La vasta mayoría de los inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos se oponen con fuerza, según una encuesta, al proyecto de ley a estudio de la Cámara de Representantes que propone la criminalización y la deportación de extranjeros indocumentados.
La encuesta publicada este martes, basada sobre entrevistas a una muestra muy representativa —800 de los 26 millones de extranjeros con residencia aprobada por las autoridades—, revela la alarma de todas las comunidades de inmigrantes por la existencia en Estados Unidos de lo que consideran un creciente prejuicio en su contra.
"La comunidad inmigrante está alarmada por el tono y la sustancia del debate", dijo Sergio Bendixen, presidente de Bendixen & Associates, la firma encuestadora que realizó el sondeo para New America Media (NAM), asociación de más de 700 periódicos y radios de comunidades étnicas, con sede en el occidental estado de California.
"El resultado de la encuesta me recuerda los de California en 1994, cuando inmigrantes de origen latinoamericano se quejaban de racismo, discriminación y falta de respeto hacia ellos y sus familias a causa del mensaje xenófobo de quienes impulsaban la Proposición 187", sostuvo Bendixen.
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La Proposición 187, norma de iniciativa popular cuya aprobación en las urnas fue impulsada por el entonces gobernador californiano Pete Wilson, del hoy gobernante Partido Republicano, prohibió a las agencias estatales suministrar algunos tipos de asistencia, como servicios de salud o educación, a inmigrantes indocumentados.
El voto de los ciudadanos de origen latinoamericano, indignados por la Proposición, hundió las aspiraciones presidenciales de Pete Wilson. California, "que era un estado oscilante" entre el Partido Republicano y el Demócrata, "se convirtió en un estado profundamente azul", es decir, demócrata, dijo Bendixen.
La encuesta se conoció este martes, en medio de un clamor similar al que desató hace años la proposición, esta vez también originado por el debate sobre proyectos de ley sobre la inmigración.
Alentados por informes según los cuales la presencia en Estados Unidos de más de 10 millones de inmigrantes indocumentados deprime los salarios de la clase obrera y eleva el déficit de la seguridad social, la opinión pública parece cada vez más hostil hacia los denominados ilegales.
Esta hostilidad se ha sumado al temor desde los atentados que el 11 de septiembre de 2001 segaron 3.000 vidas en Nueva York y Washington.
El ataque dejó la sensación de que los terroristas podían infiltrarse fácilmente en Estados Unidos, y surgieron propuestas para aumentar las patrullas fronterizas y construir barreras físicas en el límite con México.
Estas consideraciones ubicaron la inmigración entre los puntos prioritarios de la agenda política, cuando restan apenas siete meses para las elecciones legislativas de mitad de periodo.
En recientes encuestas, más de 80 por ciento de los entrevistados dijeron creer que el problema se había vuelto "serio" o "muy serio".
Los demócratas, tradicionalmente defensores de los derechos de los inmigrantes, mantuvieron un papel bastante discreto en el actual debate.
Los republicanos se han dividido entre el ala proempresarial, que en general se opone a medidas que eleven el costo de la mano de obra barata que representan los ilegales, y el ala populista, en favor de medidas más fuertes para acotar la inmigración.
El ala populista logró en diciembre la presentación de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes, incluso contradiciendo al presidente George W. Bush, quien propone equilibrar cualquier restricción a la radicación de extranjeros con una provisión legal y ordenada de inmigrantes a industrias clave.
Algunos republicanos rechazan con fuerza la iniciativa restrictiva ya avalada por el plenario de la Cámara de Representantes, a la que consideran no solo una mala política sino también la causa probable de un desastre electoral, por la pérdida de votantes de origen latinoamericano.
En su campaña de 2004 por la reelección, el propio Bush hizo avances sin precedentes entre la ciudadanía de origen latinoamericano, que le aportó 40 por ciento de los votos.
Analistas políticos creen que la aprobación final del proyecto de la Cámara de Representantes no sólo revertiría ese avance, sino que también representaría un daño mucho más duradero para el Partido Republicano, como en buena medida ocurrió en California con la Proposición 187.
En las últimas semanas, las advertencias de Bush adquirieron un carácter de urgencia, en medio de la manifiesta oposición a los proyectos de ley manifestada por la Iglesia Católica y, luego, de protestas sin precedentes con decenas de miles de latinoamericanos manifestándose en las principales ciudades estadounidenses.
Como consecuencia, algunos republicanos terminaron apoyando iniciativas patrocinadas por los senadores John McCain, del Partido Republicano, y Edward Kennedy, del Demócrata, que parecen contrarrestar la propuesta aprobada por la Cámara de Representantes.
El proyecto aprobado por el Comité Judicial del Senado el lunes de noche, legalizaría la residencia de inmigrantes hoy indocumentados, siempre que cumplan ciertas condiciones, incluyendo pagar impuestos y aprender inglés.
También establecería un programa de "trabajador invitado" que cada año permitiría el ingreso legal de unos 400.000 inmigrantes que, eventualmente, también podrían obtener la ciudadanía.
Se prevé que el debate en el Senado se procese en las próximas dos semanas. Si esta cámara legislativa aprueba un proyecto, sin embargo, todavía tendrá que reconciliarlo con la aun más controvertida versión de la Cámara de Representantes.
Los patrocinantes del proyecto votado en la Cámara de Representantes, en particular el diputado republicano Tom Tancredo, advirtieron que permitir a los inmigrantes indocumentados legalizar su condición sería "una bofetada" para aquellos que ingresaron a Estados Unidos de modo legal.
La encuesta de Bendixen, copatrocinada por el Centro para el Progreso Estadounidense y la Conferencia de Liderazgo del Fondo de Educación para los Derechos Civiles, fue diseñada en gran parte para someter a prueba la propuesta en discusión en la cámara baja.
De los 800 encuestados, nacidos en 43 países diferentes, 55 por ciento tienen origen latinoamericano, 30 por ciento asiático y el resto africano y europeo. Seis de cada 10 eran ciudadanos, mientras que el resto eran residentes legales. De aquellos con ciudadanía, casi 80 por ciento estaban registrados para ejercer el voto.
Dos tercios de los consultados dijeron que el sentimiento contra los inmigrantes crecía en Estados Unidos. Esa percepción fue especialmente pronunciada entre los inmigrantes latinoamericanos, más de tres cuartos de los cuales la expresaron.
Cincuenta y cinco por ciento dijeron que el sentimiento contra los inmigrantes los había afectado directamente a ellos o algún familiar.
El sondeo halló una abrumadora oposición a las principales disposiciones del proyecto de la Cámara de Representantes.
Casi tres cuartos de los encuestados se manifestaron en contra de arrestar a inmigrantes indocumentados y acusarlos de un delito, y también de negarles la ciudadanía estadounidense a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en este país.
Sesenta y nueve por ciento se opusieron a deportar a todos los inmigrantes indocumentados a su país de origen y dos tercios dijeron oponerse a construir un muro a lo largo de la frontera mexicana.
Al mismo tiempo, el estudio encontró un fuerte apoyo a las disposiciones del proyecto McCain-Kennedy: 80 por ciento aprobaron el programa de trabajo temporal que permitiría a inmigrantes indocumentados obtener residencia legal luego de seis años.
Además, dada la opción entre las principales disposiciones de cada uno de los dos proyectos, 68 por ciento de todos los inmigrantes —80 por ciento de ellos latinoamericanos— apoyaron el de McCain y Kennedy, 19 por ciento el de Bush y apenas ocho por ciento a la versión de la Cámara de Representantes.
El sondeo también reveló un profundo rechazo a los argumentos de naturaleza económica formulados por las fuerzas contrarias a los inmigrantes.
Más de cuatro de cada cinco consultados —y 90 por ciento de los encuestados latinoamericanos— dijeron que los indocumentados toman trabajos que "nadie más quiere hacer", mientras que casi 73 por ciento —84 por ciento de los latinoamericanos— consideraron que los denominados ilegales ayudan a la economía "proporcionando mano de obra barata" más que perjudicar a la economía "haciendo bajar los salarios".
Al preguntársele quién está haciendo un "buen trabajo" en materia de inmigración, sólo 22 por ciento identificó al Partido Republicano, mientras que Bush recibió un favorable 32 por ciento y el Partido Demócrata 38 por ciento.
"No hay ganadores claros", dijo Bendixen, quien también observó que menos de un tercio de los consultados dijeron que el actual debate sobre inmigración era "justo y racional", mientras que 54 por ciento dijo que era "injusto y basado en información errónea".
