Se complicó el diálogo entre Uruguay y Argentina para superar la crisis por la instalación de dos industrias de celulosa en la costa uruguaya de un río compartido. Pero el reclamo de «no a las papeleras» de los activistas argentinos hace agua.
Los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, contrarios a la construcción de las fábricas por sus efectos contaminantes, se declararon en estado de alerta ante la suspensión de la reunión de los mandatarios Néstor Kirchner, de Argentina, y Tabaré Vázquez, de Uruguay, que debía realizarse este miércoles.
Los asambleístas, que cortaron durante 45 días uno de los tres puentes internacionales con Uruguay, reclaman conocer el contenido de lo que negocian los gobiernos y estudian retomar los bloqueos durante la Semana Santa, en abril, aunque para entonces es posible que ya se haya firmado un acuerdo.
Las negociaciones seguían este miércoles a cargo de los emisarios Gonzalo Fernández, secretario de la Presidencia de Uruguay, y Alberto Fernández, jefe del Gabinete de Argentina, ajenos a las cancillerías.
Ambos funcionarios vienen discutiendo desde 2005 un entendimiento cuyas bases generales están acordadas, pero a la hora de plasmarlas en el papel reaparecieron diferencias.
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El lunes estaba redactado un borrador de la declaración que firmarían los presidentes y de los términos de referencia de una comisión binacional a la que se encargaría un estudio del impacto ambiental de las fábricas, dijeron a IPS fuentes en Montevideo.
Pero durante el martes, y por teléfono, las dos partes comenzaron a expresar diferencias, referidas en especial a cuestiones técnicas de los términos de referencia y a la integración de la comisión binacional.
Montevideo quiere un organismo de muy pocos miembros, mientras Buenos Aires intenta ampliar esa integración. El gobierno uruguayo teme que esa pretensión esté dirigida a dar participación en ese organismo a los asambleístas de Gualeguaychú.
Los dos gobiernos coinciden en algunas premisas, la primera de ellas que las fábricas permanecerán en el lugar donde están construyéndose, y la segunda, que no se cambiaría la cuestionada tecnología de blanqueo de la celulosa, con dióxido de cloro.
Otros aspectos generales sobre los que hay acuerdo son la instalación de la comisión binacional encargada del estudio ambiental en un plazo no menor a 10 días y no mayor de 90, dijeron las fuentes.
Dicha comisión deberá asimismo formular recomendaciones y establecer los parámetros sobre los que se basarán los controles a las fábricas cuando estén funcionando. Un organismo conjunto y permanente se ocupará de dichos controles.
La diplomacia silenciosa sufrió un traspié esta semana con la postergación de la cumbre, y nuevamente se alzaron en Montevideo las voces opositoras que cuestionan la forma en que el gobierno de Vázquez está conduciendo este asunto.
Pero lo cierto es que esta diplomacia —a contravía de la retórica agresiva y nacionalista que inundó en los últimos meses los medios de comunicación de los dos países— es responsable de los escasos avances para salir del conflicto.
El principal logro fue que los dos mandatarios reconocieran las concesiones recíprocas mínimas para dialogar. Para Kirchner era la suspensión por 90 días de las obras de la fábrica de la corporación finlandesa Botnia y de la Empresa Nacional de Celulosa de España (ENCE). Para Vázquez, el cese irrestricto de los cortes de carretera.
Ese reconocimiento se hizo público el 11 de marzo, cuando los dos se reunieron en Chile y pidieron "gestos" a los otros actores del conflicto: los asambleístas argentinos y las empresas europeas.
La Asamblea de Gualeguaychú cesó su medida la semana pasada, seguida luego por una decisión similar de activistas de otra ciudad argentina, Colón, aguas arriba del río Uruguay.
Tras considerable presión ejercida sobre las compañías, Botnia anunció el domingo que suspendería las obras, y ENCE hizo lo propio el martes. La empresa finlandesa hará efectiva dicha suspensión a partir del 6 de abril.
¿Qué otra cosa que un diálogo reservado pudo cambiar tan radicalmente posiciones públicas que hasta hace menos de un mes parecían irreductibles?
En los últimos cinco meses, los dos Fernández conversaron y se reunieron en Buenos Aires con frecuencia. Mientras, sus dos gobiernos intercambiaban acusaciones, en general por boca de ministros, viceministros, gobernadores, alcaldes y hasta los propios presidentes, y multiplicaban anuncios de denuncias ante el Tribunal Internacional de Justicia, ante la Organización de Estados Americanos, ante el Mercosur.
Las diferencias por los potenciales efectos contaminantes de la industria de la celulosa en el Uruguay son intermitentes desde 2003, pero escalaron a conflicto a fines de 2005, cuando la comunidad de Gualeguaychú comenzó a cortar el paso internacional.
Los cortes dañaron el turismo y el comercio de Uruguay, y dieron a Montevideo motivo para reclamar algo: el respeto a la libertad de tránsito de bienes y personas, consagrada por el derecho internacional y tratados regionales.
El gobierno argentino cuestionó que Montevideo hubiera ignorado en tres ocasiones notificar a la Comisión Administradora del Río Uruguay que concedía autorizaciones a las dos fábricas y a un puerto privado vinculado a una de ellas, y amenazó denunciar esa infracción en el tribunal de La Haya.
Ambas acciones de Argentina galvanizaron las posiciones en favor de las fábricas dentro de Uruguay y no dejaron ningún espacio para discutir si el modelo de monocultivos forestales e industrialización de la materia prima del papel es el camino de desarrollo que más le conviene a este país.
Las autoridades uruguayas se escandalizaban día a día por la ilegalidad de los cortes de rutas, tolerada y hasta fomentada por autoridades argentinas.
En medio de tanto ruido, muchos en Uruguay se vieron descolocados cuando Vázquez y Kirchner expusieron desde Chile los términos de un entendimiento, que ahora está en suspenso.
