La rotura el sábado de la tubería que transporta gas de Camisea, la quinta en 18 meses de explotación del yacimiento enclavado en la selva amazónica peruana, expone una vez más la debilidad del Estado para exigir a las compañías que cumplan con la ley.
Desde el primer derrame de gas líquido, el 22 de diciembre de 2003, debido a la rajadura de una tubería del gasoducto, hasta el cuarto incidente registrado el 24 de noviembre de 2005, el consorcio Transportadora de Gas del Perú (TGP) ha sido multado tres veces por los derrames. Pero la empresa rechazó todas las sanciones.
Fuentes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía (Osinerg), entidad encargada de fiscalizar que las compañías explotadoras de recursos energéticos respeten las normas internas y los estándares internacionales, dijeron a IPS que TGP "ha apelado todas las sanciones porque las considera injustificadas".
El consorcio está compuesto por la estadounidense Hunt Oil, las argentinas PlusPetrol y Techint, la estatal argelina Sonatrach, la sudcoreana SK Corporation y la belga-francesa Suez-Tractebel.
Techint fue encargada de la habilitación de los 731 kilómetros de tuberías para transportar gas líquido y natural desde los yacimientos en el sur hasta las costas occidentales sobre el océano Pacífico.
[related_articles]
Osinerg sancionó a TGP con una multa de 942.000 dólares por los tres primeros derrames de gas líquido, y evalúa un alto monto por el cuarto incidente del 24 de noviembre.
Se encontraba en ese trance cuando el sábado se produjo la quinta rotura del gasoducto, mucho más grave que las anteriores porque generó un incendio en que resultaron heridos pobladores de la localidad selvática de Echarate, en la provincia de La Convención, en el sureño Cuzco.
Un reporte del Ministerio de Salud entregado a IPS señala que hay 25 familias afectadas. Una mujer de 20 años sufrió quemaduras de primer y segundo grado, y una niña de un año de edad resultó intoxicada.
Los médicos han prohibido a los pobladores consumir pescados de los ríos y vegetales cultivados en la zona hasta determinar el grado de la contaminación causada por el derrame.
Un informe de la Defensoría del Pueblo difundido el 28 de febrero ya indicaba que el Estado había sido débil en obligar a acciones más drásticas de TGP para detener los derrames. El documento aseveraba que los montos de reparación a la población por los impactos del tendido no fueron equitativos.
IPS tuvo acceso a un informe de Osinerg de febrero sobre las causas de las fisuras en las tuberías que transportan gas líquido.
El reporte concluye que el primer incidente se debió al suelo inestable sobre el que se construyó la tubería. El segundo por soldaduras que reventaron. Y el tercer incidente se produjo nuevamente por la inestabilidad del suelo. Todavía está pendiente el resultado del análisis del cuarto derrame.
Los accidentes obedecieron a algunos problemas de construcción descritos coincidentemente por la consultora estadounidense E-Tech International en un informe que presentó en Washington al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 27 de febrero.
El BID es el principal financiador público del proyecto Camisea, que tuvo un costo de 1.600 millones de dólares.
El viernes, la consultora ratificó el resultado de su estudio e insistió en que los problemas fueron el uso de Techint de tubos sobrantes de sus tendidos en Brasil y Ecuador, soldaduras deficientes y personal no capacitado para la ejecución e inspección de las tareas.
E-Tech señaló también que Techint hizo el tendido en áreas de tierra inestable, "y de una manera apresurada para cumplir con la fecha de entrega de los trabajos".
La consultora sostuvo además que había seis puntos vulnerables del gasoducto en los que se producirían nuevas roturas y derrames. Cinco días después, se reportó el quinto incidente en el abra de Kepashiato, justamente en uno de esos puntos.
TGP rechazó el reporte de E-Tech, arguyendo que no tenía sustento técnico ni de información, pese a haber sido realizado por el ingeniero Carlos Salazar, ex empleado de la constructora Techint que entre 2002 y 2003 participó en el tendido de las tuberías y la inspección de la obra.
El quinto derrame colmó la paciencia de sectores políticos que virtualmente han tomado la bandera que hasta hace unos días sólo levantaban organizaciones representativas de las comunidades nativas y movimientos ambientalistas.
Los presidentes de las comisiones parlamentarias Juan Valdivia, de Energía y Minas, y Walter Alejos, de Medio Ambiente, dijeron a IPS que el gobierno debía responder por lo sucedido.
"El quinto incidente en tan corto tiempo de operaciones revela que no hay un control riguroso de las operaciones del consorcio TGP", dijo Alejos.
Ese derrame "otorga validez al informe que presentó en Washington (E-Tech) sobre los problemas en la construcción del ducto".
Valdivia señaló que el Estado no ha aplicado "un seguimiento riguroso a las actividades de TGP", y que estaba evaluando solicitar la paralización de las operaciones "hasta que no existan las garantías de seguridad, de acuerdo con los estándares internacionales".
Este jueves se presentaría ante el Congreso legislativo el ministro de Energía y Minas, Glodomiro Sánchez para dar explicaciones.
Dos candidatos a la Presidencia, los ex mandatarios Alan García (1985-1990) y Valentín Paniagua (2000-2001), fustigaron la pasividad del gobierno.
"¿Esperan que se produzca una tragedia mayor?", se preguntó García. "No queremos que haya una explosión para que se inicien las investigaciones. Dicen que el origen de los problemas es una construcción deficiente debido al apresuramiento para entregar las obras de acuerdo con el plazo del contrato. Eso también hay que investigarlo".
Paniagua reclamó una revisión del contrato sobre las normas de seguridad y las sanciones correctivas por incumplimiento y demandó además una auditoría internacional.
"Es notorio que ha habido desidia del Estado, por eso se repiten este tipo de incidentes", indicó.
El primer ministro Pedro Pablo Kuczynski, conocido por su respaldo a la inversión extranjera y con actuación en varias compañías que operan en el país, anunció que el Estado convocaría a una inspección internacional sobre el estado de las tuberías y de las soldaduras, en un intento por morigerar las críticas.
"La auditoría será financiada y controlada por el Estado peruano. No puede haber intervención de TGP", aseguró.
Sin embargo, Kuczynski insistió en su teoría de un supuesto sabotaje. "Qué raro que se haya producido la ruptura en un área en la que una consultora extranjera (E-Tech) advirtió la semana pasada que allí ocurriría", señaló.
Kuczynski insinúa que detrás del informe de E-Tech habría una "conspiración de ambientalistas".
Una comisión especial del Ministerio de Energía y Minas se trasladó al lugar del último derrame para establecer su causa.
"Ni el Ministerio de Energía y Minas ni Osinerg cumplen con su papel", dijo el alcalde de Echarate, Jaime Bustamante, la localidad afectada. "Hay una gran inseguridad entre la población. Por eso vamos a salir a protestar. No vamos a esperar otra explosión".
