El gobierno de México desautorizó este martes la versión preliminar de un informe oficial filtrado a una organización no gubernamental sobre la represión ilegal de opositores en los años 60, 70 y 80, en el que se culpa al Estado de graves crímenes. Pero su contenido generó ya reacciones encontradas de activistas.
"El combate que el Estado emprendió" contra grupos políticos, estudiantiles e insurgentes "se salió del marco legal e incurrió en crímenes de lesa humanidad que culminaron en masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática, crímenes de guerra y genocidio", señala el documento titulado "Que no vuelva a suceder".
"Este informe, sea borrador o no, dice lo que ya sabíamos, pero para nosotros sólo tiene una validez relativa, pues fue redactado por el mismo gobierno sin la participación de las organizaciones sociales", dijo a IPS Fabián Sánchez, director de la Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos.
"Al ser realizado por el Estado, creemos que muchos argumentos y evidencias de la guerra sucia quedaron fuera. Sin embargo, tendrá su importancia, pues es el primero de su tipo", opinó.
El documento preparado por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado de México, dependiente de la Procuraduría General, documenta docenas de casos de personas torturadas, asesinadas y desaparecidas por las fuerzas del Estado durante las presidencias de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982).
Según estudios previos, la ola represiva emprendida por los regímenes del Partido Revolucionario Institucional (1929-2000) afectó a miles y dejó 532 desapariciones forzadas.
Además, se registraron masacres como las cometidas por fuerzas policiales y del ejército en 1968, con cientos de estudiantes muertos en la plaza capitalina de Tlatelolco, y en junio de 1971 en la misma capital.
El portavoz del gobierno de Vicente Fox, Rubén Aguilar, declaró que el borrador divulgado "no es oficial y no está terminado, por lo que la Presidencia no lo avala". No obstante, reconoció que en las "próximas semanas" se dará a conocer el documento definitivo.
Versiones de prensa no confirmadas indican que el gobierno inició una investigación por la filtración del documento, que derivaría en sanciones.
Para José Miguel Vivanco, director para América de la organización internacional Human Rights Watch, con sede en Estados Unidos, el borrador es "un buen paso adelante".
"Este recuento histórico dista de ser completo, el mismo informe lo reconoce. Sin embargo, demuestra que existe evidencia contundente para procesar estos casos atroces", apuntó.
El director de la no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, que acompaña procesos jurídicos para esclarecer 40 casos de desapariciones forzadas y torturas, insistió en que no avalaría de momento el informe, pues fue producido sin ninguna consulta a los activistas.
"El gobierno de Fox nos prometió participación en el tema, pero incumplió y eso ha sido una gran falla", expresó.
En el documento divulgado el lunes por el estadounidense National Security Archive (NSA), se indica que el "Estado mexicano, a los más altos niveles de mando, impidió, criminalizó y combatió a diversos sectores de la población que se organizaron para exigir mayor participación democrática en las decisiones que les afectaban, y de aquellos que quisieron poner coto al autoritarismo".
En México, las acciones contra los opositores llegaron "al nivel del genocidio", señala el informe, aunque en esa figura penal no esté incluido el exterminio total o parcial de opositores. Se trató de una actuación "criminal del Estado", añade.
Según Kate Doyle, investigadora del NSA, Ignacio Carrillo, jefe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, estaría tratando de "limpiar el informe".
Hace cinco años, el gobierno instauró esa fiscalía con la intención de que tomara acciones legales contra los culpables de la represión. Pero hasta la fecha, sólo logró órdenes de arresto contra apenas tres personas, entre ellas un ex jefe de la policía.
Los pedidos para procesar a funcionarios acusados, como el ex presidente Echeverría, están frenados por deficiencias legales y por reconocidos abogados, quienes sostienen que la fiscalía es un fracaso.
A diferencia de otros países latinoamericanos, en los que los gobiernos democráticos promovieron comisiones de la verdad para esclarecer los actos de represión ilegal, en México se optó por una entidad con facultad para investigar penalmente.
En el informe, que según el gobierno es apenas un borrador, se aclara que su contenido "no tiene carácter persecutorio".
La fiscalía lo llevó a cabo en su afán de "interpretar lo que sucedió" e informar a la sociedad sobre hechos dolorosos, pero eso no impedirá que continúe su labor de presentar querellas individuales contra los presuntos culpables de la represión.
