La consolidación de un sistema internacional para el procesamiento de crímenes de guerra dio un enorme paso esta semana: la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya recibió a su primer detenido, el insurgente congoleño Thomas Lubanga Dyilo.
La entrega a la CPI en la ciudad holandesa de Lubanga Dyilo abre la puerta para más órdenes de detención contra otros acusados de crímenes de guerra en República Democrática del Congo (RDC), que aún sufre remezones de una prolongada conflagración interna.
Lubanga es la primera persona detenida en instalaciones de la CPI. Fue entregado el viernes por las autoridades de RDC, y el lunes se presentó en una audiencia pública en la que se confirmó su identidad.
La oficina del fiscal general, encabezada por el argentino Luis Moreno Ocampo, investiga crímenes cometidos por diversos grupos armados en la oriental provincia congoleña de Ituri, donde también operaba Lubanga, ex líder de la Unión de Patriotas Congoleños (UPC).
"La oficina pretende adoptar un enfoque progresivo, y esta orden de arresto es el primer paso", señaló un portavoz de Moreno Ocampo.
Mientras, la violencia política continúa en la RDC a pesar de los acuerdos de paz firmados en 2002. En marzo de 2004, el gobierno congoleño derivó a la CPI las investigaciones sobre crímenes de guerra cometidos en el país.
La región de Ituri fue identificada como la más afectada por la violencia y la UPC como el grupo más peligroso.
La CPI fue creada en 2001 para castigar crímenes de guerra y contra la humanidad y actos de genocidio. Organizaciones de derechos humanos le cuestionan inercia en la investigación de los casos y en la formulación de las acusaciones.
Como sucedió con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, creado en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los primeros años de la CPI pasaron sin que se realizara ningún juicio.
Moreno Ocampo aseguró que el proceso contra Lubanga, acusado de realizar levas forzosas y reclutar a niños, será más corto que el realizado al ex presidente serbio Slobodan Milosevic, quien murió sorpresivamente el 11 de este mes antes de que el tribunal que lo juzgaba emitiera un fallo.
Desde 2001, la CPI inició formalmente tres investigaciones: una sobre RDC, otra sobre el norte de Uganda y otra sobre la occidental zona sudanesa de Darfur.
El tribunal emitió sus primeras órdenes de arresto el año pasado contra el líder rebelde ugandés Josep Kony y algunos de sus comandantes en el Ejército de Resistencia del Señor. Kony es acusado de reclutar y esclavizar sexualmente a niños y niñas.
Para iniciar sus investigaciones y detener a sospechosos de crímenes de guerra, la CPI necesita ayuda de los gobiernos de los países donde están radicados.
Muchos creen que será difícil juzgar a Kony aun cuando el propio gobierno de Uganda hubiera sido el que derivó la investigación a La Haya. Kampala teme afrontar también un proceso por su papel en el conflicto.
En marzo de 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU derivó la situación de Darfur a la CPI.
Moreno Ocampo informó en diciembre a ese organismo que su oficina había "obtenido un completo panorama de los crímenes cometidos en Darfur desde el 1 de julio de 2002, incluyendo violaciones masivas y asesinatos".
La cooperación de las autoridades sudanesas es necesaria para la completo comprensión de la situación en Darfur y del contexto en que se cometieron los crímenes, subrayó el fiscal, pero sus informes al respecto fueron escasos.
Ante la falta de avances tangibles en estos casos, organizaciones de derechos humanos recibieron con agrado la noticia de la extradición de Lubanga y la consideraron un primer paso hacia el fin de la impunidad en RDC.
"La detención de Thomas Lubanga le ofrece a las víctimas de los horribles crímenes en Ituri cierta esperanza de ver que se haga justicia al fin", sostuvo en un comunicado el director del Programa de Justicia Internacional de la organización Human Rights Watch, Richard Dicker.
"Los civiles ya han pasado por un muy largo y terrible sufrimiento. Ya es tiempo de poner fin a la cultura de la impunidad, y la CPI dio el primer paso hacia ese objetivo", añadió.
Forzar a niños y jóvenes a participar del conflicto es un delito grave, pero el fiscal de la CPI debe también presentar cargos contra los líderes de las milicias por masacres, torturas y violaciones, dijo Dicker.
"La CPI debe enviar una clara señal de que estos crímenes serán castigados", subrayó.
La CPI fue creada por el Estatuto de Roma de 1998, que entró en vigor en julio de 2002. Casi 140 países firmaron el acuerdo y 100 lo ratificaron.
El tratado había sido firmado por Estados Unidos, entonces gobernado por el presidente Bill Clinton (1993-2001), pero el gobierno de George W. Bush, en una acción sin precedentes, retiró su firma.
La CPI tiene jurisdicción sobre crímenes cometidos desde julio de 2002, y todos los estados parte o los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU pueden presentar casos. La evidencia debe ser proporcionada por otras fuentes.
Este tribunal es diferente a la Corte Internacional de Justicia, también con sede en La Haya, dedicada a resolver disputas entre estados.
