El gobierno de Estados Unidos reza para que las elecciones de este martes en Haití se realicen en calma, dos años después de golpe de Estado contra el último presidente elegido en las urnas, Jean-Bertrand Aristide.
A diferencia con las últimas elecciones en Afganistán e Iraq, donde el gobierno de George W. Bush también propició un "cambio de régimen", Washington no intenta llamar la atención mundial sobre los comicios en el caso de Haití.
Esta actitud quizás se deba a la incertidumbre que reina en ese país caribeño o a la vergüenza que le da a Washington el papel que jugó en la salida de Aristide.
El presidente haitiano fue obligado a abandonar el cargo el 29 de febrero de 2004 y conducido por las fuerzas de Estados Unidos en un avión a República Centroafricana.
Las últimas señales del Departamento de Estado (cancillería) indican que Estados Unidos está dispuesto a apoyar al principal candidato, el ex presidente Rene Preval (1996-2001).
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Sus posibilidades de ganar las elecciones en la primera ronda dependen de la asistencia a las urnas de los 3,5 millones de haitianos habilitados a votar. La violencia y las amenazas de los grupos armados podrían disuadirlos de acudir a los 800 centros de votación instalados en todo el país.
Los principales rivales de Preval son el ex presidente Leslie Manigat, elegido en 1988 y depuesto ese mismo año por un golpe de Estado, y el empresario blanco Charles Baker, ambos representantes de la elite opositora a Aristide.
Analistas advierten que será difícil para las autoridades garantizar la seguridad y procesar el resultado de los comicios, en los que competirán 32 candidatos presidenciales y se elegirán a los 110 miembros de la Asamblea Nacional.
Se teme también que los simpatizantes de los candidatos perdedores realicen protestas que puedan desencadenar la violencia.
Debido a la inseguridad en el barrio de Cite Soleil, en Puerto Príncipe, las autoridades debieron instalar los centros de votación para sus residentes fuera de esa zona, en la que hay cerca de 65.000 ciudadanos habilitados.
Ni la Policía Nacional Haitiana ni la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah, por sus siglas en francés) han logrado reestablecer el orden en esa zona, una de las más pobres del país y controlada por bandas armadas partidarias de Aristide.
"Mi percepción es que todo va a ser un desastre, porque no podrán dar lugar a todos en el gobierno, y eso motivará quejas de la oposición", dijo la directora de la estadounidense Coalición Nacional para los Derechos Haitianos, Jocelyn McCalla.
"Todavía creemos que hubiera sido mejor si tuvieran varios cientos más de centros de votación", señaló por su parte el director de la oficina en Washington del Grupo Internacional de Crisis, Mark Schneider, quien subrayó la dificultad que tendrán muchos haitianos en trasladarse a los lugares donde estarán las urnas.
Muchos esperan que se produzcan casos de violencia en áreas donde la Minustah, con unos 8.000 soldados y 1.500 policías, carece de una fuerte presencia, en particular aquellas donde se concentran soldados rebeldes y paramilitares que lanzaron en 2004 una campaña para derrocar a Aristide, en el centro y este del territorio.
La organización Amnistía Internacional señaló el viernes que estaba "extremadamente preocupada" por los actuales niveles de violencia en Haití. El mes pasado, dos miembros jordanos de la Minustah fueron asesinados, y decenas de civiles secuestrados.
"La seguridad y el respeto por los derechos humanos de todos los haitianos debe ser la prioridad del nuevo gobierno. Esto no será posible a menos que las autoridades haitianas y la Minustah garanticen que todos los candidatos y el electorado puedan participar de las elecciones sin temor por su seguridad", dijo Susan Lee, de Amnistía.
"Si se producen acontecimientos violentos a comienzos de la jornada (electoral), la población se sentirá amedrentada, y ello, más que nada, perjudicaría a Preval, pues su simpatizantes son los más vulnerables a la violencia", dijo Robert Maguire, experto en asuntos de Haití de la Universidad Católica de Estados Unidos.
Maguire recordó la masacre cometida por supuestos partidarios de la dinastía de la familia Duvalier (1957-1986) en las elecciones de noviembre de 1987.
"La violencia podría ser muy bien orquestada por aquellos temerosos de una victoria de Preval, y que tienden a compararlo con Aristide", afirmó.
Otros observadores están más preocupados por lo que acontezca en los días posteriores a las elecciones.
"La situación post-electoral va a ser más peligrosa que el mismo día de los comicios, a menos que Preval gane en forma contundente como hizo Aristide en 1990", sostuvo el analista Robert Fatton, experto en Haití de la Universidad de Virginia.
"Si la victoria es estrecha, la situación se va a poner fea. La población va comenzar a hablar de fraude", señaló.
Fatton sostuvo que si Preval no triunfa en la primera ronda y debe enfrentarse en una segunda oportunidad a Maniagt o a Baker, el país podría polarizarse aun más.
Por su parte, Schneider sostuvo que, en una eventual segunda ronda, Washington y los demás países donantes seguramente exhortarán a los dos candidatos en carrera a "trabajar juntos en nuevo gobierno".
Mientras, Washington está ansioso por ver el fin del gobierno interino del primer ministro Gerard Latortue que, además de haber demorado en varias ocasiones las elecciones, es acusado de malversar la ayuda internacional recibida y de encarcelar a cientos de partidarios de Aristide, incluyendo a su ex primer ministro, Yvon Neptune.
"Este gobierno está totalmente desacreditado. La ONU (Organización de las Naciones Unidas) y la Minustah están molestas con Latortue y sus partidarios", dijo McCalla.
La participación de Washington en la salida de Aristide y en la llegada de Latortue al poder, así como la violencia y la miseria que siguió a estos hechos, son las razones por las cuales el gobierno de Bush de procura no atraer mucho la atención de la comunidad internacional a los comicios de este martes.
Una investigación del periódico The New York Times, publicada en enero, brindó nuevos detalles sobre los esfuerzos del estadounidense Instituto Internacional Republicano, muy vinculado con el gobierno de Bush, y una red de políticos de línea dura en el Departamento de Estado para desestabilizar al gobierno de Aristide y expulsarlo del país.