6 y 16,8 por ciento de la población total de la región.
Machinea, ex ministro de Economía de Argentina, dijo que el diseño de las reformas liberales de los años 90 "no se adecuó a la realidad de los mercados laborales de la región, al escaso y volátil crecimiento económico, a la lenta generación de empleo y al incremento de la informalidad, que alcanzó 47 por ciento del empleo total al comienzo de esta década".
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En tanto, sostuvo que el aumento del gasto público en políticas sociales no fue suficiente para combatir la pobreza. Se necesita también hacer énfasis "en el desarrollo productivo y en el fomento de pequeñas y medianas empresas", afirmó.
De hecho, el gasto público social se incrementó en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, aunque no logró revertir la pobreza.
La inversión pública en seguridad y asistencia social pasó en promedio de 12,8 a 15,1 por ciento del producto interno bruto (PIB), lo que significa que el incremento fue de 39 por ciento por habitante en términos reales.
Sin embargo, existe una gran heterogeneidad en la región. Cuba es el país con mayor gasto social, con 29,3 por ciento del PIB, seguido por Uruguay, con 20,9 por ciento, Argentina, 19,4 por ciento, Brasil, 19,1 por ciento, y Costa Rica, con 18,6 por ciento.
En el otro extremo, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Trinidad y Tobago destinan menos de 7,5 por ciento.
"Ningún diseño de sistemas de protección social, ningún aumento del gasto social va a resolver los problemas de equidad si los países no crecen y tienen una estructura productiva más diversificada de lo que tenemos hoy, y donde las pequeñas y medianas empresas tengan más relevancia", sostuvo Machinea.
La Cepal pronosticó que, en 2006, la región de América Latina y el Caribe completará cuatro años consecutivos de crecimiento a una tasa promedio de 4,3 por ciento, lo que considera "insuficiente para corregir los desequilibrios que afectan a los mercados de trabajo".
El período de sesiones de la Cepal reúne cada dos años a sus 42 estados miembro y a siete países asociados para analizar el desarrollo económico, social y ambiental de la región, así como las actividades de la comisión en el bienio anterior.
Se esperan unos 200 delegados gubernamentales y 100 representantes agencias de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil.
En Montevideo, la Cepal analizará el documento "La protección social de cara al futuro: Acceso, financiamiento y solidaridad", adelantado en parte este lunes por Machinea y en el que la comisión admite la necesidad de revisar sus planteos anteriores "en función de los nuevos contextos históricos".
La Cepal reconoció que la generación de empleos por sí sola, como se predicaba en los 90, no mejora la protección social de la población.
"La principal razón que lleva a repensar los mecanismos instituidos de solidaridad con fines de protección social es que el mercado del trabajo no ha mostrado una capacidad incluyente, ni en términos de creación de empleos de calidad ni en términos contributivos", señala el documento.
"Por lo mismo, ni a corto ni a mediano plazo podrá ser el único mecanismo utilizado para proteger al grueso de la población frente a riesgos relacionados con la falta de ingresos, la salud y el envejecimiento, entre otros", añade.
Machinea dijo que antes "se pensaba que el empleo era el canal adecuado para la protección social, pero la realidad demostró que ese canal no funcionó bien, no sólo porque el desempleo es muy alto, de cerca de 10 por ciento en la región, sino además porque casi 50 por ciento de los que trabajan en América Latina y el Caribe lo hacen en sectores informales, donde la protección social es mínima".
El documento de la Cepal propone a los gobiernos adoptar un "pacto social" por el cual se integren los sistemas de protección social contributivos, basados en los aportes salariales de los trabajadores o de sus empleadores, con los no contributivos, financiados mediante rentas generales.
Asimismo, subraya la importancia de "realzar la eficiencia en el uso de los recursos para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios, en especial para los sectores de menos ingresos".
El documento será presentado oficialmente este miércoles, cuando finalice la fase técnica de las sesiones y comiencen los debates entre los representantes gubernamentales.
Ese día se harán presentes en las sesiones el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, José Antonio Ocampo, y la directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Rebeca Grynspan.
