Mientras el Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció que se abstendría de atacar las elecciones parlamentarias colombianas del 12 de marzo, las también insurgentes FARC paralizan o casi paralizan al menos 10 departamentos de este país.
La matanza se sumó al ataque el 26 de febrero contra un autobús civil que atravesaba la zona de guerra del Caguán, en el departamento de Caquetá, también en el sur, llevando más pasajeros de los que cabían, y a los que el Ministerio de Defensa había garantizado una escolta militar que no proveyó.
Del ataque resultaron nueve muertos y 11 heridos, incluyendo una niña de nueve años.
Ambos episodios fueron calificados como crímenes de guerra por la Organización de las Naciones Unidas y por entidades no gubernamentales encabezadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París.
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La FIDH pidió al gobierno colombiano que levantase la reserva que impide a la Corte Penal Internacional juzgar crímenes que se cometan en Colombia hasta noviembre de 2009.
"Mantener tal reserva sólo sirve para auspiciar la degradación humanitaria en el conflicto armado que padece Colombia", advirtió la FIDH.
"Desde ningún punto de vista se justifica que las FARC hayan matado a esos civiles. La obligación de los combatientes es proteger a los civiles", dijo a IPS Jorge Castellanos, director de la Corporación para el Desarrollo del Oriente, Compromiso, que observa el panorama de derechos humanos en los nororientales departamentos de Arauca, Norte de Santander, Cesar y Santander, del cual Bucaramanga es capital.
Para Castellanos, las FARC podían haber aprovechado políticamente "el abandono y la irresponsabilidad de las fuerzas armadas para con la población civil" al dejar solo en medio de zona de combates al autobús repleto de pasajeros que había pinchado una rueda.
Podían haber retenido a los pasajeros "en una demostración de fuerza" para probar "que el gobierno no tiene control sobre esa zona", y luego entregarlos a una comisión humanitaria, pero respetando la integridad de los civiles, agregó.
Castellanos recordó que los ocupantes de ese tipo de transportes suelen ser campesinos de la zona o pequeños comerciantes que están buscándose el sustento diario.
"Cobrarles con la vida el hecho de que el gobierno los descuidó es perder el sentido de las proporciones y olvidar el principio humanitario", remarcó.
Al defensor de derechos humanos le preocupa que las FARC hayan cometido un crimen de guerra que no prescribe y que seguramente irá a un tribunal internacional de justicia, pues un acto así no puede ser objeto de amnistías y "lo que hace es enredar más las posibilidades de paz y de negociación en Colombia".
La información sobre la situación militar es fragmentaria en Colombia, que vive un conflicto armado interno de más de cuatro décadas. Lo que se reconoce indica que la guerrilla atacó la distribución de gas en toda la costa sobre el mar Caribe y el suministro de energía en al menos 11 municipios del noroccidental departamento de Antioquia.
El denominado "paro armado" mantiene desabastecidos los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Ecuador, sus vecinos por el norte, Huila, Caquetá y Guaviare, los selváticos Vaupés y Guanía, los petroleros Arauca y Casanare, en el oriente, y Chocó, en la frontera con Panamá.
Las FARC controlan vías en la septentrional Guajira, fronteriza con Venezuela, entre otras regiones. Hasta el jueves, la parálisis había causado pérdidas por 2,2 millones de dólares al sector camionero.
Las acciones de las FARC, el principal grupo armado, fueron interpretadas por la prensa local como un boicot a las elecciones, pero las palabras de la guerrilla podrían indicar otra cosa.
"Lo que está en juego en estas elecciones es el futuro de Colombia, la reconciliación y reconstrucción del país en paz, la posibilidad de los cambios estructurales represados por tantos años, la justicia social, la soberanía y la democracia verdadera", declaró la cúpula de las FARC el 14 de febrero.
"En todo esto debemos pensar los colombianos de cara a los comicios electorales que se avecinan", agregó.
En cambio, un comunicado del comando central del ELN enviado a IPS este viernes es claro al decir que "no realizará ninguna acción militar que afecte la jornada electoral del 12 de marzo".
El ELN, de unos 4.500 combatientes según fuente militar, invita a "mirar hacia los candidatos comprometidos con la paz y que estén dispuestos a apoyar las transformaciones que requiere la nación".
Desde el año pasado, el ELN sostiene en la capital cubana acercamientos de paz con el gobierno del derechista Álvaro Uribe, quien el miércoles lanzó su candidatura a las elecciones presidenciales de mayo y mantiene una guerra total contra las FARC, de unos 46.000 combatientes.
Ambas guerrillas enfrentan al Estado desde 1964 y exigen cambios sociales en este país que registra una de las tasas de desigualdad social más altas del mundo.
En el escenario tercian desde 1982 paramilitares ultraderechistas ligados a narcotraficantes, y agrupados como Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Tras polémicas negociaciones secretas con el gobierno, las AUC han desmovilizado parte de sus hombres y armamento, aparentemente a cambio de no ser sometidos a la justicia internacional.
Uribe ganó su primer mandato en 2002 bajo la bandera de expandir el control militar sobre enormes territorios en manos de la guerrilla. Internacionalmente se percibe que su política de seguridad ha sido exitosa.
A pesar de su tajante rechazo a la acción de esa guerrilla, Castellanos ve que las FARC "están desarrollando una estrategia política en el escenario político (aunque) desde su ámbito como organización en armas que reivindica la política y que plantea su causa como la edificación de una sociedad que respete a las personas".
A través del candidato presidencial opositor Álvaro Leyva, quien se entrevistó recientemente con el comandante guerrillero Manuel Marulanda, también conocido como "Tirofijo", "hemos conocido (à) que las FARC quieren hablar con el país de un proyecto político, una salida política a la guerra en Colombia. Y hay que saber leer lo que están haciendo las FARC", recomendó Castellanos.
Con su ofensiva militar, las FARC "están exigiendo un reconocimiento político, no de terroristas" y están planteando "un cambio en la política colombiana y un diálogo con la sociedad", añadió.
Advirtió que vienen "nuevos hechos militares que van a tener connotación política" y que abrirán espacio a la negociación.
En el marco electoral, en el que el presidente y candidato Uribe ha querido mostrar que la guerrilla está arrinconada, las FARC indican "que no están derrotadas militarmente", a pesar de que cerca de siete por ciento del producto interno bruto de Colombia se destina a seguridad, y de la ayuda militar internacional encabezada por Estados Unidos y Gran Bretaña, remarcó Castellanos.
"Es un mensaje para el mundo, porque en este momento ningún conflicto bélico es aislado", recordó Castellanos, un convencido de que en Colombia "hoy las armas están en crisis, tanto las de Uribe como las de las FARC".
