La pobreza que afecta a casi 40 por ciento de los 103 millones de mexicanos es caldo de cultivo para delitos electorales, como el engaño y la amenaza de suspender apoyos sociales a cambio de votos.
Un ejemplo de este tipo de corrupción se comprobó semanas atrás cuando la policía descubrió cerca de la capital de México y en la ciudad de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, que funcionarios de gobierno nacional y de un municipio se habían apoderado de alimentos y ropa destinados a damnificados de un temporal para entregarlos a otras personas a cambio de apoyo político.
"Ofrecer ayuda social, engañar o poner condiciones por votos lo hemos visto aquí. Pasa seguido", aseguró a IPS Aarón Martínez, quien el año pasado administró el municipio de San Juan Mixtepec, en el sudoriental estado de Oaxaca, donde habitan unas 10.000 personas, en su mayoría indígenas.
En ese empobrecido lugar, donde 44 por ciento de la población es analfabeta y 53 por ciento vive en casas con piso de tierra, sus habitantes acudieron a votar a fines de 2004 por su nuevo presidente municipal, pero fueron engañados por miembros de una organización campesina ligada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), opositor al presidente Vicente Fox.
Los simpatizantes del PRI aconsejaron a los indígenas, que en el pasado elegían su presidente en asambleas abiertas y de forma comunitaria, tachar en la boleta de votación la foto de quien no querían que ganara. Así procedió la mayoría, pero no sabían que ese tache significaba que adherían precisamente por ese candidato.
Los indígenas, a quienes también se les había dicho que los programas sociales que reciben podían suspenderse, denunciaron un fraude, lo cual obligó a repetir los comicios en 2005 y en ellos ganó el candidato ajeno al PRI, que es miembro de una organización campesina regional de Oaxaca.
Es cierto que se manipula información para conseguir apoyo político, señaló Martínez, quien se hizo cargo del municipio de San Juan Mixtepex mientras se resolvía el conflicto electoral suscitado.
Sobre la posible manipulación del voto, prácticas que son penadas con la destitución del cargo, multas y eventualmente cárcel, autoridades electorales ponen la lupa y el gobierno de Fox ofrece prevenirla.
Pero persisten y pueden agudizarse de cara a las elecciones presidenciales programadas para el 2 de julio, reconocieron portavoces de un consejo establecido en noviembre entre la secretaría (ministerio) de Desarrollo Social y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
"No podemos dejar de alertar acerca del riesgo de que, tomando en cuenta los niveles de marginalidad en que se encuentran millones de mexicanos y del contexto de competitividad electoral, se generen condiciones proclives a la manipulación que puedan incluso rebasar el esfuerzo institucional", declaró el 8 de este mes Alejandro Grinspun, secretario ejecutivo del Proyecto de Protección de Programas Sociales Federales del Pnud.
Los principales candidatos que compiten en las elecciones de julio son Felipe Calderón, del conservador y gobernante Partido Acción Nacional, Andrés López Obrador, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, y Roberto Madrazo, del ex gobernante Partido de la Revolución Democrática.
Con escasas posibilidades de triunfo, según indican todas las encuestas, también participan Patricia Mercado, de Alternativa, y Roberto Campa, de Nueva Alianza.
Según la secretaría de Desarrollo Social, los pobres son los más vulnerables a los engaños y trampas que podrían montarse para intentar ganar las elecciones de julio, cuando se escogerá al sucesor de Fox.
Para evitarlo, el gobierno pidió al PNUD participar en una proyecto dirigido a vigilar que no se use electoralmente su programa de asistencia social denominado Oportunidades, que entrega recursos y ayuda nutricional y de salud a 25 millones de personas pobres a un costo global de 9,5 millones de dólares diarios.
Además, se desplegaron campañas a través de diversos organismos del Estado para informar a la población que ningún programa social de origen institucional se entrega bajo condicionamiento político, y funcionarios electorales realizan tareas de vigilancia en la materia.
Es que hay antecedentes. En diciembre, uno de los representantes de la secretaría de Desarrollo Social en Tijuana y que era además uno de los administradores de Oportunidades, fue detenido por la policía acusado de retener ayuda para damnificados y desviarla hacia simpatizantes del PRI.
Algo similar pasó en el estado de México, vecino a la capital, donde paquetes de ayuda a damnificados fueron encontrados guardados en unas oficinas del izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
En los años 90, los intentos de fraude electoral se hacían generalmente a través del robo y la alteración de boletas y urnas, pero hoy "el delito es más sutil" y tiene que ver con manipular la ayuda social y el engaño o la amenaza, señaló María de los Ángeles Fromow, jefa de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, que depende de la Procuraduría General.
Entre 1994 y 2005, casi 600 funcionarios públicos de niveles federales, estatales y municipales fueron sancionados por delitos electorales y hay casi 1.900 procesos aún abiertos, entre ellos varios contra simpatizantes de partidos políticos.
La Fiscalía Especial señala que los grupos sociales más propensos a ser presionados electoralmente son los beneficiarios de los programas sociales estatales como Oportunidades y otros sobre empleo temporal, becas de capacitación y ayuda financiera.
Muchos de esos planes, que se financian con dinero del Estado, son administrados por los gobiernos de provincia, municipios y organizaciones sociales.
"La coacción del voto es una práctica cotidiana en las zonas marginadas del país", sentenció Xóchitl Gálvez, jefa de la gubernamental Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
La cantidad de personas viviendo en la indigencia en México, donde según el último conteo del Instituto Nacional de Estadística viven 103 millones de personas, bajó de 16,2 por ciento de esa población a 11,7 por ciento entre 1992 y 2004.
Mientras, el nivel de pobreza general cayó de 44,2 a 37 por ciento en ese mismo período, indican estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas no asume el parámetro de un dólar por día como el único indicador de pobreza, sino que privilegia las estadísticas y metodología que usa cada gobierno en la región.
Según la medición local, en pobreza extrema se incluye a las personas que reciben hasta 52 dólares por mes en el campo y 70 dólares en las ciudades.
La pobreza general se calcula contando a las personas que en las urbes viven con menos de 142 dólares y las rurales 96 dólares mensuales.
