BELARÚS: Democracia y sociedad civil estranguladas

Las elecciones del día 19 en Belarús se desarrollaron en medio de una fuerte ofensiva gubernamental contra la sociedad civil, lo que siembra dudas sobre la transparencia de la votación, adverten activistas.

"Opositores y miembros de la sociedad civil estuvieron bajo amenaza antes de 2006, y el gobierno intensificó la represión desde diciembre pasado", dijo a IPS Julie Middleton, integrante de Civicus: Alianza Mundial para la Participación Ciudadana.

"Las enmiendas al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal aprobadas en diciembre criminalizaron más el disenso, elevando el riesgo de la sociedad civil y el activismo político", dijo Middleton, portavoz del Programa de Vigilancia de la Sociedad Civil de Civicus.

"Con un obvio intento de restringir las protestas durante la campaña electoral, las nuevas convirtieron en delito varios derechos básicos, tales como 'desacreditar a la República de Belarús', la membresía a una organización no gubernamental no registrada, cooperar con gobiernos u organizaciones internacionales en detrimento del Estado, o entrenar a personas para participar en acciones de protesta masiva."

El acto electoral en esta república ex soviética de 10 millones de habitantes fue calificado por activistas de todo el mundo como injusto y defectuoso.

En enero, poco antes de las elecciones, el presidente Alyaksandr Lukashenka declaró que Belarús no experimentaría revoluciones como las que forzaron un cambio de gobierno en Ucrania y Georgia, a través de movimientos apoyados por la sociedad civil.

Es la sociedad civil la que ha sido un blanco continuo de represión desde 2003, dado su potencial de desafiar al régimen autocrático de Lukashenka. Las enmiendas al Código Penal constriñeron aun más a la sociedad civil.

"En los últimos tres años, casi todas las organizaciones no gubernamentales críticas del gobierno de Belarús fueron sistemáticamente silenciadas a través de una serie de leyes y regulaciones represivas", dijo Middleton.

"Registrar una nueva organización gubernamental u obtener legalmente ayuda extranjera se volvió imposible. La mayoría de las organizaciones de derechos humanos actualmente trabajan sin registrarse".

La Ley de Asociaciones Públicas, aprobada en agosto de 2005, consolidó una serie de decretos presidenciales anteriores que restringieron el espacio para que la sociedad civil operara, afirmó Middleton.

"Además, el ministro de Justicia decide si una organización debería registrarse por recomendación de un Comité Republicano para el Registro de Asociaciones Públicas, cuyos miembros son designados por el presidente Lukashenka."

Muchas organizaciones fueron liquidadas por asuntos administrativos simples, dijo Middleton.

"Algunos perdieron su registro porque sus actas de reuniones internas exhiben una versión más breve del nombre de la asociación, o porque una palabra en el sello de la institución usa una letra minúscula donde debería ir una mayúscula", agregó.

"Numerosas autoridades gubernamentales, desde el Ministerio de Justicia hasta las agencias impositivas, tienen derecho a realizar auditorias regulares y extraordinarias de la actividad de las organizaciones no gubernamentales. A menudo, esas auditorías resultan en la liquidación de la organización en los tribunales."

"Tampoco se les permite establecer sus oficinas en apartamentos o casas particulares; siempre deben ser locales no residenciales, pero la mayoría de esas construcciones son propiedad de agencias estatales o compañías controladas por el Estado", explicó Middleton.

Una organización que pasó por esto es Viasna, asociada a Civicus. Viasna perdió su registro, pero continúa siendo una de las instituciones de derechos humanos más activas del país. Opera 17 oficinas en todo Belarús, con abogados en cada una de ellas. Su personal y sus miembros a menudo afrontan amenazas y acoso.

Otra organización, la Fundación para las Tecnologías Legales, también realiza trabajos independientes en materia de derechos civiles, en un entorno oficial difícil y a menudo hostil.

Con esta clase de campaña contra la sociedad civil, pocos creen que las elecciones hayan sido limpias.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) dijo que los comicios tuvieron serios defectos, debido al uso arbitrario del poder del Estado y a las sistemáticas restricciones de los derechos básicos a la libertad de expresión, reunión y asociación.

Políticos de la oposición y activistas, junto con organizaciones de la sociedad civil, fueron consistentemente acosados antes, durante y después del acto electoral, informó Civicus.

Según el Comité para Proteger a los Periodistas, profesionales de los medios de comunicación también sufrieron amenas, detención y arresto, se negó el ingreso al país a periodistas extranjeros y ediciones completas de publicaciones fueron confiscadas por las autoridades.

De acuerdo con Viasna, antes de y durante el proceso electoral, las autoridades de Belarús presentaron 16 denuncias penales contra 21 activistas públicos y políticos, representantes de candidatos demócratas, organizaciones no gubernamentales y movimientos juveniles, ocho de los cuales actualmente están presos.

Varios días antes de las elecciones, las autoridades arrestaron a activistas opositores en todo el país. En total, unas 100 personas fueron encarceladas para cumplir sentencias breves.

En esas circunstancias, "la sociedad civil tiene un rol crítico que jugar en Belarús: demandar democracia y el reconocimiento de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión", dijo Middleton.

"El actual gobierno ve a una fuerte sociedad civil como una amenaza a su régimen, por lo que en los últimos años implementó duras restricciones legales, esencialmente eliminando el estatus legal de casi todas las organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, como demostró en los últimos años y especialmente durante este periodo electoral, la sociedad civil de Belarús no será silenciada, pese a las severas restricciones legales, al acoso e incluso a las amenazas de encarcelamiento", afirmó.

Aunque las organizaciones no gubernamentales fueron muy atacadas en 2003 y 2004, y la mayoría operan sin estar registradas o ilegalmente, según el gobierno, la sociedad civil continúa funcionando, dijo Civicus.

"Las organizaciones todavía son capaces, aunque están sujetas a medidas arbitrarias, de poner información a circular sobre sus actividades y organizar eventos", dijo Middleton. "A causa de esta poca libertad que queda, la sociedad civil ha estado en el frente de batalla a la hora de demandar cambios y respeto por los derechos humanos."

Inevitablemente, la negación de los derechos alineó a muchas organizaciones de la sociedad civil con la oposición.

"Por el ambiente en Belarús, la sociedad civil está naturalmente obligada a codearse con los partidos de oposición, aunque la mayoría sigue siendo independiente", dijo Middleton. "Hay una delgada línea que separa a los activistas de las organizaciones 'públicas' y a los activistas 'políticos', dado que las organizaciones de derechos humanos se manifiestan contra las acciones del gobierno".

"Las protestas de la oposición, que se celebraron en Minsk durante los últimos días, fueron iniciadas por líderes de la oposición, pero se convirtieron en un espacio para todos, incluyendo a la sociedad civil, para expresar su descontento con el proceso electoral y con la represión general de la libertad en Belarús", aseguró.

Pero el alineamiento entre la sociedad civil y la oposición no puede ser demasiado cercano, según Middleton. "Mientras que la oposición y la sociedad civil a menudo se apoyan entre sí, la distancia de la política partidaria es esencial para asegurar su capacidad de analizar los procesos políticos desde una posición relativamente independiente".