Aires de estatismo se respiran otra vez en Bolivia, 10 años después de la privatización de seis empresas, entre ellas el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), intervenido por las autoridades desde esta semana.
Tras buscar un acuerdo entre pilotos y responsables de la empresa que pusiera fin a nueve días de huelga, el presidente Evo Morales salió en defensa de 4.000 usuarios y asignó el jueves al superintendente de Transportes, Wilson Jaime Villarroel, una "intervención preventiva" de 90 días.
Mientras, miles de pasajeros, bolivianos y extranjeros, esperaban una solución al conflicto y las pérdidas ascendían a unos 12 millones de dólares.
Diecinueve días después asumir el mandato constitucional, el presidente Morales, izquierdista y líder de los cultivadores de hojas de coca, decretó el restablecimiento de los servicios nacionales e internacionales de la aerolínea y la apertura de investigaciones sobre su administración financiera.
El interventor debe proponer una "política para salvar a la empresa", dijo el mandatario el jueves, horas después de una manifestación de pasajeros frente al Palacio de Gobierno y otras protestas en el aeropuerto de la central ciudad de Cochabamba.
El LAB es una de las seis empresas privatizadas durante el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), bajo la modalidad de "capitalización" que consistía en la transferencia al sector privado de 51 por ciento de las acciones.
El resto quedaba en manos de ciudadanos bolivianos, representados por dos administradoras de fondos de pensiones.
Según las adjudicaciones, los ciudadanos bolivianos que tenían más de 21 años en 1996 se benefician con una bonificación anual de 222 dólares después de cumplir los 60, y las acciones de esas compañías pasan a poder de los inversionistas al fallecer el último beneficiario.
Además de la aerolínea, fueron privatizadas las empresas estatales de electricidad, ferrocarriles, siderurgia, telecomunicaciones y petróleo, por las cuales se pagaron unos 1.600 millones de dólares hoy en títulos administrados por los fondos privados de pensión.
La intervención del LAB tiene el respaldo de un efervescente movimiento social que apoyó a Morales, quien obtuvo 53,7 por ciento en las elecciones presidenciales de diciembre, el empresariado expresó un unánime desacuerdo con la intervención.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Roberto Mustafá, calificó la medida gubernamental de "mala señal" y advirtió de un "avasallamiento a la empresa privada".
Desde la oriental ciudad de Santa Cruz, el presidente de la influyente Cámara Agropecuaria del Oriente, Branko Marinkovic, lamentó que una huelga sindical tenga la capacidad de presión sobre el gobierno para "crear un mal precedente que ahuyentará a las inversiones".
Los pilotos de la aerolínea declararon una huelga indefinida, el 2 de febrero como protesta por la deuda de la empresa con las administradores de pensiones por nueve millones de dólares y la mala administración, de la cual responsabilizan al actual presidente, Ernesto Asbún.
El empresario respondió a la protesta ordenando la licencia del personal, a pesar de la exhortación gubernamental a reanudar servicios.
En medio de la protesta, los trabajadores afirmaron que el patrimonio de la empresa había caído 90,2 millones dólares bajo la administración de Wagner y Ulises Canhedo, de la brasileña VASP, que compró el 51 por ciento del LAB por cinco millones de dólares, una suma considerada muy baja.
Los empleados de la compañía denunciaron un despojo de bienes, piezas de aeronaves y títulos accionarios que superan varias veces el monto pagado por la familia Canhedo.
Desde la ciudad de El Alto, el concejal y líder de la movilización popular conocida como la "guerra del gas" de octubre de 2003, Roberto de la Cruz, aplaudió la intervención decretada por Morales.
De la Cruz pidió al presidente Morales, en nombre de su Movimiento 17 de Octubre, que la intervención del LAB tenga como norte su nacionalización, pues la administración privada fracasó, según comentó a IPS.
Los principios de la movilización de octubre de 2003 por la nacionalización de los hidrocarburos y de otras empresas privatizadas, la cual obligó a renunciar al entonces presidente Sánchez de Lozada, son innegociables, advirtió el concejal.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) y dirigente del ala radical del movimiento sindical, Jaime Solares, recibió complacido el anuncio.
Solares explicó a IPS que la intervención es una advertencia a las empresas transnacionales evasoras de impuestos y reclamó el procesamiento de los responsables del fracaso de las operaciones del LAB.
Lo 120 millones de dólares de pasivo de la línea aérea representarían el obstáculo que el actual gobierno no puede vencer, en tiempos de austeridad, para volver a tomar el control de la principal aerolínea boliviana, según analistas del sector. (
