Los países latinoamericanos y caribeños deben revalorizar el papel del Estado para acabar con la desigualdad, ante el fracaso de las reformas de los años 90, coincidieron este miércoles participantes de las sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Las apariencias de las políticas económicas engañan, "pero no la realidad de América Latina y el Caribe. Una región tan rica en recursos naturales, pero tan desigual en términos sociales", dijo el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, al inaugurar en Montevideo el XXXI período de sesiones de esta Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se desarrolla en la capital uruguaya hasta este viernes.
En el encuentro, el secretario general de la Cepal, José Luis Machinea, presentó el informe "La protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad", en el que identifica dos males "que amenazan con volverse crónicos" en la región: el crecimiento económico bajo y volátil, y los altos grados de desigualdad social, pobreza e indigencia.
El énfasis en el crecimiento y en la generación de empleos no resuelve, por sí solo, las desigualdades en América Latina y el Caribe, según la Cepal. Y la solución debe llegar a través de la creación de un "pacto social" y una mayor participación del Estado, relegado por las políticas liberalizadoras de los años 90.
"Hecho el diagnóstico, el pronóstico será bueno siempre que se aplique la terapéutica adecuada, y esa terapéutica la deben aplicar los gobiernos", dijo Vázquez este miércoles, tras calificar de "brillante" el análisis de Machinea sobre la situación regional.
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La Cepal calcula que el número de pobres en América Latina y el Caribe ascendió en 2005 a 213 millones, de los cuales 88 millones estarían en pobreza extrema o indigencia. Estas cifras equivalen respectivamente a 40,6 y 16,8 por ciento de la población total de la región.
La agencia también pronosticó que, en 2006, la región completará cuatro años consecutivos de crecimiento del producto interno bruto a una tasa promedio de 4,3 por ciento, lo que considera "insuficiente para corregir los desequilibrios que afectan a los mercados de trabajo".
El informe asevera que "el mercado de trabajo no ha demostrado capacidad incluyente, ni en términos de creación de empleo de calidad ni en términos contributivos", por lo que no puede ser considerado el único mecanismo " para proteger al grueso de la población frente a los riesgos relacionados con la falta de ingresos, la salud y el envejecimiento".
En la presentación de su informe, Machinea, ex ministro de Economía de Argentina, subrayó la necesidad de aumentar los recursos para combatir la desigualdad, y propuso tres vías para lograrlo: ampliar la recaudación fiscal, incrementar la participación del gasto público social en el presupuesto y mejorar la calidad y el efecto distributivo de los servicios y las políticas sociales.
El estado de bienestar basado en la "sociedad del trabajo", es decir una situación ideal de pleno empleo cada vez más formal, "siempre tuvo un alcance parcial" en la región y sigue teniéndolo, pues los mercados laborales no son la puerta de entrada "universal y dinámica" a los sistemas de protección social, afirma el informe.
El economista reconoció que las reformas de los años 80 y 90 fracasaron en cuanto a formalizar el mundo laboral y ampliar la cobertura de la seguridad social, pues se basaron excesivamente en los "incentivos", en desmedro de los principios de solidaridad, entre otras razones.
En consecuencia, sólo cuatro de cada 10 trabajadores cotizan, y sólo cuatro de cada 10 mayores de 70 años perciben una pensión, aunque en la región hay una gran diversidad de situaciones y experiencias, entre las que se destaca Uruguay, país donde la cobertura de la seguridad social es de 93 por ciento, aseveró.
Machinea llamó a mejorar el alcance de los servicios de salud, pensiones y programas sociales de combate a la pobreza para avanzar hacia sociedades más solidarias.
"Desde los años 90 hemos conseguido avances que felizmente se han mantenido, sobre todo en lo que respecta al control de la inflación y de los desequilibrios fiscales, y el perfeccionamiento de las instituciones fiscales y monetarias. Debemos construir a partir de estos logros, prestando más atención al sector real de la economía", afirmó.
El economista propuso concertar "acuerdos a largo plazo, explícitos e implícitos, entre el Estado y los actores sociales".
"Un acuerdo político básico de los distintos sectores sociales sobre qué debe hacer el Estado ayuda a legitimar el nivel, la composición y la tendencia del gasto público y de la carga tributaria necesaria para su financiamiento", añadió.
La propuesta de la Cepal para lo que considera una nueva generación de reformas a los sistemas de seguridad social, parte del respeto a "los derechos humanos, sociales y económicos" que deben asegurarse a todos.
La Comisión propone que dichos cambios contemplen tres cuestiones. La primera: que el empleo no sea considerado como única puerta de acceso a la seguridad social, mientras la segunda es la búsqueda de equilibrio entre los sistemas basados en incentivos y los de solidaridad en materia de jubilaciones, pensiones y salud.
El tercer elemento se refiere a los cambios demográficos, tanto en los aspectos de envejecimiento de la población, como en la incidencia de enfermedades infecciosas (sida, tuberculosis, etcétera) y las migraciones.
Por su parte, el secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, el colombiano José Antonio Ocampo, subrayó que "sólo los Estados de bienestar avanzados han logrado sociedades equitativas", y destacó que, en América Latina y el Caribe, Cuba, Costa Rica y Uruguay son los países con sistemas sociales más universales y equitativos.
La directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Rebeca Grynspan, señaló que pese a "la gran retórica homogeneizadora de los años 90, en la región existía una gran heterogeneidad" de realidades y experiencias.
"Esta diversidad de situaciones que caracteriza a América Latina se debe reflejar en la discusión. No debe imponerse una receta única, como en el pasado. Hay un abanico de opciones, y se deben incluir las distintas experiencias de la región", afirmó.
El período de sesiones de la Cepal reúne cada dos años a sus 42 estados miembros y a siete países asociados para analizar el desarrollo económico, social y ambiental de la región, así como las actividades de la Comisión en el bienio anterior.
Al encuentro asisten unos 200 delegados gubernamentales y 100 representantes de agencias de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil.
El informe presentado por Machinea toma "los temas centrales que están afectando a la región, una región que crece y se aprovecha de las mejoras de los precios internacionales (de las materias primas), pero los problemas sociales se mantienen", dijo a IPS el senador oficialista uruguayo Alberto Couriel, ex consejero de la Cepal.
Couriel negó que el informe presentado por Machinea supusiera un cambio de enfoque de la Comisión con respecto a décadas atrás.
"En los años 90 la Cepal hablaba de la transformación productiva con equidad, y en la equidad estaban todos los problemas sociales arriba de la mesa. Lo que pasa es que en los 90 se privilegiaron, por parte del Consenso de Washington, las privatizaciones, la liberalización financiera y la liberalización comercial, que agravaron esa situación latinoamericana", indicó.
