Con una mezcla de miedo, alegría, tristeza y locas ganas de trabajar la tierra, se han devuelto a la boca del lobo. Son campesinos colombianos desplazados luego de horrendas matanzas, que este mes y a contravía de la guerra, crearon una nueva comunidad de paz en este país.
Los miembros de la Comunidad Civil de Vida y Paz, Civipaz, quieren recuperar sus fértiles fincas donde plantaban café, cacao, maíz y frijol, en la parte alta del río Ariari, en el centro del país, hoy bajo dominio de paramilitares ultraderechistas.
En un terreno de ocho hectáreas, compradas con dineros de ciudadanos españoles que organizaron una colecta espontánea, Civipaz, a 500 metros del caserío de Puerto Esperanza, nació el 18 de marzo. Hace cuatro meses vienen aquí en grupo a preparar el terreno para la siembra y el albergue para cada familia.
Este el cuarto colectivo campesino en Colombia que declara que ningún protagonista armado de la guerra es bienvenido en su territorio.
A partir de agosto de 2004, tras haber sufrido muchos crímenes, están protegidos por una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Desde entonces, cada viaje a Puerto Esperanza es informado oficialmente a la Vicepresidencia, la cancillería, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General.
Esperanza es el nombre del caserío pero también lo que mejor explica el arrojo de estos campesinos.
Son 17 familias, entre ellas 39 niños. En abril llegarán 10 familias más. Muchos vivieron en los últimos años en Villa Nora, un barrio de casuchas improvisadas, de plástico, suelo de tierra y sin saneamiento, aferradas a un barranco en las afueras de Villavicencio, capital del Meta, al sur de Bogotá.
Este grupo es parte de las cerca de 700 familias que a partir de enero de 2002 fueron expulsadas poco a poco por el terror paramilitar de 18 veredas (vecindarios rurales) en el municipio de El Castillo, en el pie del monte andino, al este de la Cordillera Oriental y al norte de la Serranía de la Macarena, unos 65 kilómetros al suroccidente de Villavicencio.
De una en una, 129 familias han regresado ya a esta y otras veredas de la cálida región del Alto Ariari, generosa en aguas, y en la que la compañía estadounidense Occidental Petroleum llevó a cabo entre abril y diciembre una primera etapa de búsqueda de crudo.
Hace dos años comenzaron a acariciar la idea de volver. Hasta que el sábado 18 de marzo se adentraron en tres buses de regreso a su hogar en esta "zona roja", como la denominan militares y paramilitares para indicar que aquí todos, hombres, mujeres y niños, están bajo sospecha de colaborar con la guerrilla.
Esta es una de las cunas de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla campesina surgida en 1964 a partir de las brasas que dejara la guerra iniciada a mediados de los años 40 y que terminó oficialmente en 1957.
Según la Conferencia Episcopal de Colombia, entre 1995 y 2005 cerca de tres millones de colombianos tuvieron que huir de sus hogares, abandonando 4,8 millones de hectáreas. Sólo Sudán y la República Democrática del Congo superan al país andino, de 44 millones de habitantes, en cuanto a población desplazada internamente.
Para llegar a Puerto Esperanza hay que pasar por Medellín del Ariari, bajo control paramilitar.
Del ejército nadie quiere saber nada aquí.
Ningún campesino, hombre, mujer o niño, con los que dialogó IPS duda en decir que aquí el Batallón 21 Vargas del ejército colombiano actuó en connivencia con el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que agrupa a los paramilitares ahora formalmente desmovilizados tras una polémica negociación con el gobierno de Álvaro Uribe.
Desmovilizado el Bloque Centauros, ahora esas fuerzas se hacen llamar Autodefensas del Llano, aunque en la mayoría de los casos ya no se identifican con ningún nombre.
Según uno de los viejos campesinos fundadores de Puerto Esperanza, "la guerra es la misma, la de hace 50 años y la de hoy, (sólo) que se han sofisticado la armas".
"Los grupos que hoy se denominan paramilitares, en ese tiempo se denominaban los 'limpios', perseguían a los gaitanistas (liberales), y el gobierno los amparaba", explicó el anciano.
En los años 50, "los dirigentes del Partido (Comunista) eran perseguidos como persiguen hoy a la mafia. Así ha venido la guerra y a dirigente que hable, campesino que hable, dicen que es comunista, porque dizque los que estudian y los que alegan (discuten) y los que aprenden las leyes son los comunistas", agregó.
Aquí, en El Castillo, hombres y mujeres fueron desmembrados vivos con motosierra, sus trozos desperdigados y nunca devueltos a sus parientes.
Mujeres y hombres, líderes entrañables de la comunidad que son llorados aún hoy, fueron sacados de sus casas, arrastrados y ultimados a tiros o puñaladas en la oscuridad de la noche, torturados o emboscados en los caminos por esas fuerzas irregulares organizadas por hacendados acosados por la guerrilla.
La finca de la comunidad está cercada y a la entrada se lee: "Zona humanitaria exclusiva población civil – Civipaz – Propiedad privada". Los paramilitares dominan todos los alrededores, dice la gente. La guerrilla está mucho más arriba, en la montaña, agregan.
En la inauguración formal de Civipaz, un líder de la comunidad recordó en voz alta el significado de las palabras que se ven en otro letrero.
"Verdad: Necesitamos saber la verdad, por qué el Estado ha cometido tantos crímenes contra nosotros. Justicia: Desde aquí seguiremos exigiendo al gobierno la reparación que tanto nos hace falta, por nuestros 137 muertos y desaparecidos", dijo.
"Las víctimas que han caído en este conflicto están en toda la geografía del país", añadió.
A las dos en punto de la tarde se abrió el broche de la finca, y los viajeros, que habían sido recibidos por unas 200 personas venidas de todas las veredas vecinas, entraron aplaudiendo mientras repetían el estribillo: "El pueblo unido jamás será vencido".
Al pie de un viejo samán al que resolvieron nombrar Árbol de la Vida, con piedras formaron en el suelo un redondel con una cruz, la que pintaron de negro, y sobre cada piedra pusieron los nombres de las comunidades y organizaciones que acompañaron el retorno y los de algunos hombres y mujeres por los que llora Puerto Esperanza.
La vereda La Macarena regaló un bulto de maíz y semillas de maíz y yuca. Mientras recogen las primeras cosechas, las familias de Civipaz tendrán ayuda humanitaria coordinada por misioneros de la orden católica Claretiana y por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, de religiosos y laicos que acompañan la iniciativa.
Las casas que han sido construidas de viaje en viaje no difieren mucho, por ahora, de las de Villa Nora. "Pero al menos éstas tienen suelo de material", dijo a IPS una mujer retornada, con la mirada transparente luego de dormir la primera noche de regreso en el campo "y en lo de uno".
La escuela – internado de Puerto Esperanza, que alguna vez ganó el premio a la más bonita de la región, hoy es un monumento a la destrucción de la guerra. El puesto de salud, otrora equipado "hasta para cirugías", según un campesino del lugar, está desmantelado.
A pesar de las necesidades, la comunidad retornada no pedirá que el Estado garantice los derechos a la educación o la salud. "Porque hemos venido proponiendo que haya reparación, pero no sólo en Puerto Esperanza, sino en toda la región", dijo un líder de la comunidad a IPS.
Así como el Estado puede reparar el puesto de salud o la escuela, también debe reparar a las víctimas "y las demás escuelas de aquí para arriba (hacia la cordillera), las de La Cima, La Esperanza, Los Alpes, La Cumbre, El Retiro, La Floresta, La Esmeralda, Miravalle, Caño Lindo, 20 de Julio, porque por todos estos lados hicieron daños", agregó.
Pronto quedará terminado el cobertizo con suelo de arena y tejas de zinc que servirá de escuela, dentro del predio de Civipaz. Por ahora no hay acuerdo con ningún organismo humanitario que atienda las necesidades de salud.
Si bien rechazan ser custodiados por el ejército, los campesinos quieren en cambio la cercanía de las entidades estatales de control, como la Procuraduría (ministerio público) y la Defensoría, organismo que acompañó el regreso a Puerto Esperanza. (
