Tres días después de la entrada en vigencia del alto el fuego permanente declarado por el grupo terrorista vasco ETA, uno de sus frutos más destacables es la mejora de las relaciones entre el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y la principal fuerza opositora, el conservador Partido Popular (PP).
El nuevo clima de distensión se materializará en la reunión que este martes mantendrán en el Palacio de la Moncloa Zapatero y el líder del PP, Mariano Rajoy, primera de una ronda que el titular del Poder Ejecutivo español tendrá con los máximos dirigentes de todos los partidos.
Este lunes se reunió el Comité Ejecutivo Nacional del PP. La conferencia de prensa posterior fue un ejemplo más de que la extrema crispación que caracterizó en los últimos dos años la posición de este partido frente al gobierno está siendo trocada por una actitud de colaboración para la gestión del proceso de paz en el País Vasco.
El secretario de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, dijo a los periodistas que Rajoy iría al encuentro con Zapatero "con espíritu constructivo y prudencia", y aguardaba conocer "la información y orientación que el presidente del gobierno le quiera dar a este asunto".
No obstante, Elorriaga recordó que el comunicado de ETA que verdaderamente espera su partido es el de la disolución definitiva de la organización terrorista. Mientras tanto, dijo, actuará como una "garantía" para los españoles de que los pasos "que haya que dar" después de la decisión etarra de alto el fuego "se desarrollen siempre en el marco del Pacto Antiterrorista".
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El 8 de diciembre de 2000 el hoy gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y el PP suscribieron el "Acuerdo por las libertades y contra el terrorismo", según el cual la lucha antiterrorista es un problema de Estado y, como tal, les corresponde asumirla "a todos los partidos políticos democráticos, estén en el gobierno o en la oposición", aunque la dirección de la misma es responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Dicho documento expresaba "nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo". De hecho, este enunciado no fue cumplido por el PP desde que Zapatero asumió el gobierno en 2004.
Más allá del contenido explícito de las declaraciones de Elorriaga, otros detalles resultan indicativos del cambio que se está operando en la línea política del PP.
En primer lugar, la presencia en la rueda de prensa, como portavoces del partido, de Elorriaga y de Soraya Sáez de Santamaría, que representan el rostro más afable y moderado, muy próximo a Rajoy, de esta colectividad política.
Habitualmente es el secretario general del PP, Ángel Acebes, quien cumple esa función, y quien, como el portavoz del bloque en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, ha encarnado hasta ahora la línea dura, implacable en los ataques al gobierno socialista.
Tanto Acebes como Zaplana, cuya presencia en los medios de comunicación ha sido casi cotidiana, han pasado a un discreto segundo plano desde que se difundió el comunicado de alto el fuego de ETA.
ETA anunció el miércoles 22 en un comunicado "un alto el fuego permanente a partir del 24 de marzo de 2006".
La organización separatista añadió que "el objetivo de esta decisión es impulsar un proceso democrático en Euskal Herria (País Vasco, en euskera) para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como Pueblo nos corresponden y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas".
ETA (Euskadi ta Askatasuna, Patria Vasca y Libertad) nació en 1959, durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), con el objetivo central de luchar por la independencia del País Vasco. En 1968 comenzó su acción violenta, que ha dejado hasta ahora 851 muertos.
En consonancia con el nuevo clima, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco abogó para que "todos rememos en la misma dirección para acabar con el terrorismo" y adelantó que el propósito de la reunión de este martes es conseguir la unidad de acción entre el gobierno y el primer partido de la oposición, a la vez que compartir con éste información.
Al nuevo ambiente de distensión política se sumó un grupo numeroso de asociaciones víctimas del terrorismo, encabezadas por la AVT y el ciudadano y vasco Foro Ermua, que sobresalieron por su alineamiento junto al PP en la agria oposición a la política antiterrorista del Ejecutivo, contra la que organizaron grandes manifestaciones.
En una declaración conjunta, esas entidades admiten que el alto el fuego "puede ser el punto inicial de un proceso que conduzca al final del terrorismo" y consideran esencial la unidad entre el PSOE y el PP para afrontar dicho proceso.
Pero el presidente de la AVT (Asociación de Víctimas del Terrorismo), Francisco José Alcaraz, dirigió este lunes una carta abierta a Rodríguez Zapatero acusándolo de "asumir el lenguaje de Batasuna-ETA", en referencia al brazo político de la organización, cuando, por ejemplo, el jefe del Ejecutivo "habla de proceso de paz, como si de una guerra se tratase", o se refiere a posibles actos terroristas que eventualmente ocurran en esta etapa como "accidentes".
Por otra parte, Alcaraz advierte que "no admitiremos que la dignidad y justicia que merecen las víctimas del terrorismo sean moneda de cambio en esa negociación con los asesinos de nuestras familias".
Al margen de episodios aislados, la prudencia y la mesura son el denominador común de las manifestaciones de los distintos sectores políticos y sociales sobre la decisión de ETA y el ciclo que inaugura. Varias encuestas demuestran el aumento del prestigio de Zapatero y el apoyo de buena parte de la población a sus iniciativas en este aspecto.
La continuación de la oposición frontal del PP en estas circunstancias habría significado una política suicida. Pero su apoyo al Ejecutivo en "el largo y difícil camino que hay que recorrer", como lo definió Zapatero, deberá hacer frente a numerosos obstáculos.
El mayor de ellos es el grado de concesiones al nacionalismo vasco y a ETA que están dispuestos a admitir tanto el partido gobernante como el de la oposición. Oficialmente se afirma la negativa a otorgar concesión política alguna a la organización terrorista y el respeto sacrosanto a las decisiones judiciales en cuanto a condenas y situación de sus militantes.
Sin embargo, resulta difícil imaginar cualquier tipo de negociación que no incluya concesiones. Concebirlo sería tan falso como los desmentidos de Zapatero a los contactos del gobierno con ETA. Hoy se sabe que existieron y tuvieron como escenarios las ciudades de Oslo y Ginebra.
Basta con recordar que los acuerdos de paz entre el gobierno británico y el Ejército Republicano Irlandés incluyeron la salida de la cárcel de casi 80 por ciento de los presos de esa organización que habían cumplido un tercio de sus condenas.
