A pesar de dos semanas de protestas y un bloqueo, la compañía estadounidense Freeport-McMoRan Coper & Gold todavía se aferra a la mina de oro y cobre más grande del mundo, en la oriental provincia indonesia de Papúa, gracias al respaldo del gobierno central.
Los habitantes de las aldeas de Kali Baru y Banti mantienen bloqueado el acceso a la mina, en la localidad de Tembaga Pura, y obligaron a la empresa a detener las operaciones durante la última semana.
La compañía es acusada por los habitantes de Papúa, por el gobierno provincial y por organizaciones no gubernamentales de conspirar con militares corruptos y funcionarios para obtener una autorización a pesar de que sus operaciones dañan el ambiente, así como de evadir impuestos.
La asamblea legislativa de Papúa también ha pedido el cierre de la mina. "Hemos solicitado al gobierno central en Yakarta que clausure a Freeport. Queremos un cierre total de la compañía", señaló el presidente del órgano, Komarudin Watubun.
Por su parte, el presidente del parlamento nacional, Amien Rais, se unió al coro de protestas y señaló que Freeport debía ser clausurada por "tres grandes crímenes".
"El primero de ellos es el crimen ecológico, al destruir la tierra y todo el ambiente. El río Ajkwa, que antes era limpio y verde, ahora se convirtió en un muladar", dijo Rais.
El segundo crimen es "robar concentrados de oro y cobre desde la cumbre de la montaña Jayawijaya, canalizándolos por un ducto de 100 kilómetros hasta el mar Arafura y llevándolos fuera del país durante décadas sin reportarlo".
Rais aseguró tener información confiable según la cual sólo tres por ciento del oro y cobre extraídos por Freeport es reportado.
"El tercer delito es impositivo", dijo el político, y exigió al presidente Susilo Bambang Yudhoyono que revisara el contrato con la compañía, la más grande contribuyente de este país.
El miércoles, manifestantes se reunieron con el delegado de la empresa James Moffet. Las negociaciones continúan desde entonces, pero la tensión aumentó al producirse varios choques con efectivos de las fuerzas de seguridad indonesias, que son pagadas ilegalmente por la firma.
Mientras, en Yakarta, activistas y estudiantes de Papúa marcharon a las oficinas de Freeport en el sur de la ciudad para demandar el cierre de la mina, lo que derivó también en enfrentamientos con la policía.
La semana pasada, manifestantes habían ingresado por la fuerza a las oficinas y destruido sus ventanas y muebles. La multitud sólo se dispersó luego de que la policía lanzó disparos de advertencia.
Freeport apeló a la protección de los militares ante las frecuentes protestas, que en muchos casos terminaron con varios de sus empleados heridos. La firma paga a generales y jefes de policía para que les provean seguridad.
Una investigación de la organización no gubernamental Global Witness, con sede en Londres, reveló los nombres de militares y policías que recibieron en persona dinero de Freeport. El brigadier general del ejército Ramizan Tarigan admitió haber recibido 14.000 dólares durante 2002.
En abril de 2002, Freeport entregó al entonces jefe militar de Papúa, Mahidin Simbolon, 64.000 dólares para un supuesto "proyecto militar". En diciembre de ese año, Simbolon recibió otros 67.000 dólares para un "proyecto humanitario", según Global Witness.
Simbolon es ahora inspector general del ejército indonesio.
En 2003, cuando el gobierno de Estados Unidos impuso reglas administrativas más estrictas a sus compañías, Freeport optó por pagar a la policía local en vez de contratar personal de seguridad propio. Ese año, la empresa habría destinado 200.000 dólares para obtener la protección militar y policial indonesia.
Freeport gastó por lo menos 20 millones de dólares entre 1998 y 2004 para garantizar su seguridad en Papúa, según la investigación de Global Witness.
La firma también ha sido acusada de ocultar sus verdaderas ganancias y de cometer fraudes impositivos. El gobierno central creó un equipo especial para investigar las denuncias.
El vicepresidente Yusuf Kalla subrayó la urgente necesidad de revisar el contrato de Freeport. "Si se demuestra que fraguaron precios o impuestos, no tengan dudas que impondremos una sanción legal", aseguró la semana pasada a periodistas.
El equipo investigador estará integrado por funcionarios de los ministerios de Finanzas, Energía y Minas, con la asistencia de varios legisladores.
Mientras, más militares y policías siguen llegando a las oficinas y dependencias de la compañía en Indonesia.
Este jueves, Freeport negó las acusaciones de Global Witness, pero admitió que contaba con el apoyo de los militares. "Nosotros no sobornamos. Lo que hacemos es darle asistencia a los militares, no en efectivo, sino a través de equipos de comunicación, automóviles y comida", señaló A.R. Soehoed, un directivo de la empresa.
