Es una decisión sin precedentes en Portugal. El omnipotente Estado fue sancionado por la justicia por no cumplir con sus obligaciones hacía niños desprotegidos, muchos de ellos huérfanos, víctimas sistemáticas de abusos sexuales.
El dictamen del Tribunal Arbitral para las Víctimas de Abuso Sexual, divulgado este miércoles, sentenció al Estado a pagar dos millones de euros (unos 2,5 millones de dólares) a 44 ex alumnos del internado educacional público Casa Pía, por haber permitido por casi dos décadas que jóvenes a su cuidado hubiesen sido víctimas de abusos sexuales.
Sobre 46 acciones interpuestas, el colectivo de tres jueces decidió por unanimidad que el gobierno portugués indemnice a 39 de esos jóvenes el máximo establecido por la ley, que es de 50.000 euros (60.000 dólares), otras cinco víctimas recibirán la mitad de esa suma, y dos de las demandas no fueron aceptadas.
El juez Quirino Soares, que preside el tribunal, explicó que la diferencia se debe a que cinco de las acciones contra el Estado fueron consideradas "parcialmente procedentes" y las dos rechazadas eran "manifiestamente improcedentes".
La decisión de los jueces sorprendió a la opinión pública portuguesa, habituada a que largos procesos contra el Estado normalmente acaban sin una resolución, normalmente debido a "prescripción del presunto delito".
La abogada Ana Vieira da Silva, que representa a las 44 víctimas que serán indemnizadas, manifestó su agrado por la decisión judicial, basada en que fue "probada sin margen de dudas, la condición de víctimas" de los jóvenes.
Según la abogada, existe la posibilidad para que 28 de ellos vean aumentadas sus indemnizaciones, si la fiscalía consigue probar que los reos en el proceso Casa Pía practicaron los crímenes de que son acusados.
En conjunto, los 28 jóvenes exigen una suma global de cinco millones de euros (seis millones de dólares) por daños físicos y morales, oscilando los valores individuales entre los 150.000 euros (180.000 dólares) y los 250.000 euros (300.000 dólares)
El ex ministro de Bienestar Social (2002-2004) Antonio Bagão Félix, quien en junio de 2004 lanzó los cimientos del tribunal arbitral para indemnizar a los alumnos de la Casa Pía, estimó este miércoles que la condena al Estado a pagar dos millones de euros a las víctimas es "ejemplar, pedagógica e histórica".
Para Bagão Félix, "en un país donde el Estado pide responsabilidad a la sociedad, a los ciudadanos, esta es una decisión justa, preventiva y de proyección futura frente a la responsabilidad que el Estado tiene para con los jóvenes, en una materia tan sensible como ésta".
Cuando el tribunal arbitral fue creado en junio de 2004, se vivían días de pleno auge del mayor escándalo de abuso sexual de menores que ha conocido la historia judicial portuguesa.
Dos años antes, en noviembre de 2002, saltó a la luz pública el escándalo de Casa Pía, la principal institución de educación de niños huérfanos e indigentes del país, donde se ocultó por dos décadas una red de explotación sexual infantil, con el silencio cómplice estatal.
Entre 2002 y 2005, cayeron en las redes de la justicia diplomáticos, médicos, abogados y periodistas, mientras el único político acusado, el ex ministro socialista (1999-2001) Paulo Pedroso, detenido en mayo de 2003, fue dejado en libertad tras ocho meses de prisión preventiva, debido a falta de pruebas que demostrasen su participación en 15 casos de abuso sexual de menores.
Tres meses antes, la policía judicial había arrestado a Carlos Cruz, el más célebre animador de televisión de Portugal, y al médico pediatra João Ferreira Diniz, quienes se unieron al hasta entonces único acusado en el caso, Carlos Silvino, un funcionario de Casa Pía que había montado la red, que había sido detenido a fines de 2002.
A comienzos de mayo de 2003 fue detenido, acusado de 11 casos de abuso de menores, Jorge Ritto, jubilado desde 1999 tras una extensa y destacada carrera diplomática, cuyas dos últimas misiones fueron la de embajador de Portugal en Sudáfrica y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en París.
Ese mismo mes fue apresado detenido el abogado Hugo Marçal, hasta entonces defensor de Silvino.
Todos ellos fueron arrestados tras escuchar el testimonio de 700 alumnos de la Casa Pía, la entidad responsable de la educación de 3.500 huérfanos e indigentes, donde los investigadores aseguran haber establecido la consumación de 128 casos de abuso sexual contra niños y niñas.
Los casos de abuso sexual de menores en Portugal lograron poner en jaque la credibilidad del Estado ante una ciudadanía cada vez más escéptica sobre la efectividad de la justicia.
Pasados cuatro años desde el estallido del escándalo, los análisis y editoriales de todos los periódicos del país continúan coincidiendo en que, en el balance final del caso Casa Pía, el gran derrotado será el Estado portugués, porque difícilmente podrá recuperar su credibilidad.
El fallo del tribunal arbitral contó con la contestación de todas las decisiones por parte del representante del Estado.
Sin embargo, los tres jueces decidieron al contrario y al fundamentar su fallo no dejaron grandes dudas sobre los abusos sufridos por las jóvenes víctimas. (
