La política privatizadora del gobierno de Tailandia quedó en suspenso tras una histórica resolución judicial que frenó la venta de la compañía eléctrica estatal.
"El fallo fortalece nuestra campaña y dificultará la privatización de empresas lucrativas. Estudiaremos la decisión judicial para bloquear otras privatizaciones", dijo a IPS Saree Ongsamwong, directora de la no gubernamental Fundación para los Consumidores.
Saree, una entre los 11 firmantes de la demanda judicial, se refería a la postergada privatización de otras empresas a través de la oferta de acciones en las bolsas de valores, como pretende el gobierno.
La Corte Suprema de Justicia estableció el jueves la ilegalidad de la planificada enajenación de la Autoridad Generadora de Electricidad de Tailandia, prevista por una cifra estimada en 892,5 millones de dólares.
La demanda fue presentada en vísperas de la oferta pública de las acciones de la compañía.
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El juez Charan Hattakam advirtió que la venta estaba rodeada en conflictos de intereses, que crearía un monopolio injusto para los nuevos propietarios, que el tiempo alcanzaba para celebrar audiencias públicas para que la ciudadanía cuestionara o apoyara la operación y que los mecanismos regulatorios eran débiles para evitar abusos como la expropiación de tierras y otros bienes.
"El fallo fortalece la importancia de la participación popular en semejante transacción, que el gobierno había ignorado", dijo Kraisak Choonhavan, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado tailandés. "Y el conflicto de intereses será otra mancha en este gobierno".
Las privatizaciones son un pilar clave de la política del gobierno del primer ministro Thaksin Shinawatra desde que su inicio, en enero de 2001. Y la enajenación de la Autoridad Generadora de Electricidad de Tailandia es un emblema de esta política, dada la envergadura de la transacción.
Rosanna Tositrakul, directora de la Confederación de Organizaciones de Consumidores Tailandeses y una de las demandantes, dijo en noviembre a IPS que el tribunal administrativo era su última esperanza de "salvaguardar los beneficios públicos para el pueblo".
El recurso a una acción judicial fue la pieza final en la campaña antiprivatización iniciada en febrero de 2004, cuando miles de trabajadores de la Autoridad Generadora de Electricidad, miembros de otros sindicatos estatales y activistas salieron a las calles con el fin de paralizar la venta de la compañía.
En el momento más candente de esa campaña, 50.000 personas se manifestaron contra la venta frente al edificio de la Autoridad, en la periferia septentrional de Bangkok.
Ambientalistas tailandeses también expresaron preocupación en torno a la venta de la Autoridad Generadora de Electricidad, dados los compromisos efectuados para respaldar la construcción de grandes represas en los vecinos Laos y Birmania.
El fallo de la semana pasada no podría haberse producido en un peor momento para Thaksin, que afronta protestas contra su gobierno desde comienzos de febrero. Sus detractores lo acusan de nepotismo, corrupción y abuso de las instituciones creadas en la joven democracia tailandesa.
Thaksin respondió el 28 de febrero llamando a elecciones anticipadas, que estaban programadas para el domingo, pero sus opositores políticos pretenden que primero renuncie a la jefatura del gobierno, pues de lo contrario boicotearán los comicios.
La referencia de la Corte al conflicto de intereses en el acuerdo por la Autoridad Generadora de Electricidad reafirma demandas de la oposición, presentadas incluso en los inicios del gobierno de Thaksin.
El primer ministro "ya está bajo una tremenda presión de la clase media y de organizaciones civiles para poner fin a su carrera política, a causa de las denuncias de corrupción a gran escala, que lo despojó de su legitimidad para gobernar", sostuvo el diario The Nation.
En su primera reacción al veredicto, Thaksin dijo: "Necesitamos investigar aquello con lo que la Corte se siente incómoda. Y necesitamos medir la comprensión que los consumidores tienen de la privatización."
Parte de la inquietud pública ante la abortada privatización de la Autoridad Generadora de Electricidad tenía sus orígenes en la venta de la igualmente lucrativa y estatal Autoridad del Petróleo, cuyas acciones se vendieron en apenas 70 segundos —entre unos pocos privilegiados— poco después del ascenso de Thaksin al poder.
Las protestas públicas —que ya llevan dos años— contra la venta de la Autoridad Generadora de Electricidad dejaron en suspenso los planes de vender otras cinco empresas públicas.
La Autoridad Metropolitana de Electricidad y la Autoridad Metropolitana de Tratamiento Hídrico iban a ser vendidas en 2004, mientras que la Autoridad de Puertos de Tailandia, la Autoridad Provincial de Tratamiento Hídrico y la Autoridad de Tránsito Expreso y Rápido serían las siguientes, en 2005.
La telefónica estatal era otra de las 59 empresas públicas de Tailandia destinadas a pasar a manos privadas.
La venta de estas empresas estuvo entre las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional como parte del paquete que el mismo ofreció a Bangkok para ayudar a un rescate de las mismas, tras la crisis financiera de 1997.
Para Saree, se trata de una política que generará pocos beneficios al público tailandés. "Las personas que se benefician económicamente de esas ventas son pocas. Los intereses públicos deberían estar primero", opinó la activista.
