La Comisión de Derechos Humanos de la ONU se dispone a evaluar la situación en Nepal un año después del golpe de Estado que encabezó el rey Gyanendra, pero los sufrimientos de los indígenas de este país ocuparán un capítulo aparte de la deliberación.
De todos modos, la Comisión postergó en dos ocasiones el inicio de su última sesión anual, que estaba prevista para el día 13, se pospuso para este lunes y luego para el 27 de este mes.
La Comisión de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) evaluará los pasos seguidos por el régimen de Gyanendra para mejorar las condiciones de los derechos humanos desde su anterior sesión, concluida en abril de 2005.
El cuerpo decidió entonces instalar una oficina en la capital a cargo de estudiar las crecientes violaciones de derechos humanos registradas tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2005.
La Comisión que se reunirá en Ginebra basará su análisis sobre el extenso informe del representante de la oficina en Nepal, Ian Martin. Pero faltan en su evaluación las violaciones de derechos humanos sufridos por los pueblos indígenas, según advierte una organización civil.
[related_articles]
"En los informes del gobierno y otras organizaciones de derechos humanos se excluyen las violaciones contra los pueblos indígenas y por eso estamos planteando la cuestión", dijo el presidente de la Asociación de Abogados por los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Nepal (LAHURNIP, por sus siglas en inglés), Shankar Limbu.
Oficialmente se reconocen 59 "naciones" que representan a 37 por ciento de los 25 millones de habitantes de este pequeño país de Asia meridional. Pero otras estimaciones consideran que casi la mitad de la población de Nepal es indígena.
Situada entre China e India, los dos gigantes asiáticos, Nepal ha sufrido en el último decenio los violentos levantamientos de insurgentes maoístas que dejaron un saldo aproximado de 13.000 muertos.
La mayoría de los caídos son aldeanos atrapados bajo el fuego cruzado. Los rebeldes aseguran luchar por justicia social y para eliminar la monarquía. El conflicto sume hoy a más de tres cuartas partes del territorio del país.
"El número de muertos y secuestrados indígenas es grande. Algunos son usados como escudos humanos. Ninguna organización de derechos humanos denuncia la situación", dijo Limbu ante una pequeña reunión de LAHURNIP el viernes, en la cual media docena de personas terminaban de redactar su informe.
Este informe se enviará al relator especial de la ONU para los derechos humanos de los pueblos indígenas, lo elevará, a su vez, a la Comisión de Derechos Humanos.
La empobrecida región centro-occidental de la cual surgieron los insurgentes maoístas, con sus armas caseras y sus bombas fabricadas con ollas a presión, es el hogar de numerosos pueblos indígenas, a cuyos miembros suele acusarse de integrar las fuerzas rebeldes.
Según estimaciones del ejército, los rebeldes contaban el año pasado con entre 6.000 y 7.000 combatientes y entre 20.000 y 25.000 milicianos.
Los insurgentes —unos pocos de los cuales son indígenas— formularon un discurso por la liberación de los pueblos originales, de las mujeres y los dalits (descastados o intocables, según el sistema de castas tradicional hinduista) de la sumisión que sufren en Nepal.
Una media docena de organizaciones combatientes que pelean en nombre de comunidades indígenas nacieron a partir de la insurgencia maoísta, aunque sus motivaciones, objetivos y vínculos con ella no quedan claros.
"Nepal ha sufrido flagrantes violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte del Partido Comunista de Nepal (maoísta) durante la rebelión y las consiguientes las respuestas de las fuerzas estatales", anotó Martin en su informe.
Hay "más preocupación sobre Nepal en el ámbito internacional que en cualquier otro momento desde el 1 de febrero de 2005", agregó Martin en un debate público sobre el informe el mes pasado.
"Para LAHURNIP, la comunidad internacional es 'muy importante'", dijo Limbu. "El gobierno no escucha mucho al público nepalés, por lo que las voces de afuera generan un mayor impacto. Por eso enviaremos el informe."
LAHURNIP espera la participación de otras organizaciones de derechos humanos en la reunión de la Comisión para ejercer presión sobre sus miembros con el fin de que tomen medidas contra el régimen.
A fines de 2005, la Organización Internacional del trabajo (OIT) en Nepal criticó los esfuerzos del gobierno por reducir la pobreza entre los pueblos indígenas.
Criticó a las autoridades de carecer de "conocimiento de los asuntos indígenas, sus antecedentes de discriminación, su falta de fondos y desarrollo de las estructuras institucionales apropiadas y, su ausencia de participación y consulta a los pueblos indígenas en el diseño e implementación de iniciativas de desarrollo y reducción de la pobreza".
Uno de los objetivos de LAHURNIP es que el gobierno ratifique la Convención 169 de la OIT, que obliga a los países a promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas.
"Si el gobierno la ratifica, los indígenas estarán incluidos en los procesos de decisión. El gobierno deberá consultarlos antes de tomar cualquier medida que los afecte", dijo Limbu.
Incluso las iniciativas de desarrollo a veces representan un castigo para los grupos indígenas, agregó el activista.
Hace unos años, por ejemplo, el Departamento Forestal cedió extensiones de tierra a grupos silvicultores comunitarios, "impidiendo a las comunidades sherpa el pastoreo de sus animales, por lo que se vieron obligados a llevarlos a Tibet (territorio ocupado por China) y a pagar impuestos por ello", contó Limbu.
Sucesivos gobiernos intentaron mejorar la vida de los indígenas, pero LAHURNIP reclama que tales gestiones deberían consagrarse por ley, además de respetarse principios como el derecho a la educación en la lengua materna.
La Federación de Naciones Indígenas de Nepal (NEFIN, por sus siglas en inglés), que congrega a varias comunidades indígenas, apoya públicamente los movimientos opositores nacidos en la sociedad civil.
La comunidad de los newar (considerados los pobladores originales del valle de Katmandú) dio el mes pasado un paso más cuando una docena de sus organizaciones llamaron al boicot de las elecciones locales.
El presidente del Foro Nacional Newar, Malla K Sundar dijo a IPS que el éxito de la convocatoria se debió a que se la presentó como un paso más hacia la consolidación de los derechos de la comunidad indígena.
El derecho a expresarse en su propia lengua, la libertad de culto y el reclamo de autogestión son las demandas prioritarias de la comunidad, agregó.
"Queremos que las comunidades indígenas se autogestionen en sus territorios históricos y en aquellos en los que son son mayoría", explicó.
LAHURNIP no incluye esta petición en su informe, pero sí pide compensación por las tierras que les fueran asignadas a las comunidades indígenas por orden real hace 100 años y luego fueran nacionalizadas. "Dentro de sus territorios, los indígenas no tienen tierras", dijo Limbu.
