Una ley que permite la nacionalización de inmigrantes de tercera generación, aprobada este jueves por el parlamento de Portugal, es un paso clave contra la exclusión de muchos de los casi 600.000 residentes extranjeros en este país, afirman todos los sectores políticos y organizaciones civiles.
La legislación confeccionada por el gobierno del primer ministro socialista José Sócrates y aprobada por vasta mayoría de los 230 diputados del hemiciclo unicameral de São Bento, permitirá, sin mayor trámite, la nacionalización de inmigrantes de tercera generación, cuando cuenten con un progenitor nacido en el país, o de segunda generación sin ancestros lusos, pero con al menos cinco años de residencia.
Votaron a favor el oficialista Partido Socialista y los opositores Partido Socialdemócrata (conservador pese a su nombre) y Partido Comunista, mientras se abstuvieron los ex trotskistas del Bloque de Izquierda y el Centro Democrático Social, de derecha nacionalista, por razones opuestas, al proponer el primero una mayor flexibilidad y el segundo más restricciones.
La ley, anunciada por Sócrates el 7 de julio de 2005, concede la nacionalidad a niños nacidos en Portugal de padres extranjeros y que, pese a no haber conocido otro país, no hablar otra lengua que el portugués y haber estudiado en escuelas nacionales, tenían vedada la ciudadanía.
El régimen vigente hasta ahora no consideraba el lugar de nacimiento de los niños, sino solo el origen de sus padres, y establecía ciertas ventajas para los inmigrantes procedentes de países que fueron colonias portuguesas.
La obtención de la nacionalidad requería seis años de residencia legal en el país para los ciudadanos de los lusófonos Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe y Timor Oriental, así como para los nacidos durante la administración lusa (hasta 1961) de los territorios indios de Goa, Diu y Damão y del enclave de Macao, que pasó a manos de China en 1999.
Para el resto de los extranjeros, se requería una permanencia legal de 10 años en Portugal.
La nueva ley termina con esas diferencias, y ahora cualquier inmigrante podrá pedir la nacionalidad tras seis años de residencia, lo que es considerado un acto de justicia, en especial para los más de 100.000 trabajadores ucranianos, la segunda comunidad extranjera después de los brasileños, estimados en 120.000, números muy altos en proporción a los 10,2 millones de portugueses.
En lo referente a los emigrantes, la ley concede "ciudadanía a los individuos nacidos en el extranjero con por lo menos un ascendiente de segundo grado de línea directa de nacionalidad portuguesa y que no hayan perdido esa nacionalidad", un antiguo anhelo de las comunidades lusas en el resto del mundo.
Hasta ahora, solo podían adquirir la nacionalidad los hijos de los emigrantes. Al contemplar también la tercera generación, la ley favorecerá más que nada a los nietos de la vasta comunidad de portugueses que viven en Brasil y en otros países de América Latina, en especial en Venezuela y Argentina, donde la emigración es más antigua.
Sócrates calificó esos cambios como "un paso civilizado" hacia "una mayor inclusión e integración, en el sentido de reconocer que hay personas, hijas de inmigrantes, que tienen derecho a la nacionalidad".
"El cambio del criterio de sangre por el criterio de territorio es un paso que debe ser destacado" pues "responde a las necesidades del país", subrayó.
En diálogo con la prensa, el ministro de la Presidencia del Consejo (secretario general de Gobierno), Pedro Silva Pereira, explicó que la nueva norma tiene en cuenta "a personas bien integradas en la sociedad, que habían nacido en territorio nacional y a las que, por razones injustificables, se les impedía el acceso a la nacionalidad portuguesa".
El gobierno "adoptó una actitud prudente" al limitar dicho acceso sólo a los inmigrantes de segunda generación que tengan un progenitor debidamente documentado durante cinco años en Portugal, porque "la ley no puede ser una ayuda a la inmigración ilegal", añadió.
Anabela Rodrigues, abogada portuguesa de origen caboverdiano que preside la asociación cultural Molino de la Juventud, lamentó que no hubieran sido contempladas las personas que emigraron a Portugal con dos o tres años y cuyos padres se mantuvieron siempre como inmigrantes irregulares.
Pero la jurista se mostró satisfecha con fijar en seis años el período para la concesión de la ciudadanía, "acabando la discriminación entre inmigrantes", así como la eliminación del "factor dinero", pues ya no se exigirá al solicitante que garantice sus medios de subsistencia, poniendo fin a la segregación de los extranjeros pobres.
El alto comisionado para la Inmigración y las Minorías Étnicas, Rui Marques, dijo que algunas de las limitaciones de la norma son "el precio a pagar por el consenso", porque "es mejor esta ley que una más progresista, pero con menos apoyo social".
En su opinión, es "un ejemplo excelente de búsqueda de un consenso amplio en políticas de inmigración", asunto que ha creado fracturas en otros países europeos. "La nueva legislación va tan lejos cuanto entiendo razonable", precisó.
Marques, partidario de la integración de las hijas e hijos de inmigrantes, afirma que promover "la exclusión social resulta siempre en explosión, que es sólo una cuestión de tempo, y por eso es importante que una sociedad sepa ser abierta para todos".
Los diputados comunistas negociaron anticipadamente con los socialistas su apoyo a la ley y lograron introducir en el proyecto la equivalencia de la unión de hecho a la del matrimonio, una de sus principales reivindicaciones a favor de los inmigrantes, muchos de los cuales viven en parejas no casadas. (
