Dirigentes ecologistas chilenos dijeron a IPS que el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos mintió a la población y no tuvo voluntad para llevar a cabo el plan de descontaminación de Santiago, un fracaso señalado en un informe de auditores independientes difundido este viernes en Chile por dos medios de prensa.
El informe de tres expertos, un suizo, un estadounidense y un chileno, encargado por la gubernamental Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), señaló que hasta el año 2005 la calidad del aire de esta capital no mejoró significativamente, pese a las 153 medidas propuestas para esos efectos en 2000, lo cual es calificado de "alarmante".
Lagos, quien culminó su periodo de seis años el 11 de este mes con la entrega del cargo a la presidenta Michelle Bachelet, propuso al inicio de su mandato el ambicioso plan de descontaminación a cumplir en 10 años para la Región Metropolitana (Santiago), donde residen seis millones de los 15,6 millones de habitantes de Chile.
La contaminación del aire es uno de los principales problemas de la capital chilena, situada entre la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, pues la cadena montañosa dificulta la circulación de los vientos.
"El informe de los auditores es absolutamente acertado. Claramente apunta que no hubo voluntad política para dar curso al plan de descontaminación, dotándolo de recursos y generando sinergias entre las diversas instituciones públicas", dijo a IPS Sara Larraín, directora del Programa Chile Sustentable, una red de organizaciones ambientalistas.
Rodrigo Herrera, coordinador de Campañas de la filial chilena de la organización internacional Greenpeace, comentó a su vez que la auditoría demuestra que "el gobierno le mintió a la ciudadanía", al publicitar sistemáticamente supuestos logros del plan, como la disminución de los episodios de pre-emergencia ambiental en Santiago.
"Es frustrante comprobar que en cinco años no hay un mejoramiento y eso indica que el gobierno no tomó en serio el tema del medio ambiente y se limitó a dar aspirinas y soluciones de parche", indicó Herrera a IPS.
Los dos activistas destacaron que el informe de los expertos es coincidente en varios puntos con el diagnóstico que hizo en 2005 una misión de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que advirtió la falta de fiscalización y normativas y la necesidad de una fuerte autoridad ambiental.
La Conama no ha hecho público oficialmente el informe, al cual tuvieron acceso los diarios El Mercurio y La Tercera de esta capital.
La Tercera consignó que, según los auditores, de las 153 medidas propuestas en el plan de descontaminación de 2000, para 2005 solo 32 presentaban avances, 84 presentaban atrasos, otras 29 no se habían aplicado y de ocho simplemente no había información en las entidades gubernamentales.
Los expertos indicaron que el atraso de 18 meses en la aplicación del proyecto Transantiago, de racionalización del transporte público, y los tropiezos en la incorporación del gas natural como principal insumo energético, representan dos de los principales obstáculos para mejorar la calidad del aire.
Criticaron también que las autoridades chilenas no hayan adoptado una norma de control de emisiones de las partículas sólidas más finas, conocidas como PM 2,5, que es el más riesgoso para la salud, porque se introduce directamente en los alvéolos pulmonares.
Las estaciones de medición de calidad del aire en Santiago miden sobre todo el material particulado grueso, conocido como PM 10, cuyas emisiones exceden en 75 por ciento os máximos chilenos, más permisivos que los estándares de países industrializados, mientras el monóxido de carbono excede también los límites en 80 por ciento, de acuerdo al informe.
"Durante los últimos cinco años, escasa o ninguna mejora se ha registrado en calidad del aire o reducción de emisiones industriales", añadieron los expertos, quienes indicaron que unas 10.000 empresas generan energía con equipos diesel no registrados, y que para controlar a otras 4.000 industrias existen solo 45 inspectores ambientales en la capital.
Jaime Dinamarca, gerente de Medio Ambiente de la Sociedad de Fomento Fabril, gremio de los empresarios industriales, dijo a IPS que no le correspondía comentar las versiones de prensa sobre el informe, cuya "filtración" a los medios le fue confirmada por Conama, entidad que lo hará público en una fecha aún no determinada.
No obstante, Dinamarca aseguró que "hasta el 2005, el sector industrial ha cumplido todas, absolutamente todas, las metas de descontaminación que se nos fijaron", pese a las objeciones que le merecieron estos planes desde sus primeras formulaciones en 1997 y 1998.
El ejecutivo empresarial remarcó que la industria "es el único sector que ha cumplido todas las metas, incluso algunas del año 2005, mientras otros sectores no redujeron sus emisiones (contaminantes) y, más aún, las aumentaron".
Larraín recordó que en sus participaciones en el Consejo Consultivo de la Conama en representación de la sociedad civil planteó reiteradamente junto al Colegio Médico la necesidad de establecer una norma sobre las emisiones de PM 2,5, lo cual no fue atendido oportunamente por las autoridades gubernamentales.
La dirigente ecologista señaló que el informe no profundiza la relación que tienen los menores suministros de gas natural desde Argentina con la crisis energética en ciernes en Chile y sus negativos impactos ambientales, en la medida en que se aumente el uso del petróleo como fuente.
En ese sentido, recordó la necesidad de poner en marcha una campaña masiva y motivadora de eficiencia en el uso de la energía, priorizar medidas de forestación y áreas verdes y arbitrar mecanismos que den más fluidez al transporte mediante acertados métodos de gestión.
Herrera coincidió con Larraín en la necesidad de enfrentar la contaminación de Santiago desde la perspectiva de una política energética basada en fuentes limpias.
Ambos ecologistas destacaron que tanto el informe de la OCDE como la auditoría de los expertos sugieren fortalecer la autoridad ambiental con la creación de un ministerio de ambiente, una meta comprometida por la presidenta Bachelet que debería concretarse en los próximos meses.
