La crítica evaluación de Estados Unidos sobre la situación humanitaria en Cuba preludia enfrentamientos diplomáticos que harán nada fácil el último período de sesiones de la casi extinta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, a partir del lunes 13.
Ese organismo será sustituido por un Consejo de Derechos Humanos cuya aprobación aún se discute en el seno de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), de modo que sus trabajos de este año en Ginebra, su sede habitual, se realizarán en pleno proceso de transformación.
En una ofensiva mayor que en años anteriores, el jefe de la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba (SINA), Michael Parmly, presentó a la prensa extranjera acreditada en La Habana el capítulo dedicado a este país caribeño del texto Informe sobre Prácticas Nacionales de Derechos Humanos 2005, del Departamento de Estado (cancillería), divulgado el miércoles.
El diplomático evitó confirmar si su país presentaría o patrocinaría una moción de condena a Cuba en las sesiones de Ginebra. "Eso lo decide Washington. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que queremos que las instancias internacionales presten atención a violaciones de derechos allá donde ocurran en el mundo", dijo Parmly a una pregunta de IPS.
El informe acusa al gobierno de Fidel Castro de controlar "todos los aspectos de la vida" de los ciudadanos, a quienes niega "el derecho a cambiar su gobierno".
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En el texto también se censuran las detenciones arbitrarias, los abusos cometidos con impunidad por fuerzas de seguridad, las malas condiciones de las prisiones, los casos de "discriminación contra personas de origen africano" y las limitaciones de las libertades de expresión y prensa.
Asimismo, el documento afirma que a fines de 2005 había en Cuba unos 333 detenidos y prisioneros políticos, cifra que coincide con la brindada a principios de este año por la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, no reconocida, aunque tolerada, por el gobierno.
Entre los países más criticados en el informe figura Venezuela, cuyo gobierno encabezado por Hugo Chávez mantiene una estrecha relación con La Habana y una creciente fricción con Washington.
El gobierno de George W. Bush debería poner su propia casa en orden antes de condenar las violaciones de derechos humanos en otros países, dijo el miércoles la no gubernamental Oficina de Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), con sede en Washington.
Aunque reconoció que el informe contenía información creíble sobre graves violaciones cometidas en varios países, como México, Colombia y Guatemala, la entidad exhortó a Washington a renunciar categóricamente a prácticas como el "abuso de detenidos, las prisiones secretas y la tortura".
"Debido a sus propias acciones, Estados Unidos ya no tiene la autoridad moral imprescindible para la defensa de los derechos humanos", sostuvo el director ejecutivo de la WOLA, Joy Olson.
Mientras, en Ginebra circula desde hace unas semanas el informe de la jurista francesa Christine Chanet, representante personal sobre la situación en Cuba de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour.
Resoluciones aprobadas en 2002 y años subsiguientes dieron a Chanet el mandato de investigar e informar sobre el estado de las libertades y garantías básicas en territorio cubano. Pero el régimen de Castro desconoce a la enviada y, en consecuencia, se niega a permitirle visitar Cuba.
Chanet sostuvo que durante 2005 "se registraron nuevas detenciones y condenas de personas que habían expresado abiertamente opiniones políticas disidentes", las cuales se suman a otras 60 que "siguen detenidas arbitrariamente" desde 2003.
Varios detenidos "han hecho huelgas de hambre muy extenuantes", señaló el texto de Chanet, quien recordó que en mayo "fueron expulsados varios periodistas y parlamentarios europeos".
El documento reconoce logros en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en particular en las esferas de la educación y la salud, al tiempo que critica aspectos de la política estadounidense hacia Cuba, entre ellos, "el embargo del que es víctima el pueblo cubano desde hace más de 40 años".
"La tensión extrema entre Cuba y Estados Unidos crea un clima poco propicio para el desarrollo de las libertades de expresión y de reunión", advirtió la jurista, cuyo informe responde a una petición contenida en la moción impulsada por Washington y aprobada en Ginebra en 2005.
Preguntado al respecto, el jefe de la SINA evitó contradecir a la comisionada y dijo respetar su opinión. "Me gustaría que la señora Chanet pudiera venir a Cuba, como ha pedido la comunidad internacional, para ver la situación de los derechos humanos, y en ese momento me entrevistaría con ella", indicó.
La resolución contra Cuba en 2005 fue auspiciada por Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Hungría, Italia, Irlanda, Rumania, Australia, Canadá y Japón. Resultó aprobada, con 21 votos a favor, 17 en contra y 15 abstenciones.
En cambio, no tuvo éxito una resolución presentada por Cuba que pedía se investigara la situación de los prisioneros extranjeros que Estados Unidos mantiene en su base naval de Guantánamo, unos 1.000 kilómetros al este de La Habana.
La Habana rechaza sistemáticamente todas las mociones de censura aprobadas en la Comisión desde 1990 en adelante, con la única excepción de 1998, cuando Washington presentó un proyecto de censura en solitario que resultó derrotado.
Los escasos resultados prácticos de estas resoluciones, las presiones sobre países a la hora de votar y la politización de muchos de sus debates contribuyeron al parecer al descrédito en que cayó la Comisión, máximo órgano de la ONU a cargo de la protección y defensa de los derechos humanos desde mediados de la década de 1940.
Al respecto, La Habana concuerda con la necesidad de reformar ese organismo. "Para nosotros es fundamental ponerle fin, por el estado de cosas, la manipulación y la manera en que se usa contra los países del sur", dijo a IPS un funcionario de la cancillería cubana.
