La segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) no debería aprobar documentos finales, sino borradores que sirvan para una nueva y efectiva reunión en tres o cuatro años, dijeron a IPS dirigentes de Vía Campesina, la red mundial de movimientos sociales vinculados a la tierra.
No hubo debates suficientes entre los gobiernos, y mucho menos entre estos y la sociedad civil, arguyó Henry Saragih, coordinador general de Vía Campesina, señalando que apenas insumió cinco meses la preparación para la CIRADR, que se celebra desde este martes hasta el viernes en la ciudad brasileña de Porto Alegre.
La participación es insatisfactoria incluso por parte de los gobiernos, ya que solo poco más de 80 están representados en la conferencia.
Esta II CIRADR "no es representativa" sin jefes de Estado y con pocos ministros, sostuvo Egidio Brunetto, miembro de la dirección del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de Vía Campesina en Brasil.
El presidente de este país, Luiz Inácio Lula da Silva, de visita en Gran Bretaña, no pudo presidir la ceremonia inaugural del lunes, y fue sustituido por el vicepresidente José Alencar.
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Además, la conferencia está encabezada por un ministro cesante, acotó Brunetto. El ministro de Desarrollo Agrario brasileño, Miguel Rossetto, elegido presidente de los trabajos este martes, anunció que renunciaría pronto a su cartera para postularse a algún cargo, probablemente de parlamentario, en las elecciones de octubre.
Lula envió un mensaje a los participantes destacando la responsabilidad de la CIRADR en "actualizar la reforma agraria en la agenda de desarrollo del siglo XXI", la urgencia de luchar contra el hambre y la pobreza y la amplitud que obtuvo la cuestión, pues un verdadero desarrollo rural involucra el acceso al crédito, la salud, la educación, la asistencia técnica y reglas justas de comercio internacional.
"La activa participación de los ciudadanos" y la acción conjunta de gobiernos y sociedad civil son indispensables para el éxito de reformas a favor de los pobres, como la agraria, afirmó Lennart Bage, presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), en la primera sesión plenaria de la conferencia.
Revitalizar la cuestión de la reforma agraria, como forma de reducir el hambre, la pobreza y la desigualdad, es una cuestión muy urgente, después de varias cumbres mundiales que destacaron la prevalencia de la pobreza en el campo y la persistencia de 850 millones de hambrientos en el mundo y fijaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, destacó Jacques Diouf, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, promotora del encuentro).
Esos objetivos, a los que se comprometió la comunidad internacional en 2000, incluyen mejoras sustanciales en salud, educación, género, ambiente y desarrollo que deben cumplirse antes de 2015.
Entre esas metas del milenio, la primera es la reducción a la mitad de la proporción de indigentes y de personas que sufren desnutrición.
Es "una realidad inaceptable" tanta hambre en un mundo capaz de producir alimentos para todos, sentenció Diouf, recordando que 75 por ciento de los pobres son campesinos, pescadores o pueblos forestales que dependen de la naturaleza para sobrevivir.
Reducir la pobreza rural es clave, por tanto, para alcanzar la meta y eso tiene relación directa con el acceso seguro a la tierra y a otros recursos necesarios al desarrollo, como inversiones más abundantes, observó Diouf.
El "desarrollo rural sustentable" es el foco de la II CIRADR, "una ocasión única para construir el diálogo entre gobiernos, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil" como paso necesario para reducir la pobreza y la violencia de los conflictos creados por disputas territoriales, sostuvo.
"Estamos lejos de una equitativa, eficiente y sustentable estructura de tenencia de la tierra", 27 años después de la primera CIRADR, dijo Bage, considerando que el control de ese recurso es también clave en una estrategia de desarrollo.
Entre los pobres rurales, Bage destacó a las mujeres y a los indígenas, cuya vulnerabilidad y extrema pobreza tienen como causa principal la imposibilidad de acceder en forma segura a la tierra y a otros recursos naturales. Además, estos sectores tienen escaso poder de influencia para cambiar la realidad.
La globalización, la urbanización, la industrialización y la concentración de capital someten a los pobres rurales a "nuevas formas de competencia con intereses más poderosos", incluso por recursos básicos limitados, subrayó el presidente del FIDA. Pero la diversidad de situaciones permite "muchos caminos" para abatir la pobreza y "no hay solución única" para el acceso a la tierra, destacó.
La ministra brasileña de Ambiente, Marina Silva, en nombre de la delegación de su país, subrayó la necesidad de un desarrollo rural sustentable, lo que impone el desafío de "integrar políticas sectoriales", como la construcción de infraestructura y el fomento agrícola y tecnológico con la cuestión ambiental. "Políticas sectoriales aisladas no promueven el uso eficiente de los recursos del país", declaró.
Pese a los discursos favorables a la participación social, los movimientos campesinos pretenden manifestar su insatisfacción durante los cuatro días de la CIRADR. El hecho de acoger a la conferencia no concede a Brasil la calidad de promotor de una "buena reforma agraria".
La Vía Campesina divulgó un balance en el que reconoce algunos logros del gobierno de Lula, como abatir la represión a los movimientos campesinos y aumentar el crédito a pequeños agricultores familiares, pero señala una cantidad mucho mayor de fallas y omisiones, por dar prioridad al gran agronegocio de exportación en su política crediticia y por no expropiar predios de latifundistas.
Las 400.000 familias a las que este gobierno debería entregar tierras al cabo de todo el período, entre 2003 y 2006, según la meta establecida por Lula, son en su mayoría casos de legalización de predios en los que ya están asentadas, especialmente en la Amazonia, y no un proceso de redistribución, evaluó Joao Paulo Rodrigues, uno de los coordinadores nacionales del MST.
"Hoy no tenemos reforma agraria en Brasil", el proceso está estancado, sentenció el ex obispo de Goiás, Tomás Balduino, presidente de la Comisión Pastoral de la Tierra, órgano de la Iglesia Católica que apoya a campesinos y comunidades rurales, fiscalizando la violencia en el campo brasileño.
Según sus datos, en los tres primeros años del gobierno de Lula fueron asesinados más de 110 campesinos en conflictos por la tierra.
