Políticos y activistas de Kenia presentarán una propuesta para alcanzar una ansiada, y demorada, nueva constitución para este país de África oriental.
Estos sectores rechazaron la creación el 24 de febrero de un comité presidencial dedicado a relanzar la reforma constitucional, congelada tras la derrota de una versión propuesta por el oficialismo en el referendo de noviembre de 2005.
El gobierno promovió la aprobación de ese texto, pero organizaciones no gubernamentales, políticos de oposición y algunos ex ministros de la coalición gobernante hicieron campaña en contra.
Los críticos respaldaban un texto anterior, conocido como "proyecto de Bomas", surgido de las deliberaciones del centro cultural Bomas de Kenia, cerca de la capital.
Esos debates se realizaron durante los años 2003 y 2004, auspiciados por la Conferencia Constitucional Nacional, que reunió a 600 delegados de todo el país con facultades constituyentes.
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Las deliberaciones se basaron en una propuesta preparada en 2002 por la Comisión de Evaluación de la Constitución de Kenia, cuyos miembros viajaron por todo el país recogiendo las opiniones de los ciudadanos sobre las características que debía tener una nueva carta magna.
La novedad principal del anteproyecto de Bomas fue la reducción de la autoridad presidencial y la creación del cargo de primer ministro, para compartir el Poder Ejecutivo con el jefe de Estado.
Los ciudadanos entrevistados por la Comisión para la Reforma expresaron su desacuerdo con un régimen presidencialista con amplias facultades para el primer mandatario, reflejando los temores a repetir una historia de abusos de poder y autoritarismo que marcaron a Kenia desde su independencia.
Pero el oficialismo logró modificar ese proyecto en el parlamento, y la versión finalmente sometida a referendo restablecía los poderes presidenciales, a pesar de que el Poder Legislativo estaba autorizado sólo a aprobar o rechazar en forma general el anteproyecto de reforma de Bomas.
La oficialista Alianza Nacional de Kenia del presidente Mwai Kibaki e integrante de la gobernante Coalición Nacional del Arcoiris, logró que se aprobara la Ley de Consenso, que permitió a los legisladores fieles al mandatario modificar el proyecto a favor de una figura presidencial más fuerte y un primer ministro sin facultades ejecutivas.
Dentro de los sectores que promueven el debate constitucional hay organizaciones de la sociedad civil y del Movimiento Democrático Naranja, que reúne a políticos opositores y ex ministros del Partido Democrático Liberal, parte de la Coalición del Arcoiris. En el referendo de noviembre, los opositores a la reforma propuesta utilizaron el color naranja como símbolo.
Para estos movimientos, lo acordado en Bomas ocupa un lugar central. "Una parte muy importante de nuestra propuesta se basará en el borrador de Bomas", dijo a IPS Mutula Kilonzo, líder del Movimiento Democrático Naranja.
"También sacaremos ventaja de la Conferencia de Bomas, que se suspendió hasta nuevo aviso. Es una maravillosa ventana al país y puede ser convocada nuevamente", aseveró.
Según Kilonzo, un comité asesor del Movimiento creado el 9 de este mes, comenzará a reunirse esta semana para proponer formas de retomar la reforma constitucional.
Asimismo, el Foro Multisectorial, que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza, está organizando una conferencia nacional a celebrarse entre mayo y junio.
En ese ámbito se discutirán los vacíos legales que permitieron al gobierno alterar el anteproyecto constitucional el borrador de constitución, pese a las protestas y reclamos de que la versión de la Conferencia Constitucional reflejaba mejor las aspiraciones de los keniatas.
"Será necesario enmendar la Ley de Consenso que posibilitó al gobierno corregir el texto de Bomas, que era el proyecto popular", dijo Paddy Onyango, director ejecutivo de la Coalición de Ciudadanos por un Cambio de Constitución y líder del Foro Multisectorial.
"Este será el borrador en que se basarán nuestras negociaciones. No veo otro documento con contenido suficiente", añadió.
Algunos aún piden al gobierno un encuentro con el Movimiento Naranja, organizaciones de la sociedad civil y grupos religiosos, con la esperanza de que el texto de Bomas ayude a resolver las diferencias, y a redactar un anteproyecto final para presentar al parlamento o para someter a un segundo referendo.
El gobierno sigue sosteniendo su compromiso de dar al país una nueva constitución.
La ministra de Justicia y Asuntos Constitucionales, Martha Karua, dijo tras asumir su cargo a principios de este año que una nueva carta magna era una de las prioridades del gobierno y que el proceso culminaría antes de las próximas elecciones generales en 2007.
El gobierno de Kibaki, iniciado en diciembre de 2002, había prometido al país que tendría una nueva carta magna en los primeros cien días de gestión.