La orden de la fiscalía general estadounidense de capturar a toda costa, por narcotráfico, a 50 líderes de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es desproporcionada, obstruye la paz y proviene de los mismos «halcones» que causaron la invasión a Iraq, según reacciones recogidas por IPS.
El Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos no publicó el listado completo de requeridos, pero anunció "recompensas por más de 75 millones de dólares por información que conduzca a la captura de 24 líderes" de las FARC, integrantes del secretariado y del estado mayor de esa guerrilla, por lo que algunos vaticinan una "invasión" de cazadores de recompensas en Colombia.
También fueron mencionados tres supuestos miembros de las FARC presos en cárceles colombianas.
"Todas las opciones están sobre la mesa", dijo el fiscal general Alberto Gonzales en una rueda de prensa el 22 de este mes en Washington, en la que informó que un tribunal federal acusó a las FARC de haber "importado" a Estados Unidos y otros países más de 25.000 millones de dólares en cocaína.
Washington considera a las FARC "organización terrorista extranjera" y a partir ahora la acusa de cobrar "impuestos a otros narcotraficantes involucrados en la producción y distribución de la cocaína producida en áreas controladas" por esa guerrilla que lleva 42 años en armas.
Estados Unidos también acusa a las FARC de estar "involucradas en la producción y distribución de la cocaína, pues definen los precios que se pagan a los campesinos colombianos por la pasta de coca —producto intermedio en la elaboración de cocaína—, y transportan la pasta de coca a los laboratorios en la selva bajo (su) control".
"Reconociendo que la cocaína era la fuente de vida de las FARC", sus líderes "recolectaron millones de dólares en ganancias, y utilizaron ese dinero para comprar armas para las actividades terroristas de las FARC contra el gobierno y el pueblo de Colombia", dice el escrito acusatorio, que además atribuye a la guerrilla crímenes propios de las fuerzas paramilitares ultraderechistas que actúan en connivencia con el ejército..
Colombia es el principal productor de cocaína y Estados Unidos su principal consumidor.
El ex ministro de Salud colombiano Camilo González Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), cree que "los mismos halcones que se inventaron las armas de destrucción masiva en Iraq ahora se están inventando los 25.000 millones de dólares" en cocaína que las FARC habrían ganado en el mercado estadounidense.
Estimaciones de varios estudiosos indican que en los últimos 10 años las FARC habrían obtenido ganancias anuales de entre 100 y 150 millones de dólares por sus impuestos al comercio de droga, "lo demás son especulaciones", indicó González Posso a IPS.
"Aunque es una barbaridad de plata, está muy lejos de los 25.000 millones. Esa exageración tan grande es para justificar una mayor financiación de la guerra" colombiana dentro de la estrategia militar de intervención de Estados Unidos relacionada con el entorno político actual en la región andina, añadió.
En febrero, el presidente estadounidense George W. Bush pidió al Congreso legislativo de su país que la ayuda a Bogotá no sólo fuera para fines de la guerra antidroga y contrainsurgente, como hasta ahora, sino también de apoyo a la política de "seguridad nacional de Colombia".
"Las FARC ni son una amenaza continental ni amenazan los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Las están inflando para poder justificar los intereses más guerreristas de la industria militar estadounidense", según el ex ministro.
La medida contra los 50 guerrilleros "tiene que ver con la caída de prestigio de Bush, la crisis en Iraq, la pérdida de credibilidad de su política antiterrorista", en su evaluación.
Los tres encarcelados serán pedidos de inmediato por la justicia estadounidense. Uno de ellos, de alias "Chigüiro", podría no ser la persona que buscan las autoridades judiciales estadounidenses, dijo a IPS el abogado Miguel Ángel González Reyes, directivo de la Asociación de Juristas Demócratas.
Hasta ahora han sido extraditados a Estados Unidos la guerrillera "Sonia" y "Simón Trinidad", capturado en Quito cuando ejercía como negociador de las FARC para el canje de insurgentes presos por policías y militares tomados en combate y de civiles rehenes de la guerrilla, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
Además, entre los "canjeables" en manos de las FARC figuran tres estadounidenses cuya nave fue derribada mientras cumplían labores de inteligencia para el Plan Colombia.
"Sonia" y "Trinidad" son los únicos nombres de guerrilleros que las FARC han dado a conocer de su lista de excarcelables mediante un intercambio humanitario que el presidente Álvaro Uribe se niega a negociar.
Las audiencias públicas del juicio a Trinidad se iniciarán en junio, pero había sido suspendido porque el tribunal consideró que las pruebas de la fiscalía estadounidense eran insuficientes.
Para el abogado González Reyes, defensor del miembro de las FARC Rodrigo Granda, secuestrado en Caracas y hoy preso en Colombia, el caso Trinidad "inaugura una etapa de las extradiciones de personas vinculadas a procesos penales que hacen referencia a delitos eminente y esencialmente de orden político".
Esto "quebranta la Constitución de 1991, que señala que la extradición no será aplicable para delitos políticos como rebelión, sedición y asonada", señaló.
Aunque no existen estadísticas, el jurista cree que unos 2.500 miembros de las FARC están en cárceles colombianas, y se pregunta si acaso todos ellos van a ser señalados de narcotráfico y extraditados a Estados Unidos.
A mediano plazo, González Reyes ve que la medida estadounidense puede afectar un futuro acuerdo de paz con la insurgencia.
"¿En qué condiciones los jefes rebeldes van a iniciar un proceso de diálogo con el Estado colombiano cuando sobre ellos pesa una orden de extradición? Los diálogos se harían sobre la base de un gesto magnánimo del Estado colombiano, el de no extraditarlos", dijo a IPS.
La ex embajadora de Estados Unidos en Colombia y actual subsecretaria de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos, Anne Patterson, dijo el 23 de este mes a la colombiana radio Caracol que aunque "no se hará una acción militar unilateral", su país "utilizará todas las medidas necesarias para traer a la justicia" a los 50 guerrilleros acusados de narcotráfico.
Colombia es el tercer receptor mundial de ayuda militar estadounidense, después de Israel y Egipto. Sólo por cuenta del Plan Colombia fluyeron a este país andino 4.000 millones de dólares desde 2000.
Una de las acciones antidrogas, la destrucción de cultivos ilegales mediante fumigaciones aéreas con una mezcla potenciada del herbicida glifosato, no sólo parece haber perdido eficacia.
La ONU pidió un examen serio sobre el impacto de esas fumigaciones en la salud humana, un reclamo que el gobierno de Ecuador viene haciendo internacionalmente, pues muchos rociados en zonas fronterizas afectan a la población rural del país vecino.
La revuelta de las últimas semanas en Ecuador tuvo en sus inicios como uno de sus ejes el rechazo al Plan Colombia, por las fumigaciones que afectan la frontera.
Pero las protestas también fueron contra la fase contrainsurgente, el Plan Patriota, una masiva operación militar con asesoría estadounidense que incluye presiones a Quito para que sirva de "yunque", en términos militares, en la ofensiva de Uribe contra las FARC en el sur colombiano.
El Plan Patriota ya ofrece millonarias y hasta ahora estériles recompensas por los cabecillas de las FARC, a los que tampoco ha podido dar cacería militar.
