Las esperanzas y el escepticismo se cruzan a la hora de pronosticar el abandono o no de las armas del grupo terrorista ETA, un asunto que atrae la atención de todos los sectores políticos y sociales de España.
El gobierno, por boca de su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero y de su ministro de Defensa, José Bono, ambos socialistas, ven próximo el día en que Euskadi ta Askatasuna (ETA, Patria Vasca y Libertad en vascuence) anuncie el fin de su estrategia de violencia, paso previo necesario para que se inicie una negociación.
En sentido contrario se pronuncia la principal fuerza de oposición, el centroderechista Partido Popular (PP) y, dudando de que esté cerca el fin del terrorismo, también Gregorio Peces-Barba, el alto Comisionado (del gobierno) de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo.
Zapatero, en una entrevista publicada el miércoles en el diario ruso Kommersant, agitó las aguas al asegurar que "no está lejos el momento en el que se creen las condiciones necesarias para el inicio de dicho proceso" de diálogo con ETA.
A su vez, el ministro Bono, quien antes de ser nombrado en el cargo en 2004 presidió por dos décadas la Comunidad de Castilla-La Mancha, vaticinó en declaraciones a una radio que la rendición de ETA "está en trance de ocurrir".
Como aval de sus palabras utilizó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el organismo de inteligencia que depende de su ministerio, y la cartera de Defensa. "Sabemos que se está ganando la guerra a ETA".
Agregó que "esa guerra, si algo tiene, es que la estamos ganando los españoles, para que los asesinos se pongan con las manos en alto, que es la posición en la que más me gusta verles".
El jefe de gobierno subrayó al respecto una vez más que "el Parlamento español adoptó una resolución (a principios de 2005), según la cual sólo se podrá negociar con ETA cuando ésta deponga las armas".
Entre los optimistas está también Alejandro Echevarría, presidente del Círculo de Empresarios Vascos y Consejero (directivo) del grupo Vocento, propietario de una de las tres emisoras privadas de televisón más importantes de España.
Este grupo empresarial posee, además, una red de diarios, entre ellos El Correo Español-El Pueblo Vasco, que se edita en Bilbao, ciudad ubicada en el País Vasco, una de las 17 comunidades autónomas que integran España.
"El final de ETA está cerca, tanto por la efectividad de la acción policial como porque parte de quienes la apoyaban en el País Vasco han dejado de hacerlo", dijo Echevarría a IPS.
Muchos colegas suyos han rechazado seguir pagando a ETA para estar a salvo de sus atentados, lo que ha disminuido su posibilidad de financiar los actos terroristas y de mantener activistas.
También, según varias encuestas de opinión, sectores del nacionalismo político más radical se manifiestan partidarios de que se abandone la violencia.
El mismo Zapatero así lo manifiesta al decir en la entrevista del Kommersant que el ansia de vivir en paz "existe entre algunos partidarios del llamado movimiento de izquierda independentista".
Pero no todos los socialistas observan la actuación y evolución de ETA con el mismo lente.
Gregorio Peces-Barba, miembro del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y presidente del Parlamento y de la Comisión que elaboró la Constitución vigente, afirmó este jueves que el fin de la violencia "está más lejos que cerca" y que, si se iniciara un proceso de paz, "el mismo será largo y duro".
PecesûBarba advirtió asimismo de que el gobierno español no podrá pagar "ningún precio político" y que se deberá reconocer la dignidad de las víctimas.
Mientras, el PP acusa al gobierno de ceder ante ETA y alza como bandera la polémica creada por la posible liberación de presos de la organización terrorista, acusando al Poder Ejecutivo de favorecerlos judicialmente.
A propuesta de parlamentarios del principal partido de oposición, y como interpelación al gobierno, el tema será debatido la próxima semana en el Congreso de los Diputados.
Aunque el debate sobre la excarcelación de presos etarras se ha generalizado, el caso de Henri Parot fue la gota que desbordó el vaso y suscitó los mayores problemas al respecto, todavía sin resolver.
Parot está condenado a 4.799 años de cárcel por atentados que costaron la vida a 82 personas, pero podría salir en libertad en 2009, gracias a que la legislación dispone que no puede cumplir más de 30 años. A esto se sumaría, además, el descuento de otros 10 por buen comportamiento durante su cautiverio.
Al difundirse esta posibilidad, las reacciones no se han hecho esperar. El PP acusó de la situación creada al Fiscal General (designado por el gobierno), al que considera que está actuando políticamente para favorecer el diálogo con ETA.
También los familiares de las víctimas se oponen a dicha reducción, lo cual ha sido puesto de manifestó por Daniel Portero de la Torre, presidente de la Asociación Dignidad y Justicia e hijo de Luis Portero García, asesinado por ETA cuando era fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Andalucía.
En un artículo publicado este jueves en el madrileño diario El Mundo, Portero de la Torre opinó que "prevalecen las garantías procesales de los acusados sobre las garantías de la celebración de un juicio justo que pedimos las víctimas del terrorismo".
De igual manera se pronunció la Asociación de Víctimas del Terrorismo que, además, recordó que el itinerario del etarra Ignacio Bilbao Goikoetxea.
Liberado en septiembre de 2000 por reducción de pena, Goikoetxea reincidió y asesinó el 21 de marzo de 2002 al único concejal socialista del municipio vasco de Orio, Juan Priede Pérez. Detenido y condenado nuevamente, debería cumplir ahora condena hasta 2032, si no le aplicaran reducción de pena 10 años antes.
Los ministros José Antonio Alonso, del Interior, y Juan Fernando López Aguilar, de Justicia, se sumaron el miércoles a la polémica respondiendo a las críticas del PP y de las asociaciones.
Los funcionarios señalaron que, aunque aún no se han cumplido dos años de gobierno socialista, ya fueron detenidos dos centenares de etarras y que las excarcelaciones se realizan en cumplimiento de la ley.
"Una ley que el gobierno del PP aplicó y por lo que excarceló a 56 terroristas", precisó Alonso, frente a los siete casos registrados con el gobierno presidido por Zapatero.
La discusión está abierta y se presagia que puede aumentar de tono en los próximos días, aunque no se descarta que en algunos casos la justicia se decante por dejar a algunos de estos presos en la cárcel. Esto podría ocurrir con Parot. a quien el juez Fernando Grande-Marlaska resolvió abrirle otro proceso.
Esta decisión se basa en el contenido de cartas que Parot dirigió desde la cárcel a otros miembros de ETA exigiendo mayor dureza en los atentados y que se atacase a "objetivos vitales para el Estado".
Según la legislación vigente en España, esas cartas son constitutivas de los delitos de integración en banda terrorista, conspiración o proposición para atentar, por los que puede ser condenado a un máximo de 32 años de cárcel y a un mínimo de nueve, sentencia que se superpondría a las que ya lo afectan.
