Todas las alegaciones de los tres oficiales del ejército uruguayo que serán extraditados a Chile por el asesinato de Eugenio Berríos «están fuera de contexto», según Thomas Ehrenfeld, abogado de la familia del bioquímico y ex agente de la dictadura de Augusto Pinochet.
"Confío plenamente en que se va a concretar la extradición. Tengo la mejor impresión de Uruguay, como un Estado de derecho, democrático", agregó Ehrenfeld, al comentar la oposición de militares en retiro a que sean entregados a la justicia chilena los oficiales Tomás Casella, Wellington Sarli y Eduardo Radaelli
Los tres fueron acusados por el magistrado chileno Alejandro Madrid de integrar una asociación ilícita para el secuestro de Berríos, asesinado en 1993, aunque su cadáver con señales de dos balazos en la cabeza fue encontrado en una playa cercana a Montevideo sólo en enero de 1995.
Berríos fue sacado clandestinamente de Chile a fines de 1991 para impedir que declarara en la causa por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier, cometido en septiembre de 1976 en Washington por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de la dictadura de Pinochet (1973-1990).
En el secuestro y posterior asesinato de Berríos intervinieron militares de Chile y Uruguay, y posiblemente de Argentina, en lo que fue al parecer una de las últimas operaciones en el contexto del Plan Cóndor, la coordinación represiva creada en 1975 por las dictaduras del Cono Sur latinoamericano.
Berríos un científico que desarrolló para la DINA gases letales y otras armas químicas y biológicas, ha sido implicado también en la muerte en una clínica en 1982 del ex presidente demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva (1964-1970), principal figura en ese entonces de la oposición moderada al régimen de Pinochet.
El juez Madrid investiga asimismo probables vínculos del químico con Colonia Dignidad, un enclave de emigrantes alemanes del sur de Chile que sirvió de campo de prisiones, torturas y desapariciones tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
El juez chileno estableció que Berríos fue sacado de Chile por la Unidad Especial de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), una suerte de heredera de la DINA que estaba bajo dependencia jerárquica de Pinochet, quien conservó la comandancia en jefe de esa rama castrense hasta el 10 de marzo de 1998.
Madrid encausó en Chile bajo cargos de asociación ilícita, obstrucción a la justicia y secuestro a los generales retirado y ex directores de la DINE Hernán Ramírez y Eugenio Covarrubias, agregando en el caso de este último el delito de secuestro con homicidio.
Otro cuatro oficiales y tres suboficiales ya retirados que prestaron servicios en la DINE están asimismo sometidos a proceso por diversos cargos, al igual que una ex secretaria de la Unidad Especial y dos civiles, uno de ellos el periodista Emilio Rojas, agregado cultural de la embajada de Chile en Uruguay entre 1990 y 1993.
Entre las decisiones pendientes del ministro Madrid está la de pedir a la Corte de Apelaciones el levantamiento de la inmunidad penal de que goza Pinochet en virtud de un estatuto especial, para investigar su responsabilidad en el caso Berríos. El ex dictador de 90 años ha sido desaforado en otras tres causas de derechos humanos y en una por corrupción.
Madrid interrogó también en las últimas semanas al brigadier retirado Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército, como inculpado por el secuestro del bioquímico y ex agente de la DINA.
Provis está siendo a la vez investigado judicialmente por el asesinato en enero de 1992 del coronel de ejército Gerardo Huber, quien fue eliminado al parecer para ocultar irregularidades en un contrabando de armas chilenas a Croacia en 1991. En este caso también está inculpado el general Covarrubias.
El juez Claudio Pavez, a cargo del caso Huber, se reunió sorpresivamente el jueves con su colega Madrid, con el fin de coordinar el conocimiento de antecedentes sobre los ex agentes represivos involucrados también en el caso Berríos.
"Evidentemente que hay gente que no ha colaborado con la investigación y evidentemente que esa gente tendrá en su oportunidad que responder por las infracciones legales que hubieren cometido", dijo Pavez, confirmando así denuncias de intentos de ocultamiento y obstrucción a la justicia en ambos casos.
El abogado Ehrenfeld apuntó que la DINE es "el hilo conductor" entre los casos Berríos y Huber y que en ese sentido es normal la coordinación que buscan ambos magistrados. En el secuestro y homicidio del químico y ex agente de la DINA "toda la planificación y los autores pertenecieron a la DINE", subrayó.
Con respecto a los tres militares uruguayos extraditados, el abogado expresó su esperanza en que "los hagan llegar lo más rápidamente posible a Chile", donde serán juzgados por tribunales independientes, con todas las garantías procesales.
Ehrenfeld rechazó las aseveraciones de Radaelli, Sarli y Casella, en el sentido de que la investigación del juez Madrid se haya orientado a inculparlos, favoreciendo a su vez a los militares chilenos.
"Eso no es efectivo. A los inculpados en Chile no se les ha ofrecido beneficio alguno. La participación de los tres militares uruguayos (en el delito) se encuentra plenamente acreditada en el juicio", señaló el abogado, quien consideró que los argumentos de los futuros extraditados constituyen sólo coartadas.
Para Ehrenfeld, tampoco tienen sustento las invocaciones que los tres militares hacen de testigos que podrían dar fe de que Berríos gozó de libre albedrío mientras estuvo en Montevideo hacia fines de 1992.
"Está absolutamente comprobado que (Berríos) estuvo secuestrado", subrayó.
El abogado de la familia de Berríos destacó igualmente a IPS que en el juicio de extradición actuaron cinco instancias judiciales en dos países. En Uruguay, un juez, luego la Corte de Apelaciones y finalmente la Corte Suprema de Justicia, mientras en Chile intervinieron un magistrado y también el tribunal superior.
Ehrenfeld concluyó que en este caso se han dado todos los pasos que prevé la ley y elogió la labor profesional y acuciosa del juez Madrid para aclarar un homicidio que permaneció largo tiempo bajo un manto de ocultamiento e impunidad.
